Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2003/12/21 00:00

El juicio prometido

Con la captura de Saddam Hussein, Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío en Irak. Numerosos son los dilemas políticos, jurídicos y éticos que plantea el próximo juicio del antiguo jefe de Estado. Como la mujer del César, el proceso no debe sólo ser justo sino también parecerlo. Laura Gil, profesora de la Universidad Externado de Colombia, escribe sobre el tema.

El juicio prometido

El debate sobre quién debe juzgar a Saddam Hussein está abierto. ¿Debería ser llevado ante una Corte internacional o, más bien, responder por sus crímenes ante el Tribunal Especial Iraquí, creado sólo cinco días antes de su detención? Para algunos, sólo una Corte internacional puede garantizar legitimidad, transparencia y respeto a las normas internacionales. Está claro que el nuevo Tribunal Penal Internacional no podrá estrenarse con este caso. Además de la animadversión que le tiene la Casa Blanca, tampoco Irak ha ratificado el Estatuto de Roma que lo crea. De todas maneras este órgano judicial no es competente para juzgar crímenes cometidos antes de julio de 2002.

Por otro lado los precedentes del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ambos creados por el Consejo de Seguridad, podrían ser aplicables a Irak. No es secreto que, durante años, el Departamento de Estado mantuvo un borrador de resolución para el establecimiento de un tribunal ad-hoc para Irak. Sin embargo la alternativa de una Corte puramente internacional presenta varios inconvenientes. En primer lugar, una resolución del Consejo de Seguridad constituye la manifestación de un consenso cuya generación es, por lo general, lenta y dificultosa. También la puesta en marcha de un tribunal internacional es demorada y, más importante aún, sumamente costosa. Igualmente es probable que una Corte ad-hoc para Irak fuera ubicada por fuera del país -como es el caso de los tribunales para Yugoslavia y Ruanda-. Los ciudadanos iraquíes tendrían dificultades para seguir un proceso avanzado en numerosos idiomas y en un lugar lejano. Algunos estudios han demostrado, por ejemplo, que la población de la antigua Yugoslavia está poco informada de los avances judiciales en el tribunal ad-hoc, que tiene sede en La Haya. Además, hoy en día, Estados Unidos seguramente se negaría a entregar a Saddam Hussein a una Corte internacional instituida y compuesta por jueces de Estados que se opusieron a la intervención en Irak.

Por otro lado, las desventajas de que el proceso contra Saddam Hussein sea adelantado por una Corte iraquí son claras. Para empezar, no existe una tradición de independencia y profesionalismo de la rama judicial. Durante más de 30 años de gobierno del Partido Baath, la mayoría de los juicios se resolvieron con base en confesiones obtenidas a través de la tortura. Por eso son pocos los juristas iraquíes con el conocimiento y la experiencia necesaria para emprender un juicio de la magnitud y del impacto que, sin lugar a dudas, tendrá el de Saddam.

No obstante, la jurisdicción doméstica gozaría de mayor credibilidad entre los iraquíes. No se debe olvidar que una población sujeta a más de 10 años de sanciones no tiene por qué confiar en actores externos. Por eso, un fallo pronunciado por un órgano iraquí tendría una mayor legitimidad y un mayor impacto en la recomposición de las fuerzas políticas en el país.

Según numerosos comentaristas, lo ideal sería establecer un tribunal de carácter híbrido al estilo del tribunal de Sierra Leona. En efecto, hace dos años el gobierno sierraleonés y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la creación de una Corte que incorporara tanto un componente nacional como internacional. Este órgano, resultado de un tratado y no de la imposición del Consejo de Seguridad, juzga algunos crímenes con base en el derecho internacional y otros utilizando la legislación nacional. Su personal también es mixto. Por ejemplo, la Cámara de primera instancia de esta Corte cuenta con un juez nombrado por el gobierno y dos por las Naciones Unidas y la de apelaciones con dos nombrados por el gobierno y tres por Naciones Unidas. La Corte está considerando ahora su competencia para juzgar al antiguo presidente de Liberia, Charles Taylor, por crímenes cometidos en Sierra Leona. Con base en la experiencia sierraleonesa, las Naciones Unidas y el gobierno de Camboya están negociando el establecimiento de un tribunal mixto para juzgar los crímenes cometidos por los Khmeres Rojos.

Sin embargo la alternativa de una Corte mixta está lejana. Con el estatuto del Tribunal Especial Iraquí aprobado, ni el Consejo de Gobierno de Irak ni Estados Unidos parecen estar dispuestos a dar marcha atrás. Todo indica que sólo la participación de algunos jueces y fiscales extranjeros en el tribunal doméstico podría ser viable. Pero incluso esto, que se asimilaría a la experiencia de los tribunales instaurados en Kosovo y Timor Oriental, plantea dificultades. El estatuto del Tribunal Especial Iraquí sólo contempla la colaboración de personal extranjero para la asesoría y la observación. A ello se agrega que la insistencia del Consejo de Gobierno de Irak en restaurar la pena de muerte, suspendida durante la ocupación estadounidense, impediría la participación de varios Estados. Al menos el primer ministro Blair ha expresado ya su preocupación en torno al tema.

Sea cual fuere la naturaleza de la Corte elegida, el proceso será largo. En primera medida, Estados Unidos se tomará un mínimo de seis meses para interrogar a Saddam antes de entregarlo a las autoridades iraquíes. Además, si el juicio de Slobodan Milosevic deja alguna enseñanza, la preparación y desarrollo de un proceso de esta magnitud puede llevar años. El proceso de Milosevic, quien confronta 66 cargos, comenzó en febrero de 2002, más de 280 testigos han testificado y la defensa aún no ha comenzado a presentar su caso.

El juicio de Saddam sería de similar envergadura. Deberá responder, entre otras cosas, por los más de 300.000 cuerpos que se estima están enterrados en alrededor de 270 fosas comunes, el uso de armas químicas contra la población kurda y la destrucción de más 4.000 de sus pueblos en los 80 y la represión de las comunidades shiíta y kurda después de los levantamientos del 1991 en el norte y sur de Irak.

Lo que está claro es que el proceso podrá ser políticamente explosivo. El Tribunal Especial Iraquí tiene jurisdicción sobre nacionales iraquíes o residentes de Irak acusados de crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1968, fecha en la cual asumió el poder el Partido Baath, y el primero de mayo de 2003, fecha en la cual el presidente Bush declaró el fin de las hostilidades, incluyendo aquellos crímenes cometidos en conexión con las guerras contra Irán y Kuwait. Saddam Hussein podrá, entonces, describir con lujo de detalles el apoyo recibido por su gobierno durante la guerra entre Irán e Irak.

¿Por qué, entonces, fue Saddam Hussein capturado vivo? Porque sólo un juicio que revele las atrocidades del gobierno de Hussein podrá otorgar algo de legitimidad a una guerra a la cual gran parte del mundo se opuso.

* Profesora de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

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