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Opinión

  • | 2012/10/19 00:00

    El manoseo de y por los partidos

    El Gobierno Nacional y el Ministro del Interior deben oponerse a cualquier pretensión de los parlamentarios de desintitucionalizar los partidos políticos, pues además si hubiera algún acuerdo de paz habría que flexibilizar y barajar el tema de nuevo.

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El representante a la Cámara por el Partido Verde, Alfonso Prada, tiene razón en exigirle al Gobierno Nacional que le ponga orden a la legislatura en materia de reformas constitucionales y electorales, pues entre modificación del umbral para partidos, más código electoral, más propuestas de escisión o transfuguismo se está ante el riesgo de “aprobar disparatadamente normatividad que tiene que ver con lo mismo.”

Lo que omite mencionar el representante es que él es precisamente uno de quienes contribuye al desorden legislativo con su propuesta de modificar el artículo 108 constitucional. De acuerdo a esta se reduciría el umbral del 3 por ciento de votos válidos para el reconocimiento de los partidos, aprobado en otra reforma constitucional en el 2009, a un listón más bajo del 2 por ciento. El representante no está solo. Lo acompañan un número importante de congresistas que aunque por ser menos visibles no son menos efectivos.

Y es que no estamos ante un asunto menor. Estamos frente a las falsas premisas que sobre partidos políticos y temas electorales en Colombia se acomodan y manosean al antojo de quienes tienen al alcance de tiro reformar la carta política y que contribuyeron a dar al traste con la gobernabilidad del país cuando se diseñara ese mismo artículo en la Constitución del 91.

Valga hacer un rápido recordatorio para ubicar cuál es la apuesta de estos congresistas, quienes seguramente no tienen ni idea además cuál es la necesidad del país en materia de partidos o cuál es la relación entre ellos, la estabilidad institucional y gobernabilidad.

Un primer acto fue la expedición de la Constitución. Si existiera una sanción por concebir burradas constitucionales o ‘democráticas’, de los primeros en responder sería el Ministro de Gobierno de la época, Humberto de la Calle, y todos quienes impulsaron el mencionado artículo, en especial los del M-19. Según aquel, se reconocería personería a los partidos o movimientos que tuvieran no menos de cincuenta mil firmas, la misma cifra de votos o hubieran alcanzado representación en el Congreso. Gracias a ese articulito llegamos al estrambótico número de 80 partidos, la casi absoluta mayoría de garaje, a finales de los años 90. Ningún país pudiera tener sosiego en medio de tal circunstancia.

Un segundo acto y en medio de la ingobernabilidad devino cuando el gobierno Pastrana intentó corregir el desorden creado, aunque sin claridad en torno a las reformas políticas requeridas, en especial sin margen de maniobra, y en medio de un caótico debate en el que todo el mundo le colgaba un arreglito, como si de un árbol de navidad se tratara. Los intentos terminaron cuando llegaron las amenazas de revocatoria.

Al país le costó enorme esfuerzo corregir el desbarajuste en un tercer acto durante el gobierno Uribe, aunque inicialmente disparara en ráfaga y sin dirección. Por fortuna, en el año 2003 y a iniciativa parlamentaria se aprobó crear el umbral de 2 por ciento de los votos válidos a nivel nacional para el reconocimiento de los partidos e introducir otras modificaciones electorales que de suerte nos proveyeron de la imitación de partidos que tenemos hoy.

Con buen tino, al final de su mandato, el gobierno Uribe impulsó la elevación del umbral al 3 por ciento que debería entrar a operar en el 2014. No obstante, esta modificación no fue gratis. Se aprobó para permitir el transfuguismo y entonces se autorizó “por una sola vez que los miembros de los cuerpos colegiados se cambiaran de partido sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.”

El argumento del señor Prada y de otros parlamentarios es cómico. Según ellos “nuestro sistema podría mutar a un bipartidismo ortodoxo… llegar inclusive a un sistema unipartidista como el PRI mexicano o el Partido Comunista Cubano.” De aprobarse una enésima reforma del artículo 108 como se ha propuesto, que además incluye autorización para el transfuguismo, se estaría en contravía de la institucionalización de los partidos que, insisto, con tanto esfuerzo el país se ha encaminado y se estaría incurriendo en una burla al país cuando se acude una vez más al mecanismo de ‘autorizase por una sola vez’.

Adicionalmente, cada vez que se aprueban normas para permitir el transfuguismo se envía el mensaje de que las curules son en definitiva de los parlamentarios y los partidos son invitados de piedra. Ello sin contar con que el país no les paga para que estén enmendando la legislación a su amaño ni para que estén dando vueltas en círculo.

Desde antes del 91 se vienen exponiendo falsas premisas, que todavía se repiten, según las cuales los problemas de representación en Colombia obedecen al bipartidismo, a la práctica del bolígrafo o a la disciplina para perros. Falso. El problema de representación subyacente de la democracia en Colombia responde a una sociedad con permanentes dificultades para el consenso, en la que hasta hace solo unos pocos lustros se mataba por ser liberal o conservador y en la que todavía se mata por defender ideas contrarias.

Se ha dicho que con la nueva norma del 3 por ciento en las próximas elecciones legislativas se requerirán 450 mil votos para el reconocimiento de un partido. Tampoco es cierto. A lo sumo se requerirían 370 mil votos y si existiera un aumento de la participación ciudadana, lo que está en duda ante el escaso prestigio del Congreso.

El país requiere continuar el sendero de fortalecimiento e institucionalización de los partidos, pues cualquier democracia digna de resaltar de un país desarrollado o de América Latina tiene no más de tres o cuatro partidos fuertes. La representación requiere también de gobernabilidad. Qué hacemos si así es.
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