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Opinión

  • | 2011/05/26 00:00

    El marketing electoral de los niños

    Imagino a Gilma Jiménez, sonriente en la intimidad de su despacho, haciendo cuentas calculadora en mano: 1 niño = 10 votos.

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El Partido Verde se ha escindido en dos corrientes de pensamiento. A la primera pertenecen quienes aún piensan que “no todo vale” y practican la advertencia de Albert Camus de que “en política son los medios los que deben justificar el fin”. Hablo de los electores rasos que creímos en el proyecto verde y lo apoyamos en las pasadas presidenciales (los integrantes de la hoy tan denigrada “ola verde”), de líderes como el profesor Antanas Mockus y Juan Carlos Flórez (quien tristemente renunció el martes al desdibujado partido), y de congresistas notables como Angela María Robledo y John Sudarsky, autor del proyecto de reforma electoral más ambicioso que se ha propuesto en la historia de Colombia. Legisladores que exhiben una línea ideológico-programática coherente y van al Congreso a defender ideas legítimas pero, sobre todo, útiles.

La segunda corriente es la de los oportunistas. Se trata de políticos -cada vez más “profesionales”- que están dispuestos a hacer lo que sea, como por ejemplo asociarse con el partido político más corrupto del país, para recabar votos y conquistar cargos de elección popular.

A este grupo pertenecen, entre otros, la senadora Gilma Jiménez. A pesar de haber obtenido la votación más alta al Congreso por el Partido Verde en las pasadas elecciones (207 mil votos) enarbolando su bandera de lucha contra la corrupción, la senadora Jiménez no se sonroja al aceptar complacida el apoyo del máximo representante de la corrupción en la historia de Colombia: Álvaro Uribe Vélez.

La principal obsesión de la senadora Jiménez desde que llegó al Senado ha sido impulsar una reforma vía referendo del artículo 34 de la Constitución que “permita castigar hasta con prisión perpetua a los asesinos, violadores y secuestradores de niños”, según se lee en su website (a quien interese descubrir la versión más “amarilla” del verde, le recomiendo visitarlo).

La iniciativa no tiene nada de especial salvo porque no sirve absolutamente para nada. Para nada distinto del aumento del caudal electoral de Jiménez, basado en la exacerbación del espíritu retribucionista latente en todo ciudadano: la sed de venganza. Ante la falta de ideas para avanzar proyectos realmente útiles para la sociedad, Jiménez instrumentaliza a los niños para atraer el voto ingenuo de los electores que piensan que aumentar la duración de la pena de prisión presta alguna utilidad.

El “populismo penal”, esto es, la doctrina que asume que con el endurecimiento del componente punitivo del Código Penal se obtienen cambios sustanciales en el comportamiento de los agentes delincuenciales, no se lo inventó Jiménez. Es sistemáticamente utilizado por políticos populistas para obtener votos fáciles. Si la solución al problema de la criminalidad fuera aumentar las penas, la tarea sería realmente sencilla.

En una entrevista que le hizo El Espectador, la senadora dijo que siempre se ha “concentrado en las víctimas y no en los victimarios. Poco y nada me interesan”. Una columnista del mismo diario abogó en cambio por la “posibilidad de rehabilitación” de los victimarios, que se vería suprimida con la cadena perpetua. Ambas se equivocan.

La condición del victimario aquí es de vital trascendencia y exige un tratamiento diferenciado. Los estudios muestran que mientras algunos violadores experimentan culpa por sus delitos y eventualmente pueden evitar reincidir en ellos, otros padecen una patología crónica clínicamente incurable. Ambas hipótesis reclaman respuestas distintas del sistema penal: para loa casos extremos, el brazalete de monitoreo satelital implementado recientemente en Francia para controlar la reincidencia, o la sujeción a tratamientos médicos hormonales de control de la libido, no son opciones descabelladas.

De otra parte, el gran cuello de botella de la criminología, dentro del debate sobre las “funciones” de la pena privativa de la libertad, es su mal llamada función de “resocialización”. ¿Cómo resocializar a un individuo aislándolo de la sociedad? Es claro que la rehabilitación de un criminal difícilmente podrá ser el resultado de su aislamiento en el sistema carcelario. Mientras la ciencia criminológica no responda satisfactoriamente esta pregunta, la pena de prisión seguirá siendo un mal necesario para controlar el problema de la criminalidad, pero que dista de solucionarlo.

Lo que resulta nítido es que Colombia está más lejos que cualquier otro país de rehabilitar a sus presos. Basta con visitar una cárcel colombiana para entender que allí no se resocializa a nadie. Antes que centros de rehabilitación, las prisiones colombianas son escuelas delincuenciales donde prima la ley del más fuerte bajo circunstancias indignas de supervivencia. Por esta razón, en la sentencia T-153 de 1998 la Corte Constitucional declaró el “estado de cosas institucional” en los centros de reclusión del país, debido a que las condiciones de hacinamiento impedían “brindarles a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.)”. En aquella providencia la Corte observó además que “dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.”.

Por su parte, la función “retributiva” de la pena a la que apela Jiménez (y que tanto seduce a sus electores), es decir, su entendimiento como el mal que debe imponerse al agente delictivo para que de un lado expíe su culpabilidad y del otro “retribuya” (en un sentido metafísico, moral e incluso religioso) el daño que generó, poco o nada aporta en términos de réditos sociales, y por ello ha sido en general abandonada por la política criminal moderna. En la actualidad, la pena se justifica esencialmente por su necesidad social: es, como se dijo, una suerte de “mal necesario” para garantizar la paz social.

Ahora bien, sin entrar a ponderar si la búsqueda desaforada del fin retributivo de la pena o de verdaderos criterios de necesidad social justificarían en el caso específico de los violadores y asesinos de niños la renuncia absoluta del Estado a su función (o “mito político”, más bien) de resocialización, dos impedimentos constitucionales hacen que la iniciativa de Jiménez ni siquiera merezca ser discutida en el contexto colombiano actual. El primero es que el “estado de cosas inconstitucional” en las cárceles declarado por la Corte hace trece años, según verificaron recientemente seis miembros del grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes y siete representantes de derechos humanos, aún no ha sido superado, y por lo tanto condenar perpetuamente a una persona a padecer las deficiencias de un sistema carcelario inhumano resultaría abiertamente violatorio de su dignidad.

Y el segundo, más discutible, consiste en que la autorización de la prisión perpetua podría enmarcarse dentro de las hipótesis de “sustitución constitucional” proscritas por la jurisprudencia de la Corte, puesto que la cadena perpetua supondría la supresión definitiva de la libertad individual, que es uno de los principios torales del orden constitucional colombiano.

Entretanto, imagino a Gilma Jiménez, sonriente en la intimidad de su despacho, haciendo cuentas calculadora en mano: 1 niño = mínimo 10 votos (papá + mamá + abuelito + abuelita + hermanos mayores + tíos + primos…). Y es que claro, traficar con el dolor de los niños es muy rentable electoralmente.

@florezjose en Twitter - http://iuspoliticum.blogspot.com
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