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Opinión

  • | 2011/04/20 00:00

    El martirio del Bajo Cauca antioqueño

    A pesar de ser incluida en el Plan Nacional de Consolidación, en esta región mantienen su imperio los grupos armados criminales derivados de las Auc. La población civil sufre las consecuencias.

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El Bajo Cauca antioqueño es un territorio de grandes contradicciones: genera riqueza, pero la mayoría de sus habitantes padecen los estragos de la pobreza; hay trabajo, pero la informalidad laboral se impone; hay presencia institucional, tanto pública como privada, pero desarticulada en sus objetivos y limitada en sus alcances; ha sido incluido en el Plan Nacional de Consolidación, pero sus acciones no son tan eficaces como se cree.
 
La vida cotidiana de los municipios que integran esta subregión de Antioquia vive en estado de alteración permanente desde cuando a comienzos del año 2007 las llamadas bandas criminales emergentes (Bacrim) derivadas de las Auc iniciaron su disputa por ese territorio, un corredor estratégico que une al Valle de Aburrá con la Costa Norte. Allí, las noches se volvieron inseguras, la movilidad entre algunos municipios es restringida, los corregimientos se están quedando solos, las comunidades le han perdido confianza a la Fuerza Pública y el desplazamiento forzado hacia Medellín y otras capitales de departamento es dramático. Basta sumergirse en esta zona para darse cuenta de una realidad que contrasta con informes oficiales, siempre tan optimistas.
 
Un ejemplo para comenzar: la frontera que existe entre los municipios de Cáceres y Tarazá. El lugar es conocido y es equidistante entre las dos poblaciones. Los mototaxistas de uno y otro municipio saben que no puede pasar la línea imaginaria que divide a una localidad de otra, por eso los pasajeros son obligados a hacer transbordo. La prohibición impuesta por los grupos armados ilegales es perentoria. Y todos la respetan. Hay una violación del derecho a la movilidad, pero ninguna institución interviene para remediar el asunto.
 
Hace poco estuve en Cáceres conversando con un funcionario de la Alcaldía sobre la situación de las veredas y me sorprendió lo que dijo: no va a las veredas sin que le brinden protección militar. Y no es que estuviera amenazado, lo que ocurre es que la movilidad en las áreas rurales de esta localidad es restringida, depende del permiso que den los jefes de las llamadas Bacrim. Bajo estas circunstancias, cualquier programa social o de protección de la población civil queda en el papel.
 
En Tarazá la situación es tensa, sobre todo en las noches. Motos y carros van y vienen constantemente, vigilantes, observadores. La gente se acostumbró a esas circunstancias. Algunos funcionarios de la Alcaldía no abordan el tema, se sienten inseguros hasta hablando por teléfono cuando se les llama desde Medellín. Allí se controla todo, incluso, el acceso a algunas áreas rurales, sobre todo si en ellas hay explotación aurífera, pues algunas de las minas están bajo el dominio de grupos armados ilegales de origen paramilitar.

En Caucasia, una ciudad vibrante por su actividad comercial y con más de 100 mil habitantes, se vive con temor, pues en ella confluyen los distintos grupos armados ilegales. Desde hace unos años adoptaron la estrategia de lanzar granadas de fragmentación para atacar a sus enemigos, a las familias de sus enemigos y a los auxiliadores de sus enemigos. Las arrojan a cualquier hora del día o de la noche, contra residencias, sitios públicos y emisoras.
 
En Nechí los enfrentamientos entre distintas facciones de las llamadas Bacrim se vienen dado en algunos barrios de la localidad y veredas cercanas del casco urbano. La disputa ha ocasionado el confinamiento de sus pobladores, quienes se ven impedidos para desplazarse hacia otros lugares del departamento. Recientes informes oficiales indican que en la vía que une a esta localidad con Caucasia son frecuentes los retenes de grupos armados ilegales donde se controla la movilidad de las comunidades y se identifican supuestos enemigos o auxiliadores de sus enemigos.
 
La situación de zozobra llega también hasta El Bagre y Zaragoza, donde sus pobladores permanecen bajo tensa calma, con miles de ojos observando quién llega y quién sale, tanto por carretera como por el río. Hay una guerra, y todo desconocido es sospechoso.
Todas estas circunstancias evidencian que el Plan Nacional de Consolidación impulsado desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no ha sido efectivo y contradice uno de sus objetivos centrales, que es “afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”.
 
Si bien ese Plan contempló tres fases de trabajo –alistamiento, recuperación y transición–, lo cierto es que sólo se observan resultados concretos en la primera, que estuvo orientada a crear los centros de coordinación regional (CCR) y a elaborar los planes de acción integral, a través de los cuales se concretaría la puesta en marcha de la estrategia.
 
En la fase de recuperación, cuyo esfuerzo del Estado consistía en “adelantar operaciones enfocadas a la recuperación de la seguridad territorial y dirigidas a mitigar los efectos de la confrontación armada sobre la población civil, con el fin de protegerla”, tampoco son muchos los resultados. La sola existencia de una frontera infranqueable es una evidencia palpable del fracaso de esa intención; además, las organizaciones armadas ilegales derivadas de las Auc no han sido afectadas en su estructura central, y se ha demostrado su alianza con sectores de la Policía Nacional.
 
En cuanto a la fase de transición, cuyo objetivo central es “generar las condiciones básicas para el fortalecimiento Institucional, el desarrollo económico, la estabilización y cohesión social”, así como “el control territorial”, tampoco ha sido posible concretarlo. Algunos análisis advierten que las pocas organizaciones sociales existentes actúan en escenarios adversos, lo que restringe su impacto en las comunidades. El miedo es paralizante.
 
Es necesario impulsar una mirada más realista sobre la subregión del Bajo Cauca antioqueño para enfrentar los males que la carcomen. El primer paso es admitir que el Plan Nacional de Consolidación no tuvo el impacto deseado, pues no logró superar la debilidad institucional, ni creó legitimidad, ni alcanzó el monopolio de la fuerza, ni consiguió fortalecer la protección de la población, mucho menos afectar positivamente las condiciones de pobreza existentes. No faltará el funcionario que hable con cifras en la mano para mostrar un escenario más optimista, pero el martirio del Bajo Cauca está más allá de las estadísticas, se siente en sus calles y sus campos. Es urgente aceptarlo para dar el primer paso hacia su superación real.
 
* Periodista y docente universitario.
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