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Opinión

  • | 2007/06/23 00:00

    El milagro político español

    Juan Fernando Jaramillo, miembro de DeJuSticia y profesor de la Universidad Nacional, resalta la consolidación de la democracia en España y las lecciones que se derivan para nosotros

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El día 15 de junio pasado se conmemoró en España la realización, en 1977, de las primeras elecciones parlamentarias en el país después de casi cuatro décadas de dictadura franquista. Desde ese momento, España ha experimentado un proceso de consolidación del régimen democrático que merece ser destacado, entre otras cosas, por las lecciones que arroja para nosotros.

Lo ocurrido en España en estos últimos 30 años es sorprendente, si se atiende a su historia política y constitucional.

Durante siglos, España fue uno de los baluartes del régimen absolutista. Su primer estatuto constitucional –la Carta de Bayona– le fue impuesto por la invasión napoleónica. Pero, como es conocido, los franceses fueron expulsados de España bajo el grito de “Patria, Rey y Religión”. Luego vendría la Constitución de Cádiz, en 1812, pero ella solamente mantendría su vigencia durante dos años, a pesar de que se convirtió en un referente para el constitucionalismo español de todo el siglo XIX.

En realidad, hasta la muerte de Franco, en 1975, la historia española se asemejó mucho a las de los países latinoamericanos. En el siglo XIX se dictaron ocho Constituciones, algunas de las cuales ni siquiera empezaron a regir. Luego vendrían la Constitución republicana de 1931 y las llamadas Leyes Fundamentales del franquismo. Por eso se ha señalado que entre 1812 y 1978, el proceso político no transcurrió a través de las sendas fijadas por las Constituciones, como lo demuestra el hecho de que los cambios constitucionales no se dieron a través de los mecanismos establecidos en ellas mismas, sino por medio de rupturas institucionales.

En toda esta época las fuerzas militares desempeñaron un papel político fundamental. Así ocurrió en el siglo XIX, cuando el Ejército intervenía directamente en la vida política, y en el siglo XX, con las dictaduras de los generales Primo de Rivera y Francisco Franco. También la Iglesia católica fue un actor político de primer orden, tanto, que se llegó a hablar de la existencia –informal– del “partido católico”. Además, España sufrió las tres guerras civiles del carlismo, en el siglo XIX, y la guerra civil de 1936 a 1939, una de las más devastadoras del siglo XX.

En vista de todo lo señalado, es impresionante lo obtenido por España en estos 30 años de democracia. El éxito político se ha reflejado en el desarrollo económico. Hasta hace pocas décadas, España era un país atrasado y muchos de sus nacionales tenían que emigrar en busca de oportunidades laborales. Ahora, España es un país receptor de inmigrantes y una potencia económica.

Es cierto que el ingreso de España a la Comunidad Europea fue muy importante para obtener esos resultados. También es verdad que, como se critica con acierto, en todo este proceso se omitió la reconstrucción de su convulsionada historia política, para conocer la verdad de lo ocurrido, establecer responsabilidades y reparar a las víctimas. Pero, a pesar de ello, no se puede negar que el país ha cosechado importantes logros al enfrentar tanto los múltiples problemas del pasado –los reclamos de autonomía de las regiones, el terrorismo, las relaciones con la Iglesia católica, el papel de las Fuerzas Militares, etcétera– como los que han surgido en el último tiempo, tales como el desempleo masivo y la reconversión industrial aparecidos a raíz del ingreso al mercado común europeo.

Detrás del éxito del régimen político establecido en la Constitución española de 1978 se encuentra el forjamiento de un consenso entre los principales grupos políticos y sociales acerca de unos valores mínimos que deben guiar la sociedad política y ser respetados en todo caso.

El logro de ese consenso significó, además, la desaparición del temor acerca de que la pérdida de unas elecciones o del gobierno puede acarrear la eliminación del vencido. De esta manera, los ciudadanos pueden tener la convicción de que sus derechos fundamentales serán respetados, con independencia de quién triunfe en las elecciones o ejerza el poder político.

La experiencia española constituye un referente fundamental para los países latinoamericanos. Ella demuestra cuán absurdo es el planteamiento –tan difundido en el pasado– acerca de que los países de ascendencia latina no son aptos para la democracia. Pero, además, representa una luz de esperanza para nuestros países que, a pesar los importantes logros obtenidos a partir de la redemocratización iniciada en los años 80, siguen tan agobiados por el autoritarismo, la inestabilidad política, la violencia y la iniquidad social.

La historia española nos demuestra también la importancia de trabajar en la generación de un consenso acerca de los valores mínimos que deben orientar nuestras sociedades. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 constituye un muy buen principio para ello. De lo que se trata ahora es de intentar incluir en ese acuerdo general a cada vez más grupos sociales.






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