El modelo de desarrollo implícito en el TLC

La adopción definitiva del TLC Colombia-Estados Unidos viabiliza la adopción de los TLC con Canadá, la Unión Europea y Corea del Sur, adicionales a los ya vigentes con los países europeos no asociados a la Unión Europea (países EFTA) y con otros países latinoamericanos. Lo que falta es cuestión de mecánica política en los países socios y ajustes o maquillaje institucional interno en Colombia. Aunque la mecánica política y el maquillaje institucional pendientes pueden dar sorpresas dilatorias, la decisión fundamental pasa por el Congreso estadounidense.
 
 Este es un hecho inaudito dado que el TLC Colombia-Estados Unidos significa la consagración de un modelo de desarrollo y de inserción internacional con el cual Colombia abandona la ilusión de una industrialización intermedia y adopta una estrategia de economía minero-energética y de servicios asociados, vinculada a la dinámica norteamericana y en detrimento del mercado interior, estrategia que mereció ser definida de forma plebiscitaria interna.

El debate político sobre el TLC y el modelo de desarrollo implícito fue resuelto en favor de los partidarios del mismo dada la convergencia de al menos tres factores: la debilidad política y económica del sector industrial nacional -consagrada desde la apertura de los años noventa- sector sustituido inclusive en el ámbito gremial por la activa vocería de las empresas trasnacionales; el sorpresivo repunte de los precios de los productos agrícolas asociado a la crisis energética internacional, que viabilizó la emergencia de los agrocombustibles con los que se espera sustituir a los cultivos perdedores con los TLC; y por la gran popularidad del presidente Uribe, quien se preveía que sería reelecto y ningún gremio o empresario se atrevió a enfrentar ante la amenaza de ser excluido de la piñata de Zonas Francas, AIS, contratos y subsidios.
 
 Entre los opositores al TLC tampoco hubo la capacidad de mostrar de forma convincente la viabilidad de un modelo de industrialización alternativo, soportado en el mercado interior y la inserción internacional diversificada, esto es, articulado al mercado regional suramericano, al más dinámico mercado asiático y a los propios socios estadounidenses y europeos. Este último fue el modelo adoptado por los países de Mercosur.

Si Colombia va a ser sólo una economía de producción minera, de recursos energéticos (fósiles y de biocombustibles), de servicios especializados y de industria limitada a productos no transables, al menos debería adoptar las reformas institucionales que permitan un mínimo de sostenibilidad social, política y ambiental al nuevo modelo de desarrollo.

Las reformas pendientes implican pactos constituyentes sobre uso y distribución del excedente minero energético (incluye ley de regalías y Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), sobre sostenibilidad de cuencas y ecosistemas estratégicos (implica límites a la explotación minero energética y a la desforestación), sobre formación del capital humano para la producción de servicios de clase mundial (aspecto ignorado por el proyecto de reforma a la Ley 30).
 
 Pero sobretodo, la nueva ingeniería institucional debería diseñarse en la perspectiva de ampliar el Estado social de derechos y la democracia incluyente previstos en la Constitución de 1991. De lo contrario se reducirá a mero maquillaje institucional, como cuando los ingleses obligaron a Brasil a abolir la esclavitud (1888) so pena de restricciones al comercio: entonces las élites brasileras adoptaron formalmente la abolición “para inglés ver”. En la práctica la esclavitud se mantuvo muchos años después.