Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/06/10 00:00

EL MUNDO DE SUBUSO

EL MUNDO DE SUBUSO

La culpa de que el fallo del Consejo de Estado que borra la existencia de topes electorales y por consiguiente la contravención de haberlos violado parezca tan sospechosa, la tiene el propio Consejo de Estado.Este organismo no ha logrado limpiar la mala imagen que tiene desde hace rato frente a la opinión de politiza-do, infiltrado por el narcotráfico y prevaricador. Así, injustamente, los muchos consejeros de Estado honestos y capaces que existen en la corporación se ven opacados por otros que evidentemente trabajan por intereses distintos a la justicia.Para la muestra, el antecedente de haber postulado a Orlando Vásquez Velásquez como candidato del organismo en la terna del momento. Y más recientemente, los fallos sobre pérdida de investidura a raíz de la votación del narcomico, cuando salió a flote un sospechoso favoritismo por Santofimio que inexplicablemente conservó su investidura, mientras que la perdieron otros por razones menos contundentes.En contraste, también han pasado por rachas de mala fama la Corte Constitucional y la Corte Suprema, pero han logrado, con pronunciamientos recientes, recuperar la credibilidad de la opinión. La Corte Constitucional ha mostrado valentía y decisión para evitar que por los lados más insospechados salten micos que buscan anular el delito de enriquecimiento ilícito en nuestra legislación, y la semana pasada, el salvamento de voto de tres magistrados demostró que el tema de la extradición no es tabú en el seno de esa corporación.En cuanto a la Corte Suprema, gracias a su determinación jurídica están presos siete parlamentarios y procesados otros ocho, y también es de anotar que procedió con celeridad en la decisión de suspender de su puesto al Procurador frente a los escandalosos cargos que se le imputaban.Pero, en honor a la verdad, y a pesar de esa mala fama que hace que "en boca del mentiroso, lo cierto se haga dudoso", hay que aceptar que el fallo del Consejo de Estado sobre los topes electorales parece ajustado a derecho. Lo irónico del caso es que, aunque el Consejo de Estado diga que no existen los topes electorales, la campaña de Samper sí los sobrepasó.Todas las actividades que realizaron el candidato y sus asesores se hicieron bajo el supuesto de que la norma estaba vigente (no podían arriesgarse a presumir que no era así, a pesar de que existía la controversia de que no había sido publicada oportunamente en el Diario Oficial, y que esto era motivo para invalidarla). Y como presumieron que la norma estaba vigente, y como la violaron a sabiendas, incurrieron en actividades delictivas para tapar esa infracción, y para que les permitiera reclamar los cerca de 2.000 millones de pesos que el Estado reconoce como financiación oficial de las campañas: falsificaron los libros de contabilidad, que constituye un delito penal, y se aseguraron de recibir en efectivo el dinero del cartel, para que no quedara ningún rastro.Y ese es apenas un anticipo de lo que nos podría pasar con el juicio al Presidente en la Cámara de Representantes.Por increíble que parezca, no existe un solo artículo en nuestra legislación que tenga la claridad meridiana de establecer que "la financiación de las campañas políticas no puede provenir de delincuentes", y que "incurrir en esta conducta es causal de pérdida de investidura".¡Cómo nos habríamos ahorrado de dolores de cabeza si tan sencilla prohibición estuviera escrita! Pero, como no lo está, dependemos de que al Congreso le parezca jurídico el trasplante de una interpretación válida en las leyes italianas, en virtud de la cual y mediante una especie de ficción legal, el enriquecimiento ilícito puede aplicársele a una persona que, en estricto sentido, no ha incrementado su patrimonio con la recepción de dineros ilícitos, pero que los ha recibido para que él, o un tercero, ascienda al poder.El Congreso, más aferrado al leguleyismo que a la moral, perfectamente puede negar esta interpretación del delito de enriquecimiento ilícito, y considerar que no es lo mismo recibir plata del narcotráfico para comprar un Mercedes o construirse una piscina que para alcanzar la Presidencia de la República. Pero en el otro bando jurídico están los que sostienen que el presidente Samper, utilizando los aportes del narcotráfico, logró ascender de estatus de candidato a Presidente sin haber incrementado su patrimonio.Si con razones jurídicas o sin ellas, la Cámara opta por archivar el proceso por considerar que estrangular el delito de enriquecimiento ilícito para penalizar la conducta del Presidente y de sus asesores es improcedente, llegaríamos a situar la legislación colombiana en el mundo de Subuso, con el siguiente desafío a la lógica: todo es cierto, pero no hay delito.

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