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Opinión

  • | 2012/10/11 00:00

    El nivel de perdón, en la encrucijada de la justicia y la eficiencia

    La facultad de perdonar no es sólo la expresión de un sacrificio o costo que se paga en términos de justicia, sino que reviste la posibilidad de un beneficio. Y cuando se entiende como tal, sus alcances son diferentes.

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Con ocasión de la mesa de diálogo Gobierno-Farc han surgido las más variadas posiciones ideológicas respecto a su legitimidad y alcances. Desde señalamientos sobre amnistías disfrazadas y estatutos de impunidad, hasta propuestas para implementar el llamado derecho de gracia o perdón presidencial en Colombia.

Ambas posiciones pueden resultar justificables, pero una es menos costosa. Como si se tratara de un capricho de carpinteros que no se deciden si construir sillas para sentarse o barandas de donde agarrarse. Bueno sería establecer la diferencia entre una mesa y un estrado. Sobre todo en escenarios de un mercado que ha producido “cajas” a niveles ignominiosos.

Cuando se apela a la negociación, la experiencia indica que una vez establecida por un gobierno legítimo, el principal insumo que sale a la palestra es el nivel de perdón, o de castigo. Cuando se habla de “niveles” en uno de ellos se está aludiendo directamente a niveles del otro. Cualquier aspecto que no tenga origen en estos dos factores, puede ser atribuido a la ineficiencia. Un factor que suele pasar inadvertido pero que se señaló en su momento: “la paz es la victoria”.

Háblese de “impunidad” desde un lado o “gracia” desde el otro, ambos atienden a lo mismo, y sus implicaciones dependen de lo que se entienda por perdón. La facultad de perdonar no es sólo la expresión de un sacrificio o costo que se paga en términos de justicia, sino que reviste la posibilidad de un beneficio, y cuando se entiende como tal sus alcances son diferentes.

El diccionario de la Real Academia define el perdón como la “remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente”. De tal suerte, bueno sería explicar que la relación del perdón, en sus diferentes niveles, con la justicia no sólo es compleja sino inversa, en el entendido que el perdón es precisamente la ausencia de un castigo que se corresponda con la ofensa o el daño; es decir, la ausencia o la dispensa de una consecuencia justa.

Llama la atención que en culturas como la nuestra, el perdón suele situarse en los escenarios de la piedad y la temperancia católica. Se perdona al necio o al infame cómo si pasar por alto sus ofensas revistiera un fin en sí mismo, “sin esperar nada a cambio”. Pero poco se cuestiona si esa actitud puede generar algún tipo de beneficio más allá de las satisfacciones propias de un comportamiento piadoso. Y poco se cuestiona porque la búsqueda de algún interés en una acción piadosa la desdibuja y contradice. Ni la piedad ni la generosidad admiten “esperar algo a cambio”.

El perdón es costoso por definición y no siendo un fin en sí mismo es necesario esperar una consecuencia que lo supere y demuestre sus ventajas, para que no se quede en los ámbitos sacrificados de la piedad sino en los dominios del beneficio social. Decía Montesquieu que “la facultad de perdonar que tiene el príncipe puede tener efectos admirables si se usa de ella con prudencia. El principio del Gobierno despótico, que no perdona, y al que nunca se perdona, no tiene estas ventajas”.

Atendiendo a esta consideración, el relajamiento o negociación de las penas (que en buen romance equivale a niveles de perdón) no es otra cosa que el insumo mejor reputado para el desarrollo de negociaciones políticas y hoy en día sobre todo penales. Basta preguntarse por qué los narcos de última generación sí prefieren una celda en Estados Unidos.

En Colombia ha hecho carrera el concepto de justicia negociada como un mecanismo eficiente para enfrentar los más diversos tipos de delito, de igual forma que lo ha hecho Europa continental en las últimas décadas y el derecho anglosajón desde mucho tiempo atrás. El acogimiento a sentencia anticipada y el principio de oportunidad, tan referidos y solicitados en nuestra realidad política y penal, no es otra cosa que la formulación del perdón como insumo, donde su proporción se halla adecuada al nivel de utilidad que reporte.

Dos tipos de razonamientos se enfrentan entonces a la hora de evaluar sus alcances. De un lado el que propone que el nivel de castigo o perdón para la insurgencia debe implementarse atendiendo adicionalmente a la necesidad de evitar más atrocidades, aquellas que aún no se cometen. El que se asume más allá de lo justo, como medio para lograr unas consecuencias determinadas, como puede ser aquella que se plantea en los escenarios de un futuro incierto. En lo que aún no sucede, en esa hipotética pero larga fila de colombianos que esperan el turno para reclamar la parte de dolor y de daño que les corresponda en suerte, y que de una u otra forma les aguarda.

Del otro, presuntamente más justo, está ese fin sí mismo según el cual la guerrilla debe ser castigada por sus crímenes, sin miramientos de ninguna índole. Donde el perdón no es una opción y por tanto sus integrantes deben ser aprehendidos, procesados y condenados. Y si bien es cierto que aprehender a los guerrilleros no es requisito para su procesamiento y condena, también lo es que sería por lo menos saludable tenerlos a disposición para ponerlos a buen recaudo en caso de resultar condenados.

El problema con esta última opción, con medio siglo de experiencia, es que las aprehensiones se dificultan en muchas ocasiones porque los sindicados, y en veces hasta los condenados, andan ocupados en otros asuntos: “están trabajando”.

*Profesor universitario. Investigador en análisis económico del derecho.
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