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Opinión

  • | 1983/03/28 00:00

    EL NUEVO CONCEPTO DE LA BUROCRACIA

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En la época contemporánea para que una sociedad pueda llamarse democrática no basta con que se dé en sus seno la tradicional separación de las ramas del poder público. Desde luego que allí donde no exista esa separación no hay democracia. Pero la separación de ellas no la garantiza.
En la sociedad de nuestros días existen fundamentalmente, como ha sido puesto de manifiesto por Giscard D'Estaing, entre otros, cuatro poderes: el poder del Estado, el de las organizaciones de masas, el económico y el de los medios de comunicación. Si el Estado, por ejemplo, no sólo detentara el poder político sino que monopolizara simultáneamente el económico, en esa sociedad no habría democracia.
Tampoco la habría si el Estado concentrara los medios masivos de comunicación, independientemente de que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Ejecutivo, sesionaran en edificios separados. Pero si a su turno el poder económico-financiero controlara por una vía o por otra los medios masivos de comunicación, tampoco habría democracia política. No se daría, de igual forma, allí donde un reducido grupo de particulares controlara la información.
Otro tanto podría decirse de un sistema en que los sectores del capital, a través de la financiación privada, controlaran los partidos mediante los "caminos verdes" de la financiación privada, y a través de ellos el Estado. De ahí la importancia de la financiación pública de las campañas y de los distintos partidos políticos, y de reducir y controlar drásticamente los grandes aportes privados que, para colmo, en ciertas ocasiones tienen origen non santo.
El derecho a que los ciudadanos puedan obtener información veraz o el derecho de los ciudadanos a no ser manipulados por la información pasa precisamente por esta separación de poderes al interior de la sociedad, es decir, que ni el Estado controle los otros factores de poder que he enunciado, ni que esos otros factores de poder, por ejemplo, el económico-financiero, controle al Estado o a los medios masivos de comunicación.
Otro tanto podemos decir de la con centración de éstos en unas pocas manos. ¿Qué sucedería, me pregunto yo, si los grandes diarios, las grandes cadenas radiales y los espacios de opinión y los noticieros de la T.V. fueran monopolio de unos cuantos? El hombre colombiano sería un ser sitiado, que habria perdido su libertad, sin saberlo. Un potencial títere en manos de unas pocas eminencias grises. De ahí que podamos decir que una sociedad será tanto menos democrática cuanto más concentrados estén los instrumentos de comunicación masiva. De ahí la necesidad de la intervención del Estado para evitar que este fenómeno ocurra, como sería previsible, si se dejara a la espontaneidad de las fuerzas del mercado, la asignación de tales recursos .
En Colombia se han hecho estudios sobre la concentración de la riqueza, pero nadie ha hecho el de la información, ni el de la concentración de ambas, para poner sólo dos ejempios. Es un terreno virgen para los investigadores y los estudiosos.
Yo acepto, en virtud de la época en que vivimos, que todas las atribuciones que la Constitución colombiana le otorga al Jefe de Estado, son convenientes y están bien concebidas.
¿Por qué el Congreso no es independiente, no obstante las formalidades jurídicas? Porque mientras la relación de fuerzas que se deriva de la discrecionalidad en el nombramiento de casi todos los funcionarios por el gobierno, y de la práctica de los auxilios parlamentarios, subsista, no habrá "separación de poderes" con la natural consecuencia de que deja de existir la democracia liberal, y el Congreso como contrapeso del gobierno, por ejemplo, para la defensa de los derechos humanos, o del propio Congreso.
En octubre de 1980 yo insinuaba la siguiente fórmula para ir erradicando uno de estos males: "Tímidamente me atrevo a proponer que mediante norma jurídica de carácter general, sean incorporados a la carrera administrativa los funcionarios que hoy están desempeñando cargos señalados en las disposiciones vigentes como de carrera, es decir, cargos que no sean de libre nombramiento y remoción. Esta sería la ley que revolucionaria, en mi concepto, la administración pública en Colombia. Pero sobre todo revolucionaría las prácticas políticas. Sería una conquista de la clase trabajadora. Si el llamado sistema del botín es lo que permite la opresión del congreso, la opresión que sobre el empleado puede practicar el padrino, y es uno de los pretextos para desprestigiar a la clase política, la carrera administrativa es la liberación del Congreso de los empleados y de los políticos ".
(Revista La Tadeo, noviembre 1980, página 8). Es una iniciativa que ha ido ganando adeptos, y que, por los signos que veo, cristalizara pronto en norma positiva.
La abolición de los auxilios y de la discrecionalidad en nombramientos a todos los niveles hace parte del estatuto de la oposición. Esta no se puede dar mientras subsistan esos instrumentos de encuadramiento electoral y de dominación en manos del gobierno.
Se impone pues luchar en tres campos simultáneamente: 1. Contra la concentración de poderes a nivel de la sociedad. 2. Contra la concentración de poderes en el ejecutivo a nivel del Estado, y 3. Contra la concentración en unas pocas manos privadas de los medios masivos de comunicación.
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