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El nuevo cuello de botella del narcotráfico

Un nuevo fenómeno está comenzando a emerger en las zonas productoras de narcóticos en el país. Estamos ante una novedosa forma de organización para evitar la acción de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Pedro Medellín Torres
5 de noviembre de 2016

Un nuevo fenómeno, de alta complejidad y serias implicaciones, está comenzando a emerger en las zonas productoras de narcóticos en el país. Ya no estamos ante la irrupción de bandas armadas que asumen el control del territorio para imponer su Ley. Ahora estamos ante una novedosa forma de organización y movilización de “resistencia social” de las comunidades, para evitar la acción de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

No tiene un claro origen, ni tampoco líderes definidos. Lo cierto es que en distintos municipios del país, las actuaciones de erradicación, fumigación manual, control de químicos, incautación o captura que debe realizar la policía, están comenzando a tener que enfrentar a la resistencia organizada de las comunidades, que salen a impedirla.

Ahí la intervención policial es a otro precio. Porque una cosa es la policía enfrentando pistoleros y narcotraficantes, organizados o no. Pero otra muy distinta, es la comunidad impidiendo una acción policial. Allí el riesgo de que los enfrentamientos terminen en heridos o muertos, va a terminar llevando a que las autoridades cuando no desistan de sus actuaciones, están siendo forzadas a intervenir con una fuerza mucho menor, que con la que se enfrentaría a los delincuentes.

No se trata solamente de un fenómeno que expresa las nuevas formas de tensión social, que se viven en los municipios cultivadores de coca, marihuana y amapola. El problema está en que esa forma de “resistencia social”, va a afectar los resultados de las autoridades en la lucha contra la producción, distribución y consumo de narcóticos.

En el caso de la coca, el problema es muy serio. El crecimiento en la zona sembrada es de tal magnitud, que los expertos calculan que los cultivos de coca están sobre las 160 mil hectáreas, que superan por mucho a las 140 mil, que se había alcanzado en 2001, la más alta de los últimos años. Y significa un aumento cercano al 67% con respecto a las 96 mil hectáreas sembradas en 2015. No en vano el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y del Delito (UNDOC), ha dicho recientemente que Colombia “Es el primer país de sembrados de coca. Y digo más, excede a Perú y Bolivia juntos, produce más que los dos juntos".

En los diez meses que van corridos del año, la policía ha incautado 308 toneladas de cocaína, 55 más que las incautadas en todo el año anterior. Eso no revela otra cosa que, además del incremento del área sembrada, en el país se están alcanzando mayores niveles de productividad por hectárea. Y por ello no resulta absurdo anticipar que las 646 toneladas producidas el año anterior, serán superadas con creces en este año. Los cálculos indican que la producción total podría estar bordeando las mil toneladas por año.

En este escenario, los índices de amenaza municipal de permanencia de los cultivos ilícitos, con el que se mide el riesgo de persistencia del fenómeno en los territorios, se va a ver alterado por las nuevas formas de “resistencia social”. De los 280 municipios que para 2012 habían registrado algún nivel de riesgo de permanencia y consolidación de la siembra de Coca, y que para 2013 había aumentado a 288 municipios, no resulta desproporcionado pensar que al finalizar 2016, estemos hablando de 400 municipios en esas condiciones.

No tardarán quienes argumenten que se trata de una movilización justa de los campesinos para defender su derecho al trabajo y a unas condiciones dignas de ingreso. Incluso, ya veremos campesinos haciendo visible su reclamación. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de una actividad delictiva y que su producto final va a terminar envenenando a miles de seres humanos aquí y en el extranjero. Y sus beneficios sosteniendo ejércitos ilegales que operan como verdaderas maquinas de muerte.

Lo que se observa, es que se puede tratar de una estrategia consciente de los narcotraficantes que, para impedir la acción de las autoridades, usan a los campesinos como muro de contención para mantener sus actividades ilícitas. Una acción tan audaz como bien pensada. Sobre todo cuando el país entra en un momento en el que los movimientos sociales reivindicativos en el campo, van a tener todo el margen de maniobra.

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