Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/06/13 00:00

El pacificador Ordóñez

El país no necesita un mediador entre la Corte Suprema y el gobierno Uribe, sino un Procurador que haga cumplir el Estado de derecho.

El pacificador Ordóñez

Desde cuando el gobierno nombró a ‘Karina’, la temible guerrillera de las Farc que se desmovilizó, mediadora de paz, son varios los que han ofrecido sus servicios en ese campo. Mancuso, por ejemplo, le hizo saber al presidente Uribe en una extensa carta que le envió desde la cárcel en Estados Unidos esta semana, su deseo de ser  gestor de paz. El viernes pasado, el turno fue para el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien en una entrevista para El Tiempo se ofreció de  mediador de paz entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Uribe, propuesta que fue, obviamente, rechazada por la propia Corte. 

Si nuestra democracia fuera seria, en realidad ni ‘Karina’ habría sido gestora de paz, ni Mancuso, ni mucho menos el procurador Ordóñez, podrían ser mediadores de nada. La primera es una mujer atormentada que anda recogiendo lo que queda de ella, luego de años de haber cometido toda suerte de asesinatos. ‘Karina’ no está para ayudar a nadie. Muy por el contrario, el Estado es el que tiene que ayudarle a ella, brindándole asistencia sicosocial para que su reinserción en la sociedad sea integral e irreversible. Ese es el derecho de las cosas.  

En el caso de Mancuso, su ofrecimiento como gestor de paz suena a extorsión. Sobre todo si esta propuesta va pegada de una amenaza, como parece serlo. En la misma carta en que Mancuso se autopropone como mediador de paz, le dice al presidente Uribe, palabras más palabras menos, que se tenga de la silla porque si se destapa la verdad sobre las relaciones de los paras con las Fuerzas Militares, esta va a causar muchos más estremecimientos en sus feudos que los que causó la bomba de la para-política. Sobran las palabras.

Sin duda, de los tres casos señalados, el del procurador Ordóñez es el más peripatético.       

Obviamente entre las funciones del procurador no está la de ser mediador de nada (no la tenía tampoco Jaime Bernal Cuéllar cuando lo fue del ELN, siendo procurador). El doctor Ordóñez es el procurador general de la Nación, no el mediador general de la Nación. Y en vez de andar invirtiendo su tiempo en la redacción de documentos dirigidos a frenar lo que él llama “los constantes roces entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia”, debería estarlo invirtiendo en el cumplimiento de sus funciones, cosa que infortunadamente sólo hace a medias.

Su procuraduría ha sido extremadamente laxa a la hora de ejercer la vigilancia sobre los funcionarios para evitar que éstos se metan indebidamente en política. Comenzando por el presidente Uribe, quien ha podido seguir entregando cheques en los consejos comunales a las familias campesinas, incluso después de que públicamente confesó su gustico por su reelección, sin que Ordóñez le haya hecho siquiera una llamada de atención.

No sobra señalar que el papel de mediador que Ordóñez se autopropuso, sin mucho éxito, es abiertamente incompatible con su función investigadora y con su condición de máximo jefe de un organismo de control. Uno no puede ser el mediador entre dos partes cuando ejerce sobre una de ellas la facultad de vigilancia.  Es como si a Maradona lo nombraran árbitro para solucionar problemas entre la selección Colombia y la Argentina. Así de simple.

En materia de investigaciones, en la gestión de Ordóñez sorprenden hasta ahora, sobre todo, sus omisiones. Esta semana el presidente de la Cámara, Germán Varón, denunció que en el Congreso se está repitiendo la Yidis-politica. Lo lógico habría sido que el Procurador hubiera abierto una investigación para evitar que se repitiera la misma historia de la primera reelección. Sin embargo, hasta ahora, Ordóñez ha hecho caso omiso de esa denuncia. Tampoco ha investigado a los funcionarios de la Uiaf comprometidos en una presunta recolección y filtración de información confidencial a los medios, sobre varios magistrados de las altas Cortes. Es una lástima que su apatía por investigar al Ejecutivo, contraste con la rapidez inusitada con que ha emprendido la investigación en contra de los senadores del Polo vinculados a la Farc-política. 

El  país no necesita un mediador entre la Corte Suprema y el gobierno Uribe, sino un procurador que haga cumplir el Estado de derecho y no le dé por absolver a los funcionarios del gobierno que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, como sucedió con su polémico fallo sobre la Yidis-política.

Tampoco se necesita un árbitro. Basta con que el Presidente respete la autonomía de la Corte, y que el DAS y la Uiaf dejen de seguirlos, hostigarlos e investigarlos como si se tratara de los peores narcotraficantes. Los magistrados que ameriten ser investigados tendrán que serlo ante sus jueces competentes, y no señalados desde la trastienda de los montajes, como viene sucediendo.

Lo que sí se necesita es un Procurador independiente.

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