Viernes, 24 de octubre de 2014

| 2013/02/23 00:00

El palacio sin justicia

La responsabilidad penal individual sobre los dos desaparecidos hay que esclarecerla, pero de ahí no se puede derivar una política de Estado.

El Estado colombiano no tendría que estar compareciendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del Palacio de Justicia. Si esa Corte juzga a los Estados por no cumplir sus obligaciones de investigar, procesar y castigar las violaciones  a los derechos humanos, pues hay que decir que el Estado colombiano sí ha actuado en  ese caso, tanto que muchas de sus actuaciones son objeto de un álgido debate nacional que mantiene polarizada a la opinión pública. Si esa Corte no tiene nada más qué hacer, debería buscar oficio en otra parte. 

En efecto, son más de 45 sentencias las que ha proferido el Consejo de Estado colombiano en relación con la muerte de civiles y funcionarios en el caso del Palacio de Justicia, sentencias en las que condenó al Estado y lo obligó a indemnizar a las víctimas. Una Comisión de la Verdad conformada por altos magistrados investigó los hechos. Y los jueces han desarrollado procesos contra altos oficiales del Ejército Nacional, en los que se les han violado todas sus garantías procesales, se han inventado falsos testigos y se han emitido sentencias absolutamente injustas, algunas de las cuales están siendo apeladas ante la Corte Suprema de Justicia.

En sus respectivos juicios les han sido violados los más elementales derechos al general Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas. Tanto, que en el caso de este último, desde el año pasado la Procuraduría General de la Nación le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al coronel Plazas en su fallo de casación porque en su juzgamiento hubo una “violación indirecta de la Ley sustancial al demostrarse errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, que de no haberse incurrido por el Tribunal en los diversos falsos juicios denunciados, habría direccionado un fallo absolutorio a favor del procesado”. Pide, además, desestimar las declaraciones de los falsos testigos que intervinieron en el juicio. Adicionalmente, el Ministerio Público objeta que al coronel Plazas se le hubiera atribuido “la calidad de autor mediato en aparatos organizados de poder sin acreditarse, además, la sistematicidad y automaticidad propia de la figura jurídica que le fuera inducida”. En palabras llanas, ese juicio contra el coronel Plazas fue un burdo montaje que debería avergonzar a la justicia colombiana. 

Obviamente, los colectivos de abogados y las ONG que han recurrido a la CIDH para denunciar el caso del Palacio de Justicia, no lo hicieron para defender los derechos de los militares injustamente condenados por los tribunales colombianos. Por el contrario, una vez complacidos con estas injustas condenas –pero no satisfechos con ellas–, ahora quieren que se condene internacionalmente al Estado colombiano dizque por ser responsable de aplicar una política de desapariciones forzosas en el país, como supuestamente lo demuestra el caso del Palacio de Justicia. La responsabilidad penal individual sobre los dos desaparecidos en esos hechos hay que esclarecerla, pero de ahí no se puede derivar una política de Estado. No hay que olvidar que allí el Ejército  rescató a centenares de personas inocentes de las garras del terrorismo, salvándoles la vida.

Si la susodicha Corte Interamericana fuera medianamente seria y objetiva, si no estuviera influeida y conformada por simpatizantes de ideologías de extrema izquierda, si no tuviera un evidente sesgo anti estatal, si no tuviera una fuerte antipatía contra los militares, seguramente ni siquiera habría admitido la demanda. Pero no es una Corte confiable, por eso juzga y condena al Estado colombiano en cuanto caso se pone en sus manos. Así sucedió con Mapiripán, al condenar y obligar al Estado colombiano a indemnizar a las falsas víctimas de unos muertos que gozaban de cabal salud. Incluso hicieron oídos sordos a las denuncias de falsas víctimas arrepentidas de su infamia cuando denunciaron al Colectivo de Abogados porque a sabiendas las indujeron a mantenerse en la mentira. O como el caso de Santo Domingo, cuando esa Corte condenó al Estado colombiano por un atentado comprobadamente cometido por las FARC, pero falsamente adjudicado a la Fuerza Aérea colombiana por los mentados colectivos de abogados que viven como vampiros del erario público, manipulando víctimas reales o falsas de la violencia terrorista en el país.

Ante semejantes antecedentes, y ante la certeza de que esa Corte Interamericana no tiene arreglo, en un país serio la discusión no debería ser si se adopta una u otra estrategia de defensa, o si se contrata a uno u otro abogado, o si coordinan bien o mal las instituciones implicadas. No. La discusión debería ser otra: si seguimos reconociendo o no la legitimidad de una Corte con los defectos mencionados. Debido a lo dudoso de estas Cortes internacionales, y a la inconveniencia de someternos a sus amañados fallos, todavía tenemos una herida abierta por la sentencia de la Corte de La Haya sobre San Andrés. Pero de manera masoquista y abyecta seguimos arrodillados ante la Corte Interamericana.

Es bueno recordar que hay países de la OEA que no reconocen esa Corte: Estados Unidos, Jamaica, Grenada, Canadá y Dominica. Otros, como Brasil, Venezuela y México, han desconocido sus fallos. A diferencia nuestra, ellos no viven del qué dirán. 

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