Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2002/09/16 00:00

    El "papayazo"?

    El Decreto 2002, que autoriza capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa, ha generado una fuerte polémica. El senador Rodrigo Rivera asegura que estas medidas no garantizan una mayor eficacia de la Policía y el Ejército, que no han podido hacer cumplir miles de autos de detención que atiborran sus despachos.

COMPARTIR

La expedición del Decreto Legislativo 2002 de 2002 (inolvidable!), pese a la buena intención del gobierno, podría terminar convertida en el primer grave error político de la nueva administración.

El avance en efectividad de la Fuerza Pública será mínimo, pírrico: en Colombia no hay déficit sino superávit de órdenes de captura. Lo que pasa es que no se cumplen. Un decreto que habilita a la Fuerza Pública para librar órdenes de captura y afectar libertades y derechos individuales sin previa autorización judicial, no garantiza una mayor eficacia de la Policía y el Ejército que no han podido hacer cumplir miles de autos de detención que atiborran sus despachos.

En cambio, servirá para darle la razón (el "papayazo") a los detractores del presidente Uribe que quieren construir de él la imagen de un gobernante autoritario, que mira con desdén libertades públicas y derechos fundamentales. Y aunque su "premier" dio en la flor de satanizar a los grupos ecologistas como peligrosos agentes del terrorismo internacional, lo cierto es que hasta ahora el Presidente se ha cuidado de incurrir en acciones que pudieran confirmar las prevenciones que suscitó el inédito y audaz programa de "mano firme" que defendió exitosamente durante su campaña presidencial.

Con el Decreto 2002, sin embargo, el Presidente autoriza capturas, allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa. Lo admito: en casos excepcionales. Pero que aquí pronto se convierten en la regla general. Lo acepto: con la obligación de reportar en las 24 horas siguientes al fiscal correspondiente. Pero para notificarle "hechos cumplidos" que producirán desgastadores roces o inadmisibles tolerancias frente a atropellos injustificables.

En un país que sufre una emergencia humanitaria como Colombia no faltará quien, a partir de este "papayazo", culpe de los atropellos no sólo al policía o soldado que, en hechos aislados, se salió de cauce, sino también al gobierno que expidió el decreto... Que lo facultó para efectuar juicios de valor que suelen demandar la preparación durante años de fiscales y jueces en la escuela de derecho. Que expuso al gobierno, con esta decisión, al reproche que ya sólo se hacía a individuos aislados en nuestra Fuerza Pública...

Lo peor es la repercusión que esta política tendrá allende las fronteras.

Ganamos muy poco en eficacia de la Fuerza Pública, pero arriesgamos demasiado en comprensión y cooperación internacional. No se requiere una malicia especial para intuir que en Washington y Europa harán su agosto los enemigos del Plan Colombia y de toda modalidad de apoyo externo a nuestro gobierno. Harán mucho ruido. Presionarán a los partidos y congresistas para que cuestionen y rechacen la ayuda. De su capacidad dan buena cuenta las estrechas votaciones del Congreso norteamericano para permitir que la ayuda antidroga se oriente contra los actores de nuestro conflicto interno... En el centro de la controversia siempre ha estado el tema crucial de los derechos humanos... Pues bien: ahora tendrán, en el Decreto 2002 un argumento de oro para acusar a nuestro gobierno de ser, en ese campo, parte del problema y no de la solución...

En el frente interno, el rescate de la autoridad estatal merece el respaldo de todos, como primera prioridad de este gobierno. Pero eso se consigue no sólo con nuevos recursos (que vamos a aportar) y con ajustes en el marco jurídico que refuercen la autoridad material e institucional del Estado.

También -¡y en qué forma!- con autoridad moral. Que sólo se logra con el más irrestricto respeto por los derechos humanos: con la certeza de que la fuerza estatal se ajusta a derecho y no compite en barbarie con los violentos. En eso, valga el reconocimiento, avanzó sustancialmente el gobierno anterior. Y no podemos dar lugar a que se crea, más allá de las voluntariosas aclaraciones del gobierno, que estamos dispuestos a echar marcha atrás...

Que nadie se llame a engaño. Ganarle al terrorismo, aún al criollo nuestro, exige cooperación internacional. No sólo en recursos, que se han obtenido. Sino en inteligencia, información satelital de valor estratégico y cooperación judicial para alcanzar las personas y valores que aceitan, sin sujeción a fronteras, la macabra maquinaria del terror... ¿Vale la pena arriesgarlo?...

*Senador de la República

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1850

PORTADA

El hombre de las tulas

SEMANA revela la historia del misterioso personaje que movía la plata en efectivo para pagar sobornos, en el peor escándalo de la Justicia en Colombia.