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Opinión

  • | 2009/04/18 00:00

    El péndulo de la guerra y de la paz

    Podemos invertir en guerra por una década más para contener a las guerrillas, pero el sufrimiento seguirá alto.

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Con la llegada al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se cerró un ciclo de negociaciones políticas con las guerrillas colombianas. Este fue iniciado por el presidente Turbay cuando acordó una salida negociada a la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19, en febrero del 80 y que dio sus mejores frutos en los gobiernos de los presidentes Barco y Gaviria, cuando se reintegraron siete mil guerrilleros y concurrieron al proceso constituyente de 1991.

El presidente Samper no pudo desarrollar ninguna negociación porque las Farc y el Eln se montaron al tren de “nada con él”. Y la peor frustración se vivió con el presidente Pastrana, cuando a las Farc les pudo la soberbia y desaprovecharon una oportunidad de lujo para construir un acuerdo que les permitiera dejar las armas.

Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Rubén Salazar, dijo que la guerra no tenía solución por la vía militar y que había que sentarse a una mesa de negociaciones, puso nuevamente el tema en el debate público.

Luego de siete duros años de confrontación no hay duda de que la guerrilla está contenida y en buena medida a la defensiva: las Farc han sufrido duros golpes y el Eln ya no es una amenaza nacional. Pero ambos, ahí están, haciendo presencia permanente en 300 municipios del país y con posibilidad de extenderse a otros tanto sino se les combate y contiene.

La Política de Seguridad Democrática puede mostrar unos logros parciales pues ha recuperado el control de la acción estatal en zonas económicamente importantes: Cundinamarca, Oriente Antioqueño y Montes de María. Pero sigue siendo altamente deficitaria en la Amazonia, una parte de la Orinoquia y en el estratégico eje del sur del Tolima, centro del Valle y la troncal a Buenaventura. Allí fue donde las Farc, en su plan de iniciativa militar desarrollado en marzo, logró realizar el 40 por ciento de las acciones que se propuso, una cifra nada despreciable, que no llegó a más por la inteligencia de la fuerza pública y de la policía nacional. Y porque, como dice un experto, “el peor mal de las Farc es que son colombianas”, aludiendo a altos niveles de improvisación.

Entonces ¿qué hacer con Farc y Eln? ¿Seguir invirtiendo el 6.5 por ciento del PIB en gasto de seguridad y defensa por una década más?. Esto nos puede llevar a reducirlas otro tanto, sin garantizar su extinción, manteniendo estos niveles de sufrimiento que nos dejan 200 mil campesinos desplazados por año, mil mutilados por minas quiebra patas, unas regiones donde no hay Estado que funcione por los rigores de la guerra y un estigma internacional de violadores de los derechos humanos, que se perpetua en los ciclos sin fin de la violencia. Y lo peor, un sistema político que no es capaz de tramitar los conflictos sin recurrir a la violencia, tanto desde la izquierda, como de la derecha, lo que nos deja como resultado una precaria democracia.

Por muchas vueltas que le demos al asunto solo hay dos vías para ponerle fin a este prolongadísimo conflicto armado. Una es intentar derrotarlas. Con ella nos quedamos en lo que venimos hace 50 años, una guerra que esta ahí: ni se van a tomar el poder, ni en sueños ni en pesadillas, pero seguirán ejerciendo la violencia y regulando dinámicas sociales, fundamentalmente las ligadas al negocio ilícito del narcotráfico.

Otra opción es combinar la persecución en derecho – sin los crímenes de “los falsos positivos”- con una oferta de negociación.

El país, en un año electoral no puede eludir el tema. Porque lo que sí no va a ocurrir es que estas organizaciones que llevan 50 años con el fusil al hombro, de buenas a primeras lo dejen, como ilusamente hemos escuchado. Esperar eso, no es serio.

El debate está abierto y esperemos que salten al ruedo del debate público todas las voces de esta Colombia plural.

lcelis@nuevoarcoiris.org.co



*Luis Eduardo Celis es coordinador del Programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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