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Opinión

  • | 2016/02/12 16:17

    Uno de los olvidos de Macondo

    La Comisión Internacional de Juristas concluyó en 2005 que "el Ejército y los paramilitares asesinan cada año a un número de personas mayor que el de la dictadura de Pinochet" y que "el Plan Colombia se tradujo en un escalamiento del conflicto armado".

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Antes, es importante aclarar que el problema no descansa, al menos no necesariamente, en el Plan, sino en el uso que la administración 2002-2010 hizo de ella. Por otra parte, también es necesario aclarar que la crítica va dirigida a pasadas administraciones en Colombia y en Estados Unidos, no a las actuales.

Producto de un acuerdo bilateral constituido entre Colombia y Estados Unidos en 1999 bajo la presidencia de Bill Clinton en el norte y de Andrés Pastrana en el sur, nació la Colombia israelita o el Israel de América Latina. Este no fue, sin embargo, el nombre que recibió, sino «Plan Colombia», uno de los mil y un eufemismos con los que el gobierno nacional suele adornar al Estado y su Constitución Política («Estado social de Derecho», «República democrática, participativa y pluralista», entre otros. Adornos aparenciales carentes de ejemplo práctico).

Como la administración Uribe Vélez, el fin u objetivo del Plan Colombia fue la terminación del conflicto armado a través de una presunta estrategia antinarcótica. ¿Antinarcótica? Para prevenir o evitar el tráfico de narcóticos o su consumo basta, como lo han demostrado Canadá, Cuba y Escandinavia, con un bloqueo marítimo o el rigor de la aduana, por un lado, y con la legalización y la educación pública, por el otro, no con la ocupación militar de un país ni con el suministro de armamento, procedimiento más cercano a la guerra civil que a una política pública o de Estado.

En la década de 1990 Colombia fue “el principal receptor de ayuda militar estadounidense en América Latina y también el país en que más violaciones a los derechos humanos se han producido”, según Estados Fallidos del académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.) Noam Chomsky. La relación bélica alcanzó su cúspide en 1999 cuando Colombia –como Israel– se convirtió en el país oficial predilecto de Estados Unidos para la guerra a través del afamado Plan Colombia. Estamos hablando de aproximadamente 1.600 millones de dólares en ayuda militar, según solicitó Bill Clinton al Congreso de Estados Unidos en abril del 2000.

Un estudio de Human Rights Watch (HRW) del mismo año concluye una estrecha relación entre el ejército nacional y los paramilitares durante la década de 1990, es decir, cuando surgió el paramilitarismo. Luego, tras el Plan Colombia, se manifestó con toda su fuerza: Autodefensas Unidas de Colombia (o AUC). Examinemos, por un momento, el ejemplo histórico desde el punto de vista global (internacional) o no lo entenderíamos desde el punto de vista particular (nacional).

La amnesia

Cuando Nicaragua intentó ir hacia el socialismo de la mano de Daniel Ortega (1980) en Washington cundió el pánico a causa del sandinismo (movimiento de izquierda –inspirado en el patriota y revolucionario nicaragüense Augusto C. Andino– en el que se afianzaba Ortega) por lo que comenzaron a financiar el entrenamiento militar de hondureños y costarricenses para que atacaran a Nicaragua desde sus fronteras (los primeros desde Corinto y Puerto Sandino, los segundos desde San Juan del Norte y del Sur). Se trataba de soldados mercenarios y militares sin uniforme conocidos como «Contras» (contrarrevolucionarios) lo que posteriormente pasó a denominarse «paramilitares» o «paramilitarismo».

Esto llevó a Nicaragua a denunciarlos ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas el 9 de abril de 1984 por violación del derecho internacional (referencia del caso: Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua). El 27 de junio de 1986 la Corte se pronunció a favor de Nicaragua reconociendo las «Contras» como paramilitares entrenados y financiados por Estados Unidos y rechazó la justificación presentada por los estadounidenses para haber incurrido en tales actividades. Estados Unidos (administración Reagan) se negó a respetar la decisión de la Corte: indemnizar a Nicaragua por una suma mayor a los 15.000 millones de dólares como consecuencia de la cruenta guerra civil promovida por los estadounidenses en Nicaragua (sin mencionar las decenas de miles de víctimas) por lo que el 3 de noviembre de 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas profirió una resolución que los presionaba a pagar inmediatamente y todavía hoy no lo han hecho y no hay poder alguno que los obligue a hacerlo.

Así ha procedió en el siglo XX Estados Unidos dondequiera que olió a izquierda y de ahí la también afamada «Operación Cóndor» o «Plan Cóndor», el plan de acción invasora e interventora de los Estados Unidos en América Latina (1970-1990) apoyando dictaduras (Batista en Cuba, Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Videla en Argentina, etc.). Luego, la ultraderecha colombiana en el gobierno de turno adoptó en 1999 su propio «Plan Cóndor» bajo la consigna «Plan Colombia». La administración de la década del 2000 o, mejor dicho, la presidencia de Álvaro Uribe Vélez gozó a sus anchas de este plan y, amparada en la máxima de Niccoló Maquiavelli «El fin justifica los medios», dio rienda suelta a un ametrallamiento que acabó con la vida de miles de inocentes posteriormente presentados como guerrilleros abatidos en combate a los fines de justificar la masacre. Es lo que conocemos en nuestra historia de sangre como «falsos positivos» (2008).

El uso que la administración Uribe Vélez hizo del Plan Colombia no acabó con el narcotráfico o con la guerrilla y el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló en octubre de 2009 que “fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de los grupos paramilitares” y “las fuerzas del gobierno cometieron numerosas e importantes violaciones contra los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”. Esto fue posteriormente ratificado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un estudio de la Comisión Internacional de Juristas de Colombia, por su parte, concluyó en 2005 que “cada año son asesinados por las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares una cifra muy superior a las personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años de dictadura del General Augusto Pinochet”. El informe agrega: “El Plan Colombia no solo ha arrojado los resultados anunciados; se ha traducido en un escalamiento del conflicto armado”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, a su turno, registra 1.982 masacres y 5.712.000 colombianos desplazados producto del conflicto armado cuya más cruente época fue bajo la ejecución del Plan Colombia del que gozó Uribe y sus escuadrones de la muerte (década del 2000). También en la Ruta del Conflicto se hace notable el incremento de las masacres por parte de grupos paramilitares en dicho período y, curiosamente, también en Antioquia durante la gobernación del antes mencionado.

Este es el río de sangre que Juan Manuel Santos hoy celebra e invita al país a celebrar. No extraña, pues ya en 2010 bajo su candidatura presidencial dijo en entrevista con la cadena de televisión árabe Al Jazeera, durante su visita a Israel (Estado catalogado como Estado genocida por la comunidad internacional a la luz de sus acciones bélicas contras los palestinos): “Nos han acusado de ser los israelitas de América Latina, lo cual a mí personalmente me hace sentir muy orgulloso”.

El poeta inglés Aldous Huxley (1894-1963), por su parte, insistía: «Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia». Pero esperemos que esta vez el Plan Colombia sí tenga un uso adecuado y tenga como única destinación el posconflicto, el cual Estados Unidos apoya sinceramente y a propósito ha ofrecido su ayuda.

La memoria

El Plan Colombia manejado por Álvaro Uribe hizo de nosotros los israelitas de América Latina. Luego, no es un orgullo sino una pena y una infamia de la que en un mañana no muy lejano podríamos ser condenados por la historia. Esta vez la historia no olvidará, porque ahora que por segunda vez Latinoamérica se está levantando como lo hizo en el siglo XIX con los grandes patriotas (Francisco de Miranda y Simón Bolívar), aparecieron Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos vendiendo algunos de los logros de más de 200 años por un puñado de monedas de plata como las que le sirvieron de pago a Judas Iscariote por parte del Gran Sanedrín judío. El primero con el salvaje uso que hizo del Plan Colombia y, el segundo, con su entreguismo económico. (Sin embargo, se le reconoce profundamente, y también se le felicita enormemente, el proceso de paz que actualmente se surte en La Habana, Cuba.)

Gracias a ellos y a los militares aliados con los paramilitares; a la clase acomodada y anexionista colombiana y al criollo acomplejado que reniega de su raza, hemos hecho cosas penosas. Solemos repetir la frase: «Que Dios nos coja confesados», pero sin hacerlo de forma automática, razonaríamos: «Dios jamás aceptará que Uribe ni Santos vuelvan a confesarse, porque este prometido delito sumado a otros muchos e imperdonables hace de ellos unos pasajeros sin retorno al mismísimo infierno de Dante».


davidbustamantesegovia.blogspot.com

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