Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2005/05/22 00:00

El plan B

Por absurdas que sean las garantías que pide el liberalismo, el Presidente puede concederlas todas sin que disminuyan sus opciones reelectorales

El plan B

No hay nada más anunciado que la estrategia del Partido Liberal y del Polo para deslegitimar la reelección de Álvaro Uribe: levantarse de la sesión en la que se votará el proyecto de garantías electorales, sin importar qué y cuánto les conceda el gobierno.

Y hay que reconocer que este plan B, como ya se le conoce, es inteligente.

El voto 'pelado' del uribismo en el Congreso, sin necesidad de un solo voto de la oposición, alcanzaría para aprobar la ley de garantías electorales que quiere el gobierno. ¿Pero, qué legitimidad tendrían unas elecciones en las cuales la oposición pudiera alegar que carece de garantías democráticas?

Lo que pide el Partido Liberal en su proyecto de garantías es tan duro, y en algunos aspectos tan absurdo, que está diseñado para producir lo que se pretende: que el uribismo no lo acepte, o que le acepte muy poquito.

Es absurdo, por ejemplo que, aprobada la reelección, se prohíba, como pretende el proyecto liberal, que los principales colaboradores del Presidente hagan política. Por ese camino se llegaría al extremo, para poner un ejemplo, de que si el Presidente dice que los colombianos deben votar por él porque bajo su gobierno se ha reducido drásticamente el secuestro, el Ministro de Defensa tenga que quedarse callado o decir, para "no hacer política", que el Presidente está exagerando. O que el Ministro de Hacienda no pueda defender las cifras económicas, porque estaría haciendo política, o que la Canciller no pueda defender los logros diplomáticos, porque estaría haciendo política, y así sucesivamente.

Es absurdo también que el liberalismo exija en su proyecto, para sentir que tiene garantías democráticas, que el Presidente suspenda sus consejos comunitarios. O sea, que Uribe tiene que cambiar su estilo de gobierno, el que ha escogido como gobernante desde su primer día de Presidente, porque el contacto con el pueblo es considerado por la oposición como una falta de garantías.

Es absurdo igualmente que en el proyecto del liberalismo, cualquier cosa que haga Uribe como gobernante, y que despierte el interés de los medios como noticia, desde la más rutinaria, nimia, cotidiana, hasta la más trascendental, implique que los demás candidatos deberán obtener el mismo tiempo en el mismo medio para replicar, o para sentir que tienen equilibrio informativo. Se volverá insoportable el oficio de informar con independencia, o el derecho de ser informado.

Y en cuanto a la financiación de las campañas, el liberalismo propone que el 90 por ciento sea pública y que sólo el 10 por ciento sea privada, con dos castigos para el aportante: que aquél que colabore financieramente con la democracia recibirá automáticamente el castigo de no poder volver a contratar con el Estado, o la prohibición de ser funcionario público. Y que todos los aportes privados irán a un fondo común, que se distribuirá equitativamente entre todos los candidatos. O sea que si yo quiero hacer un aporte para ayudar a la elección de X candidato, automáticamente estaré colaborándoles financieramente a todos los demás, así sea al que me parezca más peligroso para conducir los destinos del país.

Y ahora sorpréndanse: públicamente le pido al gobierno que retire su ponencia, y que acepte todas las pretensiones de la ponencia liberal, sin cambiar una coma.

¿Por qué?

Porque por absurdas o extremas que sean las garantías que pide el liberalismo, el Presidente puede concederlas todas, sin que por ello disminuyan sus opciones reelectorales y, en cambio, dejaría sin argumentos a sus opositores.

¿Qué diferencia hay para Uribe que la financiación sea, entre pública y privada, 75-25, como lo propone el gobierno, o 90-10, como lo propone el liberalismo?

¿Qué daño le hace al Presidente suspender durante cuatro meses los consejos comunitarios, que lo desgastan en 12 horas consecutivas de intenso trabajo? ¿No será más bien que el pueblo se pone de su lado, cuando se haga público que la oposición le impide al Presidente visitar a las comunidades?

¿Qué perjuicio le hace a Uribe que sus opositores salgan en la televisión cuantas veces sea físicamente posible, durante el tiempo que lo permita la programación y que lo toleren los televidentes?

¿Qué desventaja puede causarle a Uribe que sus funcionarios más allegados tengan que limitarse a responder preguntas técnicas durante los cuatro meses de prohibición de hacer proselitismo?

La oposición ha puesto un proyecto sobre la mesa, en el que están contenidas todas sus pretensiones para sentir que tiene garantías políticas fundamentales.

Si el gobierno retira su proyecto y acepta el de la oposición, ya no habrá pretexto para aplicar el plan B, porque nadie podrá alegar que las próximas elecciones no gozarán de toda la legitimidad necesaria al contar con el marco de unas garantías plenas.

Pero, sobre todo, el presidente Uribe tendría un acto de grandeza política.

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