El poder de las petroleras

La decisión adoptada por el Ministerio de Minas de otorgar dos contratos de exploración y producción de petróleo a Ecopetrol, Repsol e YPF, en una zona de gran riqueza coralina cerca de la isla de Providencia, demuestra que la política ambiental de este gobierno no la está imponiendo el Ministerio de Medio Ambiente sino el de Minas. Y eso, en términos prácticos, es lo mismo que poner a un ratón a cuidar un queso.

Solo así se explica que estos dos contratos hayan sido otorgados precisamente en una zona declarada por la Unesco como Área Marina Protegida de la Reserva de la Biosfera, Seaflower, en virtud de su especial importancia ecológica, económica, social y cultural.

Quienes hemos conocido esos corales y los hemos buceado sabemos que se trata de un rico ecosistema que ha logrado sobrevivir milagrosamente y que les ha permitido a los isleños vivir de una pesca artesanal de la que muchos derivan su sustento. Pero además, la idiosincrasia cultural de la isla de Providencia, que el Estado está llamado a defender y a respetar, está unida íntimamente a estos arrecifes, que podrían desaparecer si este proyecto se sigue impulsando desde los sillones de Bogotá sin saber cuáles son sus consecuencias para las comunidades de este archipiélago, situado además justo en la frontera más sensible con Nicaragua.

Los raizales de Providencia no solo han sido unos convidados de piedra, sino que han visto cómo el tema ha ido avanzando en el Ministerio de Minas, desconociendo las mínimas normas ambientales. En 2005 se hicieron los primeros estudios de sísmica y, según un derecho de petición presentado por la Fundación Providence al Ministerio de Medio Ambiente, estos se hicieron sin la licencia ambiental requerida. En 2008 se hizo otro estudio de sísmica que solo contó con un estudio de viabilidad ambiental y no con una licencia. Como si esto fuera poco, en ningún momento las empresas cumplieron con el requisito de la consulta previa a la comunidad: los isleños se enteraron de lo que se les venía pierna arriba por las noticias.

La indignación de la comunidad raizal en Providencia fue de tal tamaño que, a comienzos de marzo, los liberales Jack Housni, representante a la Cámara por San Andrés y Providencia, y Simón Gaviria, entre otros, consiguieron meter un párrafo en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el que se decía que se excluían de la exploración petrolífera los ecosistemas de arrecifes coralinos y además se señalaba que aquellas exploraciones que hubieran sido adjudicadas deberían quedar revocadas. Desde entonces, el 'articulito' ha sido sacado y vuelto a meter por lo menos tres veces en el Congreso, y ya en su última versión apareció recortado: en ella el texto dice que puede haber exploración, siempre y cuando no sea en los corales. No se necesita ser Jacques Cousteau para saber que esto es un imposible. Hacer la exploración a un kilómetro de distancia de los corales también acabaría con ellos, comenzando por el descalabro que ocasionaría el paso de los navíos.

A pesar de que los argumentos del Ministerio de Minas son deleznables, ni el Ministerio del Medio Ambiente ni la alta consejera Sandra Bessudo, tan preocupada por las especies marinas, han fijado su posición pública (en un programa de Canal Capital, ella me respondió que el gobierno había abandonado la idea de hacer allí exploraciones, pero en la práctica su voz no se ha oído).

Los intereses que se mueven en este asunto son muy grandes. Las petroleras ya tienen de su lado al gobernador Pedro Gallardo y a los hoteleros. Del otro lado hay una comunidad raizal indignada, que mira cada vez con más recelo al gobierno central.

Para evitar que este tema se le pueda convertir en un segundo Santurbán, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó hace unas semanas que el proceso se suspendía, "hasta tanto las autoridades ambientales se pronuncien sobre todas las condiciones necesarias para realizar actividades en las áreas asignadas".

Y como las autoridades ambientales no se han pronunciado ni se quieren meter en el baile, lo más probable es que el Ministerio de Minas siga avanzando en esta explotación y se lleve de calle esos ecosistemas marinos de la misma forma como la Drummond se cargó las playas de Santa Marta hace unos años, apoyada por los políticos y los hoteleros.

La política ambiental en torno a la forma como se va a explorar el suelo marino no puede depender de un 'articulito' ni puede ser impuesta por las petroleras. Por esa vía vamos a terminar concediendo exploraciones hasta en la Ciénaga Grande de Santa Marta.