El poderoso ciudadano

Es muy reciente el antecedente que existe de un jefe de Estado atacando al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ocurrió hace nueve semanas en la convulsionada Pakistán. El presidente Pervez Musharraf, para impedir "el suicidio de la nación" por la acción de grupos extremistas islámicos y "las injerencias judiciales" que cuestionaban su nueva reelección, decidió destituir y detener al presidente de la Suprema Corte, Ifikar Muhamed Chaudry.

Esta semana, en Colombia, el Presidente de la República denunció penalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia. Lo acusa de los delitos de injuria y calumnia porque el magistrado afirma que, en una llamada telefónica ocurrida poco después de que la Corte llamara a indagatoria al senador Mario Uribe, el Presidente mencionó el nombre de ese congresista y primo suyo.

El tema es especialmente sensible porque Mario Uribe no es un senador más. Además de ser familiar del Presidente, ha sido su mano derecha desde el inicio de su carrera política. Juntos fundaron el llamado 'sector democrático' del liberalismo en Antioquia. Ese movimiento, con los años se convirtió en el partido 'Colombia Democrática', cuyos tres senadores electos (Miguel de la Espriella, Álvaro García y Mario Uribe) están hoy vinculados a la investigación por la para-política.

Como si le faltaran ingredientes al asunto, Mario Uribe ha sido socio en negocios de tierras del Presidente de la República y de otros miembros de su familia.

Por todo eso, es muy claro el interés personal que tendría el Primer Mandatario en la suerte de su primo. Y, por consiguiente, lo inconveniente que resultaba su llamada al presidente de la Corte, justo después de que el máximo tribunal había llamado a indagatoria al senador Uribe. Si el Presidente necesitaba comunicarle algo a la Corte, especialmente ese día, podría haber recurrido a una comunicación formal y escrita que evitaría los equívocos de ahora.

Pero no fue así. Por eso surgió la denuncia y de su mano la sensación de que el Ejecutivo quiere asustar y someter a la Corte que se ha atrevido a investigar a los políticos aliados de los paramilitares.

La denuncia contra el magistrado, presentada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, empieza aclarando que el mandatario acude a la justicia, como un simple ciudadano: "Álvaro Uribe Vélez, en mi calidad de ciudadano colombiano, identificado tal como aparece al pie de mi correspondiente firma y víctima de los delitos cometidos por el doctor César Julio Valencia…".

Pero, si el doctor Uribe acude a la justicia como simple ciudadano, ¿por qué ha usado bienes y símbolos del Estado para promocionar la querella y atacar a su contraparte?

La Secretaría de Información y Prensa de la Casa de Nariño ha emitido varios comunicados contra el presidente de la Corte. Dichos comunicados, encabezados con el escudo nacional, han sido difundidos por los medios oficiales, entre ellos la página web de la Presidencia de la República.

El modesto ciudadano, cita tres testigos a su favor. Olvida mencionar que son sus subalternas. Su secretaria privada, Alicia Arango, y las embajadoras Claudia Blum y Carolina Barco. Si este fuera un proceso jurídico -y no político- sería evidente la tacha de las citadas, quienes fueron nombradas y pueden ser removidas por el denunciante.

La comisión de la Cámara que investigará, y seguramente acusará al magistrado Valencia, está compuesta por 15 representantes. Diez de ellos son miembros de la coalición del gobierno.

No es difícil imaginarse cómo va a terminar un proceso que arranca con una irregularidad desde la presentación misma de la denuncia. En efecto, el sello de recibido en la Comisión, dice: "Santafé de Bogotá. 24 de enero de 2008. La anterior querella penal fue presentada personalmente por su signatario; señor Álvaro Uribe Vélez, quien se identificó con la cédula…". (Ver Semana.com)

Sin embargo, es imposible que el querellante la haya presentado personalmente. Ese día, el Presidente estaba en Suiza.