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Opinión

  • | 1998/11/30 00:00

    EL PRECEDENTE DE PEREA

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Me cuento entre los radioescuchas que sintonizaban de inmediato otra emisora cada vez que el locutor deportivo Edgar Perea aprovechaba que el balón había salido del campo, durante una narración de fútbol, o que sus compañeros de debate le daban papaya en su programa de polémica deportiva, para llenar de elogios a Ernesto Samper y su gobierno, para cantar su voto por Horacio Serpa o para insultar a aquellos que no estuvieran de acuerdo con él sobre su presidente o sobre su candidato. Siempre me pareció una falta de respeto en dos sentidos: por un lado, sonaba fuera de tono que en un programa de deportes le tocara a uno, por obligación, tener que oír hablar de política; y por el otro, ganarse una insultada de ñapa por no coincidir con los gustos políticos del negro Perea. Pero me cuento también entre los colombianos indignados por una decisión tomada por el Ministerio de Comunicaciones, dos días antes del cambio de gobierno, de sacar del aire durante tres días a Caracol como sanción por los comentarios políticos de Edgar Perea. La decisión fue tomada por vía administrativa, lo cual significa que un determinado funcionario decidió, él solito, que la actitud de Perea era inaceptable y por lo tanto saca del aire a toda una cadena radial. El asunto es gravísimo por donde se le mire. Es una aplicación unilateral y arbitraria de una medida de censura, sin mediar una instancia judicial entre el hecho que se busca castigar y el castigo. Es además una censura a una determinada posición política, porque no fueron sancionadas las emisoras con periodistas igual de lambones al negro Perea pero del otro bando, que con cualquier pretexto (informativo, deportivo, cultural o de servicio comunitario) arengaron a sus oyentes con descaro durante la campaña para que votaran por Andrés o para que atajaran a Serpa. La censura no cabe para nadie. Salvo si sus afirmaciones son calumnias, injurias o cualquier tipo de comportamiento delictivo (caso del que se ocupan entonces los jueces, no los burócratas), la única sanción que puede recibir un tipo como Perea es que el radioescucha lo castigue cambiando la emisora. Pero jamás un funcionario cualquiera que por motivos personales (odios, amores, inclinaciones políticas, racismo o afán por ascender) puede tener la autonomía para decidir qué se dice o qué no se dice a través de un micrófono. Hace algunos años fue sancionada Caracol, con un día entero fuera del aire, cuando Yamid Amat se brincó una disposición sobre divulgación de encuestas electorales y reveló el último sondeo de opinión tomado en las urnas, cuando aún no había llegado la hora del cierre de las elecciones en el país. La autoridad electoral podía decir entonces que el no cumplimiento de la norma indujo a los electores a adoptar una determinada actitud debido a la publicación de una cifra que anticipaba el resultado, por parte del noticiero de Amat. La cadena radial fue castigada con todo un día de silencio. Lo de ahora quiere decir que para el Ministerio ser samperista o serpista, a la manera de Perea, es un delito de opinión que se castiga con una condena tres veces mayor a aquélla. Yo paso cuatro horas diarias hablando por un micrófono de radio, y no tengo la menor idea de cuál es la definición específica de ese tipo de actitud profesional ni cómo se cataloga ese tipo de programa. Un rato se habla de política, otro de deportes, más tarde de violencia, un poco de economía, después alguien echa un chiste y al momento un oyente pide un favor. Pero, sobre todo, de una manera o de otra, uno siempre está expresando su opinión sobre mil temas, muchas veces políticos. El precedente con Edgar Perea se convierte en una espada de Damocles sobre las cabezas de todos los periodistas de radio y televisión, que están en la misma situación técnica como comunicadores y como usuarios del espectro electromagnético que es propiedad del Estado. Es decir, que cualquier día cualquier funcionario de cualquier nivel puede salir a aplicar la censura sin tener que dar siquiera una explicación. Tal situación es, por supuesto, inaceptable.Aquí cabría un discurso sobre tolerancia, sobre de qué manera la verdadera democracia consiste en aceptar la existencia de las ideas contrarias, etc., etc. Pero me da pereza echar carreta teórica sobre un acto de arbitrariedad, frente al cual lo único que hay que decir es que el funcionario de marras se vaya para el carajo, y punto.
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