Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2009/04/25 00:00

El principio delfín

Los señores Uribe rehuyeron la posibilidad de hacer un debate cara a cara conmigo. Debate que sigo dispuesto a dar con las pruebas de lo que he afirmado.

El principio delfín

Ya hay un hecho innegable: Tomás y Jerónimo Uribe se han enriquecido, y seguirán enriqueciéndose, por cuenta de decisiones de funcionarios, entre ellos algunos subalternos directos de su padre. La huella quedó en sus propios libros. Unos activos avaluados en menos de 34 millones de pesos pasaron, en un solo día, a costar más de 3.000 millones. Todo por una decisión del gobierno nacional que declaró Zona Franca unos lotes comprados dos años antes, en diciembre de 2006, por una fiducia constituida por una empresa controlada por los hermanos Uribe.

Ante la imposibilidad de negar esta verdad probada, los hijos del Presidente han buscado desviar el debate hacia recovecos técnicos. Han usado de manera deliberadamente equívoca algunas normas. Y han querido atribuirme afirmaciones que no he hecho. Por fortuna, ustedes pueden ver cuando quieran la columna 'Sobrados de Lote', publicada en la edición anterior de SEMANA.

Los señores Uribe rehuyeron la posibilidad de hacer un debate cara a cara conmigo. Debate que sigo dispuesto a dar con las pruebas de lo que realmente he afirmado y con lo que aún me falta por decir.

Para empezar, desmintieron que hubiesen comprado por hectáreas, los terrenos que ahora se venden por metros cuadrados. Alegan que con el vendedor, Bavaria, negociaron en metros cuadrados. Ellos pueden haber negociado en acres o yardas, pero los documentos públicos de compra, que son las escrituras, demuestran que la adquisición se cumplió usando como medida principal las hectáreas. En contraste, las ventas están escrituradas en metros. (Ver documento).

Aseguran que esos suelos eran industriales antes de que ellos compraran y argumentan que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mosquera del año 2000 los clasificaba como de "expansión industrial". Los señores Uribe pasaron por alto aclarar que "industrial" es diferente a "expansión industrial".

Mientras el suelo "industrial" se puede desarrollar como tal, el de "expansión" está reservado a planes futuros y sólo se puede industrializar después de que la autoridad expida un Plan Parcial específico para la zona. La norma establece que sin ese Plan Parcial sólo se permite el uso agrícola o forestal, aunque sea zona de expansión según el POT. (Ver documento).

Lo que permitió expandir la zona industrial fue un decreto de la Alcaldía de Mosquera, de agosto del año 2007, que adoptó en tiempo récord el Plan Parcial, ocho meses después de la compra de los lotes. (Ver decreto).

Pero esa no fue la única ayuda que los Uribe recibieron de la Alcaldía de Mosquera, cuyo titular era Álvaro Rozo. Otro decreto, emitido después de la compra, cambió el índice máximo de ocupación de los lotes de la zona. Antes sólo se podía construir en el 50 por ciento del terreno; con la norma de abril de 2007, ese índice pasó al 75 por ciento. Esto quiere decir que por voluntad de la Alcaldía, el área utilizable para construcción en cada lote creció y con ella los ingresos. (Ver cambio a la norma). Un porcentaje nada habitual en la Sabana de Bogotá y que le da a esta Zona Franca una ventaja sobre cualquier otra de la región. (Ver cuadro comparativo).

Por eso llama la atención que ALC, una empresa de tres hijos y dos hermanos del alcalde Rozo, terminara comprando parte de esos predios beneficiados por sus decisiones. (Ver documento).

Los hijos del Presidente sostienen que no le vendieron a la familia del alcalde a precio de ganga, las cifras dicen otra cosa. Cuando ellos compraron por hectáreas, el metro cuadrado les salió en 24.600 pesos. (Ver documento). Cuando les vendieron a los familiares de Rozo los lotes A y D, producto de la subdivisión, el precio por metro fue de 19.000 pesos. Es decir, perdieron más del 22 por ciento de la inversión inicial. (Ver documento).

La mejor prueba del trato preferencial que tuvo la empresa ALC, en la que hoy tiene oficina el ex alcalde Rozo, son los precios de venta para otras personas. Dos días después del negocio con ALC, el fideicomiso de los Uribe vendió otros dos lotes identificados como B y C -a lado y lado de los de los Rozo- por 53.300 pesos el metro cuadrado, con una utilidad del 116 por ciento sobre el precio inicial. (Ver documento).

Tomás Uribe me desafía, además, a que demuestre que su empresa se reservó terrenos en la zona. Pues bien, una escritura de mayo de 2008 comprueba que el fideicomiso transfirió el beneficio del lote E a su empresa Residuos Ecoeficiencia. (Ver documento).

La semana entrante les hablaré de las mentiras del Ministro de Comercio y les mostraré que hay una falsedad en la resolución de la Dian que creó la Zona Franca de Occidente.

Por ahora, quedan a la vista algunos de los discutibles principios y procedimientos que guiaron este negocio multimillonario.

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