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Opinión

  • | 2014/05/07 00:00

    El procurador presunto responsable, no la justicia

    Ha marcado la pauta la imprudencia en la interpretación de las normas pues ha sido la bandera al querer buscar sanciones en un caso que tiene el origen en un modelo económico y no en lo judicial.

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En un futuro, no muy lejano, se podrán encontrar libros en las facultades de derecho que contemplen un capítulo tal vez denominado: “Casos irregulares de la justicia”. Muy prudente el nombre del capítulo. Pero en la medida que se avance en su lectura se podrán encontrar párrafos que citen la estrepitosa manufactura jurídica utilizada en la segunda década del siglo XXI. 

Se podrá leer entre líneas que algunos miembros que trabajaron con entidades del orden ejecutivo, encargadas de vigilar y prevenir, quisieron mezclar conceptos (incluso de disciplinas ajenas al derecho) sin considerar el orden institucional; de eso resultó un Frankenstein jurídico. Ante ello, las cortes, en razón a que no existía una teoría clara sobre ese tipo de monstruos se paso al caos judicial, pues según se evidenció no existía doctrina. Pero en el capítulo más adelante se dirá que el experimento sirvió para la actualización de las normas, profundizar en la investigación jurídica desde la academia y lograr la construcción de una nueva doctrina y verdadera justa justicia. Así terminaría el capítulo.

En virtud a lo expresado, sin dejar de lado el desorden judicial, antes de acusar a la justicia puesto que se dejó usar, es importante analizar quién uso la normativa jurídica de manera equivocada, en forma extralimitada y por fuera de las facultades que le confiere la Constitución. Las cortes y los jueces han cumplido su responsabilidad pero por lo visto sin la doctrina que corresponde aplicar al espantajo.

Partimos del hecho que vivimos en un estado democrático donde la institucionalidad se representa a través de normas jurídicas. Un Estado en donde las reglas de la sociedad se materializan en las leyes y los decretos. Pues son el mecanismo, así estén equivocadas, que permite estandarizar las actuaciones de las personas tanto naturales como jurídicas. Lo anterior conduce a una obediencia obligada toda vez que se muestra como una orden suprema.

Ante el presunto orden creado, en últimas fue una burla la expedición de aquel fallo que buscaba la destitución de un alcalde que pretendía terminar con estructuras oligopólicas. Fue una burla pues según lo dicho se violó la libre competencia. Lo paradójico es que por un lado se abogó por ello pero por otro no se miraron las estructuras oligopólicas existentes las cuales tampoco permite la libre competencia. Entonces, ¿qué buscaba el fallo al hablar de libre competencia violada? 
Las cortes y la institucionalidad judicial siguieron las señales equivocadas y en razón a ello se han presentado diversas y sesgadas decisiones. Es decir han pretendido buscar respuestas con jurisprudencia que no aplica al Frankenstein administrativo que algunos abogados quisieron inventarse y que además pretendían que fuera aceptado a ojo cerrado por el hecho de emanar de una institución que representa la disciplina.

Tan equivocado se encuentra el engendro, además ponzoñoso, que en últimas le ha caído la responsabilidad al presidente del República. Peor aún, ahora son sus abogados los que buscan sustento jurídico para detener el agua sucia que les ha caído. ¿Por qué no pensaron sobre el futuro desenlace los doctrinarios que proyectaron el documento de destitución?

La creación de duda ha sido la herramienta estratégica según los intereses. En cada etapa de esta historia se han nombrado responsables y de acuerdo a ello así la ciudanía se ha expresado en sus comentarios. Le llegó el turno al presidente de la República dentro de la trama. No obstante, entrar en ese juego es también hablar sobre Frankenstein y asimismo es debatir sobre construcciones inserías. Es adecuado para el presidente Santos asumir una posición alejada de la novela y no dejarse amedrentar de los comentarios y presiones que salgan del Ministerio Pública, pues creo que perdieron credibilidad.

Lo único claro es la confusión jurídica. La improvisación administrativa en el campo jurídico. Ha marcado la pauta la imprudencia en la interpretación de las normas disciplinarias pues ha sido la bandera al querer buscar sanciones en un caso que tiene el origen en un modelo económico y no en lo judicial. 

Ahora dicen: “Pobre Bogotá.” No. No es esa la expresión. Pues es irreal y por ello también puede conducir a la búsqueda de la fiebre en las sabanas. Aquellos que dicen: “pobre Bogotá”, hicieron un aporte para engendrar al Frankenstein jurídico, nacido en Bogotá. La Capital no tiene la culpa que el esperpento haya nacido. En consideración, ahora no es transparente meter actores o contextos ajenos a la realidad.

*Magister en Economía.
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