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Opinión

  • | 2008/11/01 00:00

    El próximo atentado terrorista

    Las Farc están mejorando su capacidad de hacer atentados en las ciudades, mantenerlos en secreto y hacer sentir culpable a la sociedad porque no busca la paz. ¿Cómo enfrentar este nuevo reto de seguridad?

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El terrorismo es un juego político desarrollado con herramientas militares. Cuando un grupo radical recurre a esta táctica está reconociendo implícitamente que carece de suficiente capacidad armada para desafiar frontalmente al Estado y sus fuerzas de seguridad. Como alternativa para compensar esta debilidad, la organización dirige sus golpes hacia los pilares del sistema político con la esperanza de provocar su derrumbe. Precisamente esta mezcla de acción armada y estrategia antidemocrática que define el terrorismo obliga a responder a la escalada de las Farc en Bogotá y otras ciudades colombianas, a través de un esfuerzo que combine un fortalecimiento de la seguridad con una movilización política frente a la violencia.

A medida que las Farc se hunden en una crisis estratégica sin precedentes, han buscado mantener su influencia en el escenario político en un momento en que su capacidad armada se encuentra bajo los niveles mínimos. Este intento de “hacer más con menos” se ha traducido en una apuesta por proyectar la guerra a las ciudades donde unos pocos golpes espectaculares pueden conmover la confianza en el gobierno. Para ello, la guerrilla ha recurrido a dos tácticas.

La primera, ha buscado desbordar la capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger las ciudades, multiplicando los intentos de infiltrar comandos desde el campo que ataquen en la ciudad. De ahí las decenas de carros bomba interceptados en los últimos meses por la Fuerza Pública.

La segunda, han logrado que sus estructuras en las ciudades sean más impermeables a los esfuerzos de las agencias de la inteligencia, y por eso han conseguido hacer los recientes atentados en Bogotá, Cali o Neiva. En este esquema, la guerrilla ha adjudicado a las zonas rurales el papel de retaguardia donde se ocultan sus líderes, se entrenan sus combatientes y sobre todo se generan los recursos a través del narcotráfico y la extorsión para mantener toda la maquinaria de terror en marcha.

La respuesta de la Fuerza Pública al pulso estratégico de las Farc demanda un fortalecimiento de la seguridad urbana. Para ello, es imprescindible dotar de mayor seguridad a edificios y a las personalidades que ocupan los primeros puestos en las listas negras de los terroristas, así como vigilar los lugares públicos –desde hoteles, hasta vías concurridas.

Pero además, es necesario intensificar el esfuerzo de inteligencia para poder desmantelar estructuras terroristas que han cambiado radicalmente tanto en los patrones de comportamiento operativo como en el perfil de sus integrantes. La única opción para prevenir las consecuencias humanas y políticas de un atentado es anticiparse al mismo y el único modo de disponer de la información imprescindible para adelantarse al ataque es contar con un aparato de inteligencia suficientemente profesional como para proporcionarla.

Las medidas de seguridad urbana deben ir acompañadas de más presión en el campo sobre la guerrilla. A medida que la Fuerza Pública penetra en los baluartes donde se refugia la cúpula de la organización o golpea sus estructuras logísticas, se reducen las posibilidades de las Farc de intensificar sus acciones en las ciudades y destinar recursos a algo distinto de su propia supervivencia. Una vez más, una parte clave de la seguridad de Bogotá, Cali o Neiva se decide en lugares como el Sumapaz, el Caguan o los Farallones.

La de fortalecer la seguridad urbana es solamente una parte de la estrategia necesaria para derrotar a las Farc. La otra mitad es un esfuerzo de concertación política contra el terrorismo. El objetivo de los terroristas es confundir y polarizar hasta provocar el colapso del escenario político. Con la confusión, se intentan justificar los atentados como respuesta a la supuesta represión gubernamental, borrando las indiscutibles diferencias entre una banda armada y un Estado sometido a restricciones y controles democráticos. Con la polarización, se busca romper los consensos que sustentan el sistema político, alimentando las recriminaciones entre gobierno y oposición sobre las responsabilidades de uno y otra en la violencia.

Para confrontar esta estrategia desestabilizadora, la alternativa es avanzar hacia la formalización de un acuerdo político de amplia base sobre dos principios fundamentales: un rechazo explícito y sin concesiones al uso de la violencia con fines políticos y un respaldo abierto a las instituciones estatales en su papel de instrumentos para proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar el respeto a la ley y hacer posible el juego democrático.

Para alcanzar este compromiso, se deben evitar dos trampas. Por un lado, buscar culpables de la violencia distintos de los terroristas, con argumentos como que es la falta de voluntad de negociación del gobierno la que ha impedido avanzar hacia la paz. Esto es como endilgar los crímenes de un delincuente a la incapacidad de sus víctimas para convencerlo de que deje de matar. Por otra parte, subestimar la amenaza suponiendo que existen asuntos más graves que la existencia de una minoría dispuesta a matar para imponer su voluntad.

De este modo, sería posible hacer visible un acuerdo político general que aisle a los violentos, unifique a los demócratas y cree las bases para avanzar hacia mayores consensos en política antiterrorista. Sería un paso decisivo para consolidar la Política de Defensa y Seguridad Democrática con vistas a derrotar definitivamente a las Farc y al resto de los grupos armados que ensangrientan el país. Después de las masivas manifestaciones del pasado febrero parece claro que una inmensa mayoría de ciudadanos apoyarían este paso.

 


*Román D. Ortiz  es coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Ideas para la Paz


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