El reclamo de Íngrid: rabia en el corazón

“Es insoportable mirar los riesgos que hacemos correr a nuestros militares para ir a buscar a esas personas en zonas peligrosas donde tenían prohibido irse.” “Eran inconscientes”. “Actuaron en contradicción de las consignas de seguridad” “La opinión pública debe saber cuánto costó esta búsqueda”

¿Álvaro Uribe? ¿Juan Manuel Santos? No… Esas palabras son las que según la prensa francesa, el Presidente francés Nicolas Sarkozy, pronunció en diciembre del año 2009, después de que el ejército francés gastó 1 millón de euros en la búsqueda de dos periodistas franceses desaparecidos en Afganistán, mientras hacían un reportaje sobre la seguridad en una región peligrosa de este país.

El caso generó cierta polémica en Francia. Un sindicato de periodistas respondió que los reporteros secuestrados no hacían sino su trabajo y no tomaron más riesgo que la normal.

Independientemente de la responsabilidad que tenga una persona de meterse en problemas cuando ha sido advertido de los riesgos de ir a regiones en conflicto, es cierto que el Estado tiene la suya de proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, algo diferente es tener que asumir los costos de esta protección. En varios países europeos, hoy en día, el Estado (o sus entidades territoriales) puede cobrar a sus ciudadanos los gastos de rescate si ellos arriesgaron su vida con plena conciencia de los riesgos. Por ejemplo, si uno fue rescatado porque se encontró en peligro nadando en una playa donde estaba indicado “playa no protegida, fuertes corrientes”, el Estado, que tiene la obligación de protegerlo, lo hará pero puede cobrar a este ciudadano los gastos ocasionados por su rescate.

Desde el punto de vista legal, el caso de la demanda de la familia Betancourt puede ser más complicado. Yo no soy abogado, pero, me imagino que, a pesar de que todo parece indicar que Ingrid recibió múltiples advertencias (inclusive escritas) de no ir por carretera a San Vicente del Caguán, su familia consultó a eminentes abogados nacionales o internacionales que le dijeron que existía la posibilidad de pedir indemnización por los perjuicios que, en opinión de ellos, les fueron causados con ocasión del secuestro. Si eso es cierto, no quiero pensar en las implicaciones que un fallo en este sentido generaría a título de jurisprudencia para las otras personas que fueron secuestradas por actores armados ilegales en Colombia.

En otros países, sin embargo, hubiera sido el Estado el que hubiera demandado a Ingrid Betancourt por las vidas perdidas y los costos ocasionados por su cuestionable decisión.

En marzo de 2008, por ejemplo, Reinhilt Weigel, ciudadana alemana, fue condenada por el Tribunal Superior Administrativo de Berlín a devolver al fisco alemán los 13 mil euros que la Embajada alemana en Bogotá pagó por el alquiler del helicóptero que la trasladó desde una zona rural de Valledupar hasta Bogotá, después de haber sido secuestrada por el ELN en compañía de otros siete turistas extranjeros, en septiembre de 2003. Básicamente, el Tribunal le estaba reclamando el pago de una parte de las “gestiones” del gobierno alemán, cobrándole su decisión de internarse por su cuenta y riesgo en una zona conflictiva de Colombia.

¿Porqué no hacer lo mismo en este caso? La familia de Ingrid está pidiendo reparación por 15 000 millones de pesos por los daños sufridos. Pero entonces habria también que hacer las cuentas de cuánto costó al Estado colombiano (sin hablar del francés) las múltiples gestiones e operaciones que condujeron a su rescate y miramos quién debería indemnizar a quién y por cuanto.

Puede ser que desde el punto de vista legal, las cosas no sean tan sencillas .Sin embargo, desde un punto de vista ético y ciudadano, esta demanda no solo no deja de sorprender, sino que choca. Como decía el titulo de un best seller publicado hace algunos años, esta historia da rabia en el corazón.