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Opinión

  • | 2016/11/26 14:45

    "El refrendazo"

    A pesar de haber llegado a algunos acuerdos sobre otros puntos, es claro que no se pudo construir el necesario y anhelado “acuerdo político”.

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El preámbulo de la Constitución Colombiana enuncia de manera clara que EL PUEBLO DE COLOMBIA es quien la decreta, sanciona y promulga. En su artículo 3 establece que "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece."

La soberanía del pueblo es entonces la fuente y raíz profunda del poder público.  Nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a ejercer esa soberanía,  bien sea de manera directa, es decir, a través de la democracia participativa,  o  por medio de la democracia representativa, es decir, a través de los representantes que elegimos. Nuestros representantes no nos pueden reemplazar, solo nos deben representar. Si se elimina la dimensión participativa de los ciudadanos en un Estado de Derecho, privilegiando la idea de que sus representantes, por el hecho de serlo,  reemplazan la voluntad popular, podríamos terminar cayendo en los oscuros terrenos de los “partidos políticos únicos y oficiales”, que hoy controlan los destinos de los ciudadanos en los estados totalitarios.

Como una expresión de un injustificado, y como se verá más delante, inconstitucional  predominio de la dimensión representativa  sobre la participativa, el Gobierno y una gran parte del Congreso, está armando un cuestionable e inédito  andamiaje para “refrendar” lo acordado con la Farc, que tanto en términos jurídicos como políticos,  terminaría deslegitimando todo el proceso y echando por la borda 6 años de negociación. Tras la solicitud del Presidente Juan Manuel Santos, por primera vez en la historia de Colombia una "política pública", término que utilizó la propia Corte Constitucional para nombrar el acuerdo de paz, nacería a la vida política y jurídica del país mediante una decisión del Congreso que sería aprobada tras solo dos sesiones y con mayorías simples, es decir con el voto afirmativo de los "presentes" y no de los “miembros” de ambas cámaras.

En respuesta a la solicitud del Gobierno, Oscar Mauricio Lizcano Arango, actual presidente del Congreso, ha dicho que se recurrirá al mecanismo establecido en el artículo 244 de la Ley 5ª  de 1992, según la cual el Congreso puede "formular observaciones al Gobierno" que solo pueden versar "sobre los motivos de la gestión gubernamental o propósitos de la conducta de los funcionarios en cuestiones de política general". Según la ley 5ª, al final del proceso, el Congreso puede aprobar una "proposición concluyente" en la cual se resuman las observaciones de los Senadores y Representantes.

No se ve por ninguna parte el sustento jurídico para derivar de una simple "proposición" de observaciones sobre políticas generales del Gobierno, la refrendación de un acuerdo que busca terminar más de medio siglo de conflicto con las Farc. Si esta "acrobacia" llega a prosperar, se creará un funesto precedente que abrirá una verdadera “caja de pandora”, en la cual la estabilidad institucional y la separación de los poderes públicos, entrarán en una profunda crisis que terminará resquebrajando al acuerdo mismo.

Imagínense ustedes lo que podrá pasar en el futuro cercano: 1. Un próximo Gobierno cuya política pública de paz sea contraria al recientemente firmado acuerdo con las Farc, ¿podrá recurrir al nuevo Congreso que sea elegido en el 2018,  para que por una nueva "proposición", revoque su refrendación? 2. A partir de la próxima semana las políticas públicas que propongan los Gobiernos en materia de educación, salud, seguridad nacional, gasto público, vivienda, etc., ¿podrán ser aprobadas por simples proposiciones en el Congreso? 3. Cuando las Farc tenga mayorías parlamentarias, bien sea actuando como partido político, o como “gobierno de transición” según lo insinuado por “Timochenko” en su discurso del pasado jueves,  ¿ les bastará una simple proposición para aprobar las políticas públicas del futuro de Colombia”?

Tengo la esperanza en que nada de esto ocurra, y en que la Corte Constitucional se pronunciará  declarando la inconstitucionalidad de la “proposición refrendatoria” del Congreso, en cuyo caso la arquitectura jurídica del acuerdo de paz se vendría abajo, pues todas las reformas constitucionales, leyes ordinarias, orgánicas y estatutarias así como decretos presidenciales necesarios para implementar lo acordado, perderían su sustento. Si la Corte es fiel a su propia jurisprudencia,  no hay manera de salvar la refrendación por la vía del Congreso, pues al no tratarse de una “refrendación popular”, se está contrariando lo juzgado por la propia Corte Constitucional en su reciente pronunciamiento, a través del cual le dio vía libre al  plebiscito: ¬¬“En una democracia participativa los representantes electos por el Pueblo tienen el deber de ser voceros de la voluntad popular y acatar el mandato imperativo de sus electores, a diferencia de lo que ocurre en un democracia representativa, en la que “los funcionarios públicos elegidos democráticamente representan a la nación entera y no a sus electores individualmente considerados, por lo cual el mandato que reciben no les impone obligaciones frente a los electores”. De manera que el ciudadano conserva en todo momento sus derechos políticos para controlar a su representante, porque dicha elección no supone la transferencia de la soberanía popular, sino que lo inviste de legitimidad para actuar como un delegado del Pueblo.” (Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016)

Sin éxito los representantes del No, expresaron hasta último momento su preocupación con respecto a varios temas de fondo que terminaron haciendo parte del nuevo acuerdo, los cuales, a su juicio,  deberían ser modificados o eliminados. A pesar de haber llegado a algunos acuerdos sobre otros puntos, es claro que no se pudo construir el necesario y anhelado “acuerdo político”.  No es acertado ni realista pensar  que los desacuerdos que han surgido a partir del nuevo documento firmado el jueves pasado en el teatro Colón,  puedan ser subsanados a través de una refrendación superficial, atropellada y jurídicamente indefensible. 

Por lo anterior, en el más sano espíritu de buscar una “paz estable y duradera”, quisiera hacer un llamado al Gobierno Nacional para que no empuje al Congreso al abismo de la ilegalidad, llevándolo a validar a “pupitrazo” limpio, o mejor, a “refrendazo” limpio,  un acuerdo que jamás tendrá la  legitimidad que una democracia exige, una legitimidad que solo podrá provenir del pueblo soberano en las urnas, a las cuales en todo caso  llegaremos más temprano que tarde en el 2018.

*Ex viceministro de justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.    

@ceballosarevalo

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