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El regalo de la Corte al clientelismo

Cómo la Corte Constitucional no ayudó a la transparencia en la elección de su nuevo integrante.

José Rafael Espinosa
5 de abril de 2013

Se acerca la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y los congresistas deben estar frotándose las manos: es una oportunidad perfecta para continuar con la dinámica de mangualas y repartos burocráticos a la que ya nos tienen acostumbrados. Pero esta vez tienen una ayudita adicional. La misma Corte, en una decisión más que desafortunada, aportó su granito de arena en contra de la transparencia y la rendición de cuentas en la elección de su propio integrante. 

Hace unos meses la Corte, con ponencia del magistrado Guerrero, tomó una decisión que tiene contentos a los congresistas. La Corte declaró constitucional una norma que permite que, salvo en algunos pocos casos, las votaciones en las que los congresistas elijan a otros funcionarios públicos (Procurador, Contralor, magistrados, etc.) sean secretas y no públicas y nominales. Ni modo entonces de saber quién votó por quién y que rindan cuentas y expliquen por qué lo hicieron así.

Pero más que la decisión final, lo llamativo fue el argumento. Según la Corte, la excepción legal que autoriza la votación secreta en las elecciones que hacen los congresistas es justificada constitucionalmente porque es una forma de garantizar su libertad como electores, de protegerlos de las presiones o la influencia de poderes públicos o privados. Según el fallo, los únicos casos en los que el voto debe ser público son aquellos en los que las elecciones sean, en palabras de la Corte, de “naturaleza política”, es decir, cuando sean los partidos como colectividad los que votan y no los congresistas individualmente considerados (por ejemplo, en la elección del Consejo Electoral, que está compuesto por representantes de partidos). 

Salvo en algunos casos, entonces, la Corte equiparó el voto de los congresistas con el voto de un ciudadano de a pie: pensó en un congresista como un ciudadano común y corriente que un domingo de elecciones va libre de presiones y deposita su voto en la urna. 

Este supuesto es falso. Primero, porque los congresistas, a diferencia de un ciudadano de a pie, sí deben estar sujetos a presiones: en tanto nos representan, tienen la obligación de responder a nuestras presiones como ciudadanía, de rendir cuentas y justificar sus acciones. En ese sentido, todas las elecciones en las que votan los congresistas son de “naturaleza política”, no solo las que correspondan a partidos como colectividades, pues en todas (de Procurador, de Vicepresidente en caso de vacancia absoluta, etc.) los congresistas deben decirnos por quién votaron y por qué, y con base en eso nosotros como ciudadanía decidimos si les pasamos o no la cuenta de cobro en las siguientes elecciones. Un ciudadano, en cambio, solo tiene con su voto una obligación consigo mismo, y por eso ahí el voto secreto es clave para proteger su decisión autónoma e individual.

Segundo, porque para el débil el voto secreto es una garantía, pero para el fuerte puede ser un arma. Para un ciudadano de a pie mantener en secreto el voto es una forma de compensar su incapacidad para resistir las presiones de los poderosos. Pero este no es el caso de los congresistas, quienes sí tienen la capacidad política –tal vez en exceso- para responder a esas presiones. Precisamente tienen tanta, que el voto secreto se convierte en arma, pues no tienen que rendir cuentas sobre cómo usan ese poder. 

Con esta decisión la Corte les dio gusto a los congresistas. Avaló la tesis tan firmemente defendida por Roy Barreras según la cual el Congreso no tiene que rendir cuentas a los electores cuando elija a altos funcionarios. Dio vía libre para que estas elecciones se sigan haciendo como es usual: por debajo de la mesa, sin transparencia y, nada raro, a punta de repartos burocráticos. Irónicamente, la Corte condenó al secreto las votaciones que más públicas deberían ser, pues en la elección de altos funcionarios es donde mejor se sirve el plato de la clientelización de la justicia y del intercambio de favores. 

La Corte desaprovechó una excelente oportunidad para atajar el clientelismo. Y la decisión puede pasarle cuenta de cobro pronto pues, con el voto secreto en el bolsillo, se corre el riesgo de que su próximo magistrado venga de las entrañas de la manguala. 

* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (www.dejusticia.org)

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