Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/06/13 00:00

El relator de la ONU

No será, pues, Colombia el primero ni el último país que reciba recomendaciones de un relator de la ONU sobre derechos humanos.

El relator de la ONU

Invitado por el gobierno colombiano está en nuestro país Philip Alston, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de Naciones Unidas. Esta invitación es una demostración de que en estos temas el gobierno no tiene nada que ocultar y puede dar la cara y sostener la mirada de la comunidad internacional. Así lo ha reconocido el relator invitado.

En efecto, en sus primeras declaraciones el señor Alston ha subrayado que Colombia ha hecho “un enorme esfuerzo para subsanar la situación”, y ha advertido que su papel “consiste en identificar medidas ‘adicionales’ que se podrían tomar para mejorar la situación”. También señaló que no venía a ocuparse solamente de los llamados “falsos positivos”, sino también de las ejecuciones cometidas por los grupos guerrilleros y otros grupos irregulares. Es de esperar que su contribución sea muy constructiva.

Por lo anterior, carece de sentido tanto el nerviosismo que esta visita ha suscitado entre sectores de opinión amigos del gobierno, como el alborozo que ha provocado entre sus enemigos. La visita de un relator de la ONU de ninguna manera significa una condena al país y Alston ha anunciado que él es un experto independiente. Así, su presencia se debe interpretar como una expresión más de la tutela global que sobre la acción de los gobiernos nacionales realiza la comunidad internacional. Es la globalización de la transparencia y del control a los gobiernos, que ahora es pan de cada día y no un hecho extraordinario. Así, lo preocupante no es la visita del relator de la ONU, sino que algunos miembros de la Fuerza Pública hayan cometido crímenes, y que la guerrilla y otros grupos armados sigan asesinando sin piedad a centenares de colombianos.

Son muchos los gobiernos que en el pasado reciente han sido objeto de este tutelaje internacional sobre los más variados temas, sin que ello haya provocado inmanejables consecuencias en el orden interno, o efectos indeseables en el ámbito internacional. Pero nuestro provincianismo y el de nuestros medios de comunicación parecen ignorarlo. Señalemos solamente algunos casos de visitas recientes de relatores especiales de la ONU que han involucrado a los gobiernos de España, Chile, Canadá, Estados Unidos, México y la Unión Europea, entre otros.

Un relator de la ONU manifestó su preocupación al gobierno de Zapatero en España por las denuncias de tortura y malos tratos a los presos de la ETA, así como por el riesgo de excesos derivados de las políticas gubernamentales contra el terrorismo. El año pasado al gobierno socialista de Chile se le señaló de confundir la legítima protesta social con actividades terroristas. Al gobierno de Canadá se le reclamó por el intercambio de información engañosa o inexacta con organismos de inteligencia extranjeros que llevaron a la exposición a la tortura y a la violación de derechos humanos de personas inocentes. A Estados Unidos le llamaron la atención por la alta proporción de víctimas civiles ocasionadas por sus acciones militares en el extranjero, por violar en su territorio los derechos de los inmigrantes y por atentar contra las libertades civiles con su Ley Patriota. A México lo reconvinieron por su racismo contra inmigrantes centroamericanos; a Brasil por maltrato a los indígenas; a Venezuela, por restricciones a la libertad de prensa; a países de la Unión Europea por la detención secreta de sospechosos de terrorismo y sus traslados irregulares, y en 2006 por contribuir a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, entre otros muchos casos.

No será, pues, Colombia el primero ni el único país que reciba recomendaciones de un relator de la ONU. Esto se debe entender como un aporte de Naciones Unidas a sus Estados miembros para mejorar la situación de los derechos humanos en el mundo. La visita del relator es una ocasión inapreciable para que las propias Naciones Unidas le digan de una vez por todas a la comunidad internacional que los “falsos positivos” nunca han sido ni serán una política del Estado colombiano, y que éste está comprometido a fondo con la protección de los derechos humanos de la población. Y ojalá sus recomendaciones contribuyan a darles aun más eficacia a las acciones que ya ha emprendido el gobierno para investigar, castigar y erradicar definitivamente las ejecuciones sumarias y arbitrarias en Colombia. Confiamos en que esto será así. Bienvenido, señor Alston.

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