Jueves, 19 de enero de 2017

| 2008/05/22 00:00

El reto de reintegrar a los desmovilizados

El reto de reintegrar a los desmovilizados

Dice el Alto Consejero para la Reintegración (ACR) a propósito de los recientes cuestionamientos que le hizo la Procuraduría al programa, que la discriminación de que están siendo objeto los reinsertados por parte de las comunidades es un obstáculo mayor para su reintegración y, en últimas, para la paz del país. Tiene razón el consejero Frank Pearl al señalar que hay un importante rechazo de la población a los desmovilizados. Así lo hemos constatado en los estudios realizados por investigadores de la Fundación Ideas para la Paz en distintas regiones del país. Hemos evidenciado igualmente que por lo general los desmovilizados se sienten muy estigmatizados por la población.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos con no trasladar una parte significativa de la responsabilidad sobre el éxito de la reintegración de excombatientes a las comunidades, muchas de las cuales fueron victimizadas por éstos. Ni que decir de poner sobre los hombros de tales comunidades el peso de alcanzar la paz en Colombia. El que la población acepte a los excombatientes es un elemento clave para el futuro de la paz, pero dicha aceptación no se da en frío o por decreto. Para lograrla se requiere un proceso que, según lo indica la experiencia internacional, es largo y tiene muchos escollos.

En el caso colombiano identifico al menos dos elementos claves que se requiere trabajar para allanar el proceso de reintegración social de los desmovilizados:

En primer lugar, está el tema de la verdad y el perdón. Existe un desencuentro grande entre desmovilizados y comunidades victimizadas frente a los hechos de violencia que protagonizaron los primeros y padecieron las segundas. Los excombatientes, como es de esperar, prefieren el “borrón y cuenta nueva", es decir el perdón basado en el olvido. Para éstos la dejación de las armas es un gesto de paz de tal magnitud frente al cual la población estaría obligada a, por un lado, perdonarlos por lo que hicieron cuando estaban armados y, por el otro, olvidar lo sucedido y acogerlos en el seno de sus comunidades.

En contraposición, la población y en especial las víctimas, claman por la verdad. Quieren saber qué pasó con sus seres queridos y por qué pasó. Desde su perspectiva la verdad es claramente un requisito para el perdón, si es que siquiera han considerado perdonar, que no siempre es el caso.

Este desencuentro se ha visto profundizado por una falta de sincronía entre la llegada de los ex combatientes a las regiones y la verdad que se ha ido revelando a cuentagotas y de manera deshilvanada. Quizás la idea que vienen madurando el gobierno y la Fiscalía de hacer los procesos de justicia y paz por bloques paramilitares le dé un poco más de orden a las revelaciones de los exc ombatientes, al tiempo que las agilice. La reciente extradición de 15 capos paramilitares puede incluso ayudar a que los miembros de los distintos bloques que permanecen en el país se sientan más libres para confesar lo que saben en el contexto del proceso de justicia y paz.

En segundo lugar, hay que involucrar a las comunidades en el proceso de reintegración. No se puede pretender que haya una aceptación de las comunidades sin una labor previa de acercamiento. Hace falta un trabajo más sistemático para acercar a la población al proceso de reintegración, pese a que distintas instancias estatales – incluida la Consejería para la Reintegración – reconocen de tiempo atrás la urgencia de avanzar en este sentido. Parece prometedora la idea de la Consejería de promover proyectos productivos que involucren tanto a desmovilizados como a población local, que se ha materializado desde el año pasado en unas contadas iniciativas.

Entre éstas está la de la Hacienda Nápoles del extinto capo Pablo Escobar y que involucra a la empresa Argos, o la inaugurada recientemente en Santa Fe de Ralito sellada con un acuerdo simbólico en este municipio que fuera sede de los diálogos de paz entre el gobierno y los jefes paramilitares. Otra experiencia que vale mencionar en esta línea es la que viene promoviendo la ONG Conciudadanía en el oriente Antioqueño, bajo la cual se llevan a cabo talleres que reúnen a población local y desmovilizados para discutir diversos temas de interés comunitario.

Sin pretender forzar a la población para que acepte sin condiciones a los ex combatientes, este tipo de escenarios de acercamiento parecen indispensables. Igualmente indispensable resulta que se cuente con un plan que de manera sistemática permita no sólo abordar a las comunidades en las zonas del país donde haya concentraciones importantes de población desmovilizada, sino también hacerla parte del proceso de reintegración. Esto sin olvidar que lo que esperan las víctimas de los desmovilizados, para empezar, es la verdad.
 
A todo lo anterior habría que sumarle un elemento de contexto crítico como es la amenaza que representan en cuanto a la vida y a la generación de confianza mutua las llamadas bandas emergentes. Es clave que éstas sean controladas y por supuesto desmanteladas.


*María Victoria Llorente es directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz







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