El robo a mano armada de Rodrigo Lara

Tres de las leyes más importantes para que Colombia avance en su proceso democratizador y en la mejora de su sistema político, están a punto de hundirse o de ser inviables gracias al papel de este organismo, pero particularmente, gracias a Rodrigo Lara, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien parece que le está haciendo el mandado a corruptos y criminales.

Es muy triste que el hijo de una de las personas que marcó la lucha contra el crimen y los corruptos, ahora juegue como uno de ellos. Rodrigo Lara avaló bandidos como Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, también avaló a  la esposa y actual gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, quien es esposa del parapolítico Chico Zúñiga y tía del exgobernador Mello Cotes, cuestionado por manejos presupuestarios durante su periodo de gobierno. Es decir, de avalar bandidos con su partido Cambio Radical pasó a protegerlos y a impedir procesos reformistas para acabar con la corrupción.

Rodrigo Lara engavetó durante tres semanas la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo parece indicar que su objetivo es lograr que la ley se apruebe lo más tarde posible. La explicación es que el vargasllerismo ha anclado su campaña electoral a partir de ‘proteger’ a los terceros, es decir, empresarios y políticos que se beneficiaron de los más de 50 años de conflicto, y evitar que pasen por la justicia transicional.

El tema aquí es sencillo. Por ejemplo, Jorge Pretelt fue sacado de la Corte Constitucional por dos fincas adquiridas de forma irregular y que pertenecían a familias víctimas del conflicto armado. Segundo ejemplo, el expresidente del Senado Mauricio Lizcano estuvo en medio de un escándalo reciente por una denuncia de un programa de televisión en la cual se dejaba ver que la familia del senador había adquirido una finca de una familia desaparecida por grupos armados ilegales. Otro ejemplo es el Fondo Ganadero de Córdoba, quienes tienen múltiples procesos por adquirir tierras despojadas a campesinos por grupos paramilitares. Todo esto lo que significa es que los grandes beneficiados con el despojo de más de 6 millones de hectáreas de tierra a campesinos, no fueron grupos armados ilegales como paramilitares y guerrillas, sino empresarios y políticos, los famosos terceros. Aquellos que quieren que la justicia no los toque y que el proceso de paz no progrese.

Por otro lado, su oposición a la reforma política es simple de explicar. Básicamente se opone a las listas cerradas. Los actuales congresistas de Cambio Radical y de varios partidos en general, no ven con malos ojos las listas cerradas, ellos creen que de acuerdo a las votaciones de 2014, ese debería ser el orden de la lista en las elecciones de 2018. Sin embargo, Vargas Lleras aspira a tener una lista con grandes personalidades y por ende quiere votación preferente. De ahí que Lara esté haciendo el favorcito de bloquear la reforma política.     

También Lara tuvo durante tres semanas engavetado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de paz. Que son espacios transitorios, nuevos, en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por la violencia y que deberían servir para mejorar la gestión política de estos territorios. Además se crean para garantizar la representación de organizaciones sociales de base y de víctimas del conflicto y no para los partidos que tendrán representación en el Congreso de la República en 2018.

Las artimañas de Lara se fundamentan en las facultades que tiene como presidente de la Cámara. Lara ha frenado en varias ocasiones el debate de las reformas engavetando los proyectos de ley durante más tiempo de lo regular, no asignando ponentes individuales, y haciendo el registro a la 1 o 2 de la tarde para las plenarias de Cámara con órdenes del día sinsentido, cuando los debates se programan a las 4 p.m.

Pero la última perla es la siguiente, el martes 4 de septiembre, para enfrentar la corrupción dentro de la Rama Judicial, se revivió el tribunal de aforados y esta vez en la reforma política. Lara pide que esta figura no vaya en la reforma política, es decir, en el fast track, sino que vaya en trámite aparte, o en un acto legislativo ordinario, lo que significa dos vueltas al Congreso, es decir, nunca se va a aprobar.

Todo un razonero o mandadero, en eso terminó Rodrigo Lara. Lo que está haciendo es amparando corruptos y criminales y robando de frente a los colombianos que queremos un país mejor.