EL SASTRE DE CHAPARRAL

La primera vez que oí hablar en serio a un aIto funcionario colombiano sobre el tema de los derechos humanos fue cuando el entonces procurador Alfonso Gómez Méndez planteó su posición frente a la participación militar en el rescate del Palacio de Justicia, en manos de un comando del M-19. Recuerdo que me sorprendieron dos cosas. Por un lado, la tesis según la cual los magistrados de las Cortes y los demás funcionarios que estaban en el Palacio cuando los guerrilleros lo asaltaron eran asimilables a la situación en la que podría estar un campesino que de repente se encuentra en medio de ráfagas de fuego cruzado entre la guerrilla y el Ejército. En la discusión sobre defensa de los derechos de la población civil en medio del conflicto, siempre he creído que hay una diferencia del cielo a la tierra entre un funcionario público en ejercicio de sus funciones y un ciudadano del común. Pero lo que más me atrajo fue la decidida y arriesgada actitud de Alfonso Gómez Méndez, quien a pesar de la incomprensión generalizada puso en juego su prestigio y su pellejo para alertar al país sobre el riesgo que corría Colombia si aceptaba el criterio de que la defensa de las instituciones justifica la violación de los derechos humanos. En un célebre y caliente debate en el Congreso, a Gómez Méndez no lo bajaban de apátrida y antimilitarista. Pero el recién nombrado Procurador de aquellos tiempos no era un aparecido. En las universidades y en las reuniones de los peritos en jurisprudencia ya sonaba el nombre de Alfonso Gómez como un aventajado abogado del Tolima, con buena trayectoria y mejor futuro, como lo ha ido demostrando con el paso del tiempo. Alguien me contó un día este cuento y me juró que era verdad: que el padre de Gómez Méndez, conocido sastre del municipio de Chaparral, vio llegada la hora de hacer oficial la tradición familiar de la sastrería y le notificó a su hijo Alfonso que sería el siguiente eslabón de la cadena, en una ceremonia como de libro de caballería, con las tijeras como espada y la cinta métrica como armadura. La madre, menos conforme con el destino que el padre, le dijo a su hijo: "Tú das para mucho más, Alfonso; yo quiero que en lugar de ser un simple sastre de Chaparral, llegues a jefe de la estación del ferrocarril en Girardot". Pues el posible sastre de Chaparral o jefe de estación en Girardot va ya de Fiscal General de la Nación a punta de seriedad en el desempeño de su profesión, y todavía se ve joven. Todo este rollo para salirle al ruedo al debate sobre el criterio que puede tener el Fiscal en el manejo de temas como el proceso 8.000 o la investigación sobre el crimen de Alvaro Gómez, discusiones en las cuales hay más pasión o mala fe que análisis. La postura del Fiscal sobre el proceso 8.000 se parece mucho, guardadas las proporciones, a la que adoptó en el caso de los militares y el Palacio de Justicia: no hay motivo, por noble que parezca, que justifique la violación de un derecho fundamental. El proceso judicial derivado del ingreso de plata del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper y, por ahí derecho, la relación entre narcos y políticos ha desatado tal pasión que a muchos se les olvida que entre el delito y la cárcel hay que recorrer un buen trecho: una norma que tipifique el delito, un juicio y una condena basada en pruebas. En esto Gómez Méndez ha tenido la postura más seria de todas, pero a la vez la menos popular porque no complace a ninguno de los bandos. Con el tema de los militares el hoy Fiscal ha sido víctima del vaivén de las discusiones coyunturales. En las épocas del debate sobre el Palacio de Justicia, era un Procurador izquierdista que le hacía el juego a los guerrilleros del M-19; cuando le pidió explicaciones al presidente Andrés Pastrana sobre la reunión de éste con 'Tirofijo' Gómez Méndez se volvió un guerrerista enemigo del proceso de paz con la guerrilla, y ahora que investiga la posible participación de uniformados en el crimen de Gómez Hurtado, vuelve a ser el amigo de la izquierda insurgente. ¿Al fin qué?