El sentido de la renovación del Estado: "Liberar recursos para inversión social"

Los resultados del Estado colombiano en el cumplimiento de sus funciones esenciales son hoy, por decir lo menos, muy mediocres y, en todo caso, bastante incongruentes con los esfuerzos fiscales y administrativos realizados por el país: en la última década, se comprobó un crecimiento extraordinario del sector público no financiero, un importante incremento del gasto del gobierno central, un vertiginoso aumento de las transferencias territoriales, y una impresionante proliferación de entidades.

No obstante lo anterior, se ha hecho igualmente evidente una muy baja correlación entre el incremento del gasto y el mejoramiento de la provisión de bienes y servicios, bien sea en cuanto a su cobertura o en cuanto a su calidad. Así, para nadie es un secreto que es muy poco lo que el país ha avanzado en materia de reducción de la pobreza y, de hecho, en la última década se observa un retroceso; en educación, los importantes incrementos experimentados por el gasto de educación desde 1996 no han mejorado de manera significativa ni la cobertura ni la calidad educativa; y algo similar ocurre en el caso de los sectores de salud y justicia, en los cuales las asignaciones presupuestales desde 1992 han representado esfuerzos fiscales con pocos antecedentes previos en el país, pero de pobre impacto.

Con estos resultados, sorprendente sería no cuestionar la legitimidad de un Estado colombiano que, a pesar de sus desalentadores resultados, ha ido absorbiendo cada vez más recursos, privando de éstos a otros actores sociales que eventualmente podrían utilizarlos en una forma socialmente más productiva.

La renovación de la administración pública, entonces, es una tarea urgente y ambiciosa. Su propósito fundamental es la recuperación de la legitimidad del Estado para ejercer el liderazgo requerido con miras a que la sociedad colombiana pueda alcanzar las metas previstas en la Constitución Nacional y que justifican su existencia. Esta es la razón por la cual la renovación de la administración pública propuesta por el gobierno, no se entiende como un simple proceso de reestructuración organizacional que eventualmente lleve a reducir los costos de operación y a mejorar la eficiencia operativa de algunas entidades, sino más bien como un replanteamiento del aparato estatal dirigido a la materialización de una nueva concepción del Estado: el Estado Comunitario.

El Estado Comunitario puede definirse como un Estado al servicio del ciudadano, cuyos objetivos primordiales son un Estado gerencial (que administre lo público con eficiencia, honestidad, austeridad y por resultados), un Estado participativo (que tenga en cuenta las demandas de la gente) y un Estado descentralizado (que tenga en cuenta las necesidades locales sin perjuicio del interés nacional y de la solidaridad regional).

En efecto, el gobierno nacional se ha trazado como objetivo primordial fortalecer la participación ciudadana en la definición, la ejecución y la vigilancia de las tareas públicas, atendiendo a que el ciudadano no sólo puede ser receptor de los productos y usuario de los servicios del Estado, sino que además debe ser parte activa en la construcción social cumpliendo con la responsabilidad política de la participación. En este sentido, se está garantizando la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas, a partir de los consejos comunales de gobierno, en los que confluyen la ciudadanía, las autoridades locales y el gobierno nacional; igualmente, el referendo propuesto por el gobierno nacional, es el primer ejemplo del Estado Comunitario en su componente de participación ciudadana; se está impulsando la integración de veedurías comunitarias en todas las actividades de la administración y, particularmente, en la contratación administrativa; y se expedirá el marco legal necesario para que exista la obligación de todas las entidades estatales de entregar información en tiempo real sobre el avance en la ejecución de los proyectos públicos, estableciendo consecuencias jurídicas claras en caso de incumplimiento.

Con la vigilancia, el seguimiento y la censura de la ciudadanía, se logrará que los recursos públicos sean destinados de forma transparente al cumplimiento de la misión esencial de la actividad pública: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La ciudadanía también está llamada a participar directamente en la ejecución de las políticas públicas. En este contexto, una dimensión fundamental de la renovación del Estado, es el afianzamiento de las relaciones entre el sector privado y el sector público. Con frecuencia estas relaciones se presentan como antagónicas, cuando en realidad son complementarias. No podrá haber un Estado Social de Derecho ni un Estado Comunitario, sin un sector privado vigoroso y dinámico. Tampoco podrá haber un sector privado próspero, sin un sector público que contribuya a la creación de capital social, que procure reglas ordenadas y que se cumplan para el funcionamiento de las empresas y de la economía en su conjunto, y que ofrezca una infraestructura social, económica y de seguridad democrática básica que estimule el desarrollo del país.

Con la noción de Estado Gerencial, el segundo elemento clave del Estado Comunitario, se busca la construcción de un Estado que se legitime con una nueva cultura de administración de lo público. Esto implica: austeridad, eficacia, eficiencia y productividad en el cumplimiento de las tareas públicas.

Para que la dimensión de la fuerza laboral de la administración sea la adecuada, se está llevando a cabo un rediseño institucional al interior de las 302 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de reducir el costo del aparato, de la burocracia y de los privilegios. El objetivo es aumentar la eficiencia y la gestión mediante una recomposición de las plantas de personal hacia las labores misionales y un ajuste de las estructuras hacia lo que verdaderamente se requiere, buscando generar ahorros. Ahorros, que sólo tienen como destino, luego del pago de las indemnizaciones a que haya lugar y de la implementación de un Plan de Protección Social, la creación de un millón y medio de cupos escolares, la instalación de 10.000 computadores en 1.000 escuelas, la ampliación del régimen subsidiado de salud (Fosyga) a 289.000 nuevos beneficiarios, la creación de 1.950.000 nuevos cupos para los usuarios del Sena, por sólo citar algunos ejemplos de las metas sociales del Gobierno Nacional.

Pero la renovación de la administración pública no sólo busca una profunda reorganización de las estructuras administrativas del Estado colombiano, sino que también consiste en un análisis riguroso de los procesos básicos de la administración pública, que permita su replanteamiento y optimización, con miras a facilitar el logro de los objetivos sociales del Estado dentro de un marco de eficiencia económica. En este sentido, una de las características más importantes es que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, el proceso de renovación del Estado se concibe como un ejercicio integral, no exclusivamente centrado en los aspectos organizacionales. Se parte del principio de que el buen funcionamiento de la administración pública depende de una buena combinación de la "organización vertical" con los "procesos operativos básicos" a través de los cuales se materializa el contenido funcional de la gestión pública.

Es por esta razón que, con la finalidad de superar algunos problemas estructurales de la administración pública colombiana, el gobierno se encuentra adelantando unas reformas transversales que tienen un impacto en todos los niveles del Estado. Dichas reforman son: a) la reforma al sistema del empleo público; b) la reforma al sistema de contratación administrativa; c) la creación de una estrategia gubernamental (con la correspondiente institucionalidad) para la defensa judicial del Estado; d) el diseño de una política integral para la gestión productiva de los activos de propiedad del Estado; e) la implantación de un sistema de evaluación por resultados; f) la reforma a los organismos de regulación y control; g) la reforma al sistema presupuestal; h) la unificación de los sistemas de información al interior del Estado y de éste con los ciudadanos; i) el fortalecimiento del gobierno electrónico; j) la estrategia antitrámites; y k) la política de racionalización y calidad normativa.

Finalmente, el Estado Comunitario es un Estado administrativamente más cercano al ciudadano, lo cual implica, desde el punto de vista de su organización, un compromiso decidido de fortalecimiento y profundización de la descentralización a través del traslado de competencias nacionales hacia los entes territoriales. El programa de Renovación de la Administración Pública, busca una mayor delegación de funciones y competencias en el orden territorial, la eliminación de las duplicidades entre el gobierno central y los entes territoriales, la recuperación de la fortaleza del nivel intermedio de gobierno, la promoción de la acción conjunta y articulada de los diferentes niveles de gobierno a través de alianzas, asociaciones y convenios de delegación, y el incentivo de la integración de regiones, nuevamente con un fin último, cual es la liberación de recursos con destino a actividades sociales, pues en la medida en que se eliminen duplicidades y se asegure la gerencia adecuada de las regiones y de sus instituciones, se logrará un ahorro significativo en los gastos gubernamentales.

Artículo publicado en 'Notiregalías', períodico de la Comisión de Regalías, adscrito al DNP.

*Directora del Programa de Renovación de la Administración Pública Departamento Nacional de Planeación.