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Opinión

  • | 1999/08/16 00:00

    EL SEPULTURERO DEL 8.000

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Es irónico. Pero despues de haber sido acusado, recién nombrado Fiscal General, de estar
enfilando baterías para convertirse en 'sepulturero del 8.000' por su amistad con Ernesto Samper, Alfonso
Gómez Méndez está a punto de presenciar la misma película, pero al revés.La verdad es que se ha iniciado
un conteo regresivo que parece conducir inexorablemente a sepultar el proceso8.000, por cuenta de que la
Corte Constitucional, según todos los rumores, piensa pasarse por la faja un decreto redactado por el
propio Gómez Méndez en 1989, que por primera vez definía el enriquecimiento ilícito como un delito
autónomo. Fue con base en él que se construyó realmente el proceso 8.000, y es desconociéndolo como está
a punto de ser sepultado. Mientras tanto, el Fiscal sí intenta terminar el 8.000, pero no sepultándolo, sino
como se debe: llevando a término las investigaciones de rigor. Trece sentencias condenatorias en dos años
prueban el argumento. Cada día que pasa la institución de la Corte Constitucional, lastimosamente, es
considerada con argumentos más crecientes y más irrefutables como una especie de engendro de la
Constitución del 91. Concebida como un sofisticado y necesario control para evitar que se pervirtiera la
interpretación de la Carta y la práctica de la justicia, la Corte se ha convertido en un cuarto poder cuyo papel
antes se le atribuía a los medios, pero que ahora ejercen nueve magistrados que dictan sentencia sobre lo
divino, lo humano y lo intermedio.Y con cuánta desfachatez. De un tiempo para acá han practicado la
increíble filosofía de que los fallos constitucionales son tan cambiantes como briznas al viento. Con ello, sólo
los más ingenuos pueden todavía pensar que los fallos de la Corte constituyen cosa juzgada en materia
constitucional. Pero no. Los hechos han demostrado (caso Viviane Morales), que un fallo de la Corte es un
fallo de la Corte, hasta tanto la propia Corte no produzca un fallo en contrario. Y como si eso fuera poco, ahora
la corporación está incursionando en el mundo del manejo económico. Medidas dictadas por el gobierno con
base en directrices estrictamente académicas no se someten en la Corte a un análisis constitucional, sino a
uno sociológico. Como resultado, se han dictado reglas para la banca privada y órdenes para el Banco de
la República que están bordadas de perlas populistas pero cuyo dobladillo se descose cada vez que son
vestidas para operar en la práctica.Hasta aquí, ya es el colmo. Pero lo que está a punto de pasar rebosa la
copa. Si todo lo que se dice es cierto, la Corte se prepara para anunciarle a Colombia que a cualquier persona
a quien se le demuestre un aumento sustancial e injustificado de su patrimonio, puede irse tranquila a dormir
a su casa.Quienes por cuenta del proceso 8.000 se encuentran actualmente detenidos, lo están por dicho
concepto: o sea, por tener un dinero cuyo origen y proporciones, comprobables por la justicia, no pueden
justificar. Pero si la tesis de la Corte Constitucional prevalece, habrá que demostrarles a esos dineros un delito
previo, y por cuenta de él una condena previa, y por cuenta de ella, ahí sí, un enriquecimiento patrimonial
injustificado.Mientras tanto, ¡afuera los abanicos, que's tiempo de brisa! Enriquézcanse todos, sin ocultar
en qué proporciones, mientras puedan ocultar el origen. La riqueza sin causa en Colombia es permitida,
mientras la única prohibida es la riqueza con causa.Me da pena por magistrados de la Corte tan respetables
como su actual presidente (un académico celular), el doctor Cifuentes, o como mi gran amigo, el ponderado
magistrado Hernández, o como el inquieto Vladimiro, o como el vanguardista y compañero de lides Carlos
Gaviria. Pero lo que voy a decir lo voy a decir. Pensábamos que al proceso 8.000 lo iba a sepultar la
corrupción, comprando un juez o a través de un mico en el Congreso. Pero estamos al borde de que al
proceso 8.000 lo sepulte la propia justicia.
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