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Opinión

  • | 2001/01/08 00:00

    El síndrome de la penalizadera

    La “Ley Pacho”, que con las mejores intenciones elevó la pena del secuestro, no ha demostrado la tesis de que a mayor pena menos secuestros

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Con todo respeto, como usualmente decimos los periodistas cuando le vamos a hacer al entrevistado una pregunta que le va a caer como una patada, con todo respeto, repito, no comparto la propuesta del editorial del domingo 3 del periódico El Tiempo, que propone organizar una consulta popular para que los colombianos aprueben el diseño de normas de emergencia para combatir el secuestro. Esta propuesta obedece al que yo denomino “síndrome de la penalizadera”, que consiste en que cada vez que ciertos delitos se incrementan y conmueven más a la opinión pública, caemos en la tentación de echarle la culpa a que las penas son muy bajitas o a que faltan leyes.

Rescatar a los secuestrados o evitar que a la gente la secuestren no depende de que existan más leyes o penas más altas, sino de algo mucho más sencillo: de que se aplique la legislación vigente.

Esta distorsión de la ‘penalizadera’ para resolver el problema de la ineficacia de la ley nos quedó como producto del abuso que tantas veces en el pasado hicimos del Estado de sitio, bajo el cual se hacían tres cosas ‘impajaritables’: 1- Se creaban nuevos delitos, 2- se aumentaban las penas y 3- se asignaban nuevas competencias a la justicia penal militar.

Pero la historia nos ha demostrado que nada de eso sirvió: estamos terminando el año 2000 con 3.000 secuestrados más.

La ‘Ley Pacho’, que con las mejores intenciones elevó al máximo posible la pena del secuestro, tampoco ha demostrado la efectividad de la tesis de que a mayor pena, menos secuestros. En la práctica ha ocurrido todo lo contrario. Según estadísticas del programa presidencial contra el secuestro, desde que dicha ley 40 de 1993 entró en vigencia, el secuestro en Colombia se triplicó. La verdad plena es que a los secuestradores les importa un pepino que la pena del secuestro sea de 20 años o de 60, porque saben que en la práctica existen muchas menos posibilidades de que los cojan que de que no los cojan.

Incluso, una de las grandes críticas contra el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el año entrante fue la de que rebajaba la pena del secuestro de 60 años, que es la actual, a 40. Pero el argumento que para responder a dicha crítica utilizó la Fiscalía fue el de que 40 años de cárcel van a ser a partir del año entrante 40 años de cárcel, y no como sucede hoy en día, que 60 años de cárcel fácilmente se convierten en menos de 25 por cuenta de la lluvia de beneficios que para el reo contempla el código actual. Y eso si es que al secuestrador lo agarran.

La solución tampoco es entregarle a las Fuerzas Militares facultades de policía judicial como sugiere El Tiempo. Como quedó demostrado bajo la vigencia del Estado de Sitio, ello en la práctica significó más problemas para nuestras Fuerzas Militares, porque inevitablemente dichas facultades terminaban en problemas de derechos humanos y escándalos ante organismos internacionales.

Cesare Beccaria, en el más famoso libro de derecho penal que se haya escrito, De los delitos y las penas, resume el problema en una sola frase: “La certeza de un castigo, aunque moderado, causará siempre una mayor impresión, que el temor de otro más terrible, pero unido a la esperanza de la impunidad”.

Pero para ello lo que se requiere, y para eso no se necesitan formulillas que involucren consultas populares de ninguna especie, es que el Estado, por cuenta de la firme decisión del gobierno de turno, invierta muchos más recursos para sofisticar las labores de inteligencia buscando, entre otros, los siguientes fines:

– Identificar los puentes entre la delincuencia común y la guerrilla que han convertido a este delito en una auténtica industria.

– Detectar de manera temprana personas y lugares de riesgo.

– Instruir a víctimas potenciales como comerciantes, industriales o ciudadanos que se ocupen de labores financieras para que tomen medidas de precaución como la práctica de la discreción, pues está comprobado que en el 80 por ciento de los casos la información que facilita un secuestro proviene de círculos cercanos a la víctima.

– Depurar los mecanismos técnicos de investigación.

– Conseguir sistemas penitenciarios más rigurosos y estrictos, que permitan recluir a los secuestradores en pabellones de alta seguridad. (Ultima moda: secuestrar desde las cárceles.)

Hasta aquí no hemos necesitado cambiar la ley existente ni incrementar las penas. Si logramos dar este gran salto en materia de inteligencia militar y policiva lo único que nos estaría faltando sería aplicar la ley, que es el gran secreto que se esconde tras la pregunta que todos los colombianos nos estamos haciendo desesperadamente: ¿Cómo parar el secuestro?

Entretanto... Y de Arnubio Ramos, ¿qué más?
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