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Opinión

  • | 2017/02/19 16:04

    ¿El último episodio sobre la Casa Arana?

    El irlandés Sir Roger Cassement, un personaje entre diplomático, patriota y aventurero mencionado con ocasión de la visita del presidente de Irlanda a Colombia, ha hecho recordar un complejo capítulo de nuestra historia.

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La pasada semana un grupo de indígenas de la región amazónica, aprovechando la visita que el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, realizaba a Colombia, se entrevistó con él para agradecerle que un irlandés, Sir Roger Cassement, un siglo atrás hubiera salvado a sus antepasados de la extinción definitiva, al difundir ante el mundo las atrocidades que una empresa cauchera peruana cometía contra los indígenas establecidos entre los ríos Caquetá y Putumayo.

La compañía, registrada en Londres como Peruvian Amazon Company, era de propiedad del influyente senador peruano Julio César Arana y tenía como base la localidad de La Chorrera, en el río Igaraparaná, en plena Amazonia colombiana.

Cassement que era el cónsul británico en Río de Janeiro, fue comisionado por su gobierno en 1910 para que viajara a la zona e investigara sobre el infierno que soportaban los indígenas. Los informes de Cassement fueron publicados en “El Libro Azul del Putumayo”, editado en Londres en 1912. Sin embargo, en dos años Sir Roger pasó de diplomático a sindicado, acusado de alta traición, sabotaje y espionaje contra la Corona Británica por haber solicitado la ayuda de Alemania, en plena guerra mundial, para lograr la independencia de Irlanda: fue ahorcado en Londres el 3 de agosto de 1916.

Los territorios ubicados al sur del río Caquetá, donde tenía sus intereses la Casa Arana y ejercía jurisdicción Perú, eran reclamados además de Colombia y Perú, por Ecuador y Brasil. En 1920, Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia, y Augusto B. Leguía, primer mandatario de Perú, decidieron solucionar el problema limítrofe entre los dos países.

En las negociaciones, aunque Perú aceptó que la frontera siguiera por el Putumayo y no por el Caquetá, para evitar que el poderoso senador Arana “se atravesara” al tratado, solicitó que la inmensa región en la que la Casa Arana desarrollaba sus actividades al norte del río Putumayo, quedara perteneciendo a Perú o que al menos Colombia acordará una “compensación” económica para el senador. Las propuestas no fueron aceptadas, pero se estableció en el tratado firmado en 1922 que las partes, de conformidad con sus legislaciones, respetarían los derechos adquiridos por nacionales y extranjeros en los territorios demarcados. El tratado generó una fuerte reacción en Perú y condujo al derrocamiento de Leguía por el Coronel Sánchez Cerro y a la toma de Leticia en 1932, patrocinada por Arana.  

Años después, en 1938, en desarrollo de lo establecido en el tratado, el gobierno colombiano autorizó al Banco Agrícola Hipotecario para adquirir por US$200.000, los derechos que el gobierno peruano había reconocido a la Casa Arana en los territorios al sur del río Caquetá, antes de la concertación del tratado. El banco canceló US$40.000. Posteriormente, en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, la Caja Agraria pagó la suma restante a Víctor Israel, abogado de Iquitos que había comprado los derechos de la empresa.

Más tarde, el 23 de abril de 1988, tuve la satisfacción de acompañar al presidente Virgilio Barco a “La Chorrera”, en la primera visita que un mandatario colombiano hacía a la región, para entregar el llamado “predio Putumayo” a los caciques de los huitotos y de otros grupos indígenas, 85 años después de que se estableciera allí la Casa Arana.

Se ha publicado ahora que centenares de niños indígenas guajiros han muerto de desnutrición. ¿Cuántos habrán corrido la misma suerte desde hace muchos años sin que a nadie le haya importado?

De pronto un sucesor de Cassement habría podido rendir un informe…

(*) Profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario

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