El uribismo contra la Corte

Hay un tema que está lejos de concluir a pesar de que este Gobierno esté llegando a su fin: el enfrentamiento entre la coalición uribista y la Corte Constitucional. Aunque últimamente no haya habido ataques del Gobierno, varias personas dentro del uribismo resienten que la Corte haya tumbado el referendo reeleccionista y otras medidas primordiales de su agenda. Ahora vienen las decisiones sobre la emergencia en salud, que auguran otro fracaso para Uribe.

Por eso, es previsible que, dada la mayoría que tendrá el uribismo en el próximo Congreso, se venga otra andanada en contra de la Corte Constitucional. Probablemente, intentarán quitarle eficacia a la acción de tutela, acabar con la teoría de la sustitución y prescindir de las sentencias con efectos económicos.

Un paso inicial fue la tentativa de desprestigio de la Corte Constitucional a raíz del fallo del referendo, queriendo dejar la impresión de que la Corte era manipulable, y por ende poco seria. El intento de la coalición de Uribe de calumniar a la Corte tiene varios ejemplos: según medios de prensa, un candidato presidencial allegado al Gobierno señalaba un día antes de la decisión, y ya habiéndose filtrado el posible resultado, que el Gobierno estaba intentando cambiar la posición de tres magistrados. El Secretario Jurídico de Palacio, en un acto de prepotencia difícil de creer, decidió visitar a un magistrado ese mismo jueves.

También, un funcionario de bajo nivel de la Casa de Nariño le dijo a un periodista que él sabía que habían comprado a varios magistrados y que les habían pagado en una cuenta en Suiza (excluyendo a aquellos que luego salvaron el voto). No sé si el funcionario oyó en los corredores o se inventó esta acusación que evidentemente resultó falsa. Pero es una casualidad interesante que ésta fuera parecida a lo que andaba diciendo el candidato uribista.

Un paso siguiente puede ser el de legitimar una propuesta de reforma que no encontró respaldo político en dos ocasiones durante este Gobierno. Por eso es que toca prestarle cuidado a la comisión de alto nivel para la reforma judicial que el Gobierno le encomendó a trece expertos. Todavía no sabemos qué sugerencias harán. Pueden resultar buenas o malas. Pero desde ya se puede decir que es riesgosa la conformación de la comisión en un momento de tensión con la rama judicial. Además, aunque la comisión está compuesta por personas que provienen de la rama judicial, el peso de los amigos de la Corte Constitucional es bajo. Ojalá no acabe primando una visión del derecho más acorde a la Constitución de 1886. Si fuere así, la coalición uribista podría utilizar estratégicamente las recomendaciones de la comisión para darle fundamento a una reforma del papel de la Corte Constitucional.

Además, este esfuerzo reaccionario tuvo aliados insospechados en personas que supuestamente apoyan un control de constitucionalidad serio, pero que durante todo el tiempo antes del fallo del referendo predijeron que la Corte era política (o peor aún comprable) y que cedería ante la presión de la Casa de Nariño. Éstas incluyen a reconocidos políticos, intelectuales o periodistas, como Andrés Pastrana, Hernando Gómez Buendía, Cecilia Orozco y Maria Jimena Duzán.

Ello no quiere decir que no se pueda criticar a la Corte. Por el contrario, esa es una de las cosas que más necesita el Tribunal. Pero las críticas han de apuntarle a los argumentos que esgrime en las sentencias y no asumir de antemano que los magistrados se dejan manipular.

Muchos de los que dicen apoyar un control judicial fuerte contribuyeron a fomentar una imagen de una Corte maleable por los poderes políticos. No será por ellos que la Corte sobreviva a una nueva embestida.