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Opinión

  • | 2011/12/19 00:00

    El verdadero peligro

    El grave peligro que corremos como sociedad es que funcionarios públicos y líderes religiosos sigan perpetuando los prejuicios irracionales que siguen motivando la violencia y los crímenes de odio en contra de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas en Colombia.

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Durante las últimas semanas el mundo conoció, a través de los medios de comunicación, el caso de Chandler Burr, un periodista estadounidense que vino a Colombia para darle un hogar a uno de tantos niños que lo necesitan con desesperación, y quien pese a adelantar exitosamente todos los trámites requeridos para adoptar a dos hermanos de 10 y 13 años, y tenerlos a su cuidado durante un mes en Estados Unidos, vio como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le arrebató su custodia al revelar en último momento que era homosexual.

Este caso no sólo es vergonzoso para un estado social de derecho como Colombia, en donde las personas no deberían ser discriminadas por motivo de su orientación sexual, sino también aberrante, dada la oscura influencia de los prejuicios y la moral religiosa en las decisiones de entidades estatales. A pesar de que existe una decisión judicial favorable a Burr, que insta al ICBF a devolverle la custodia de los niños, ya se han alzado las voces de los purpurados, que ocupan despachos oficiales y púlpitos, quienes se oponen a que esta, y muchas otras historias, tengan un final feliz.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo gala de una enorme pobreza argumentativa al justificar su decisión frente al señor Burr, aferrándose al supuesto carácter “excepcional” de una solicitud de adopción por parte de una persona homosexual -asumiendo erróneamente que él era el primer solicitante en la historia del ICBF que ostentaba dicha orientación-, asegurando que el señor Burr, al revelar solo al final su orientación sexual, había ocultado información “relevante” -cuando de acuerdo a conceptos jurídicos del mismo ICBF en ningún caso se debe indagar por la orientación sexual del solicitante, pues ese constituiría un trato discriminatorio-, y afirmando que su negativa obedecía a su labor de velar por el “interés superior de los menores”, quedando claro que los funcionarios involucrados en tal decisión ignoran lo que significa defender el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en este país.

Por su parte el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en otra de sus nefastas intervenciones “en defensa” de los derechos fundamentales de los colombianos, respaldó la posición del ICBF y rechazó la decisión judicial favorable a Burr, acogiendo parcialmente los desafortunados argumentos del Instituto, aunque llevándolos más allá al señalar la existencia de un vacío legal que hace posible que personas homosexuales puedan adoptar individualmente, lo cual, de acuerdo a su peculiar visión del comportamiento humano, significa un “peligro” para los niños que resulten siendo adoptados por esas personas.

La pregunta lógica en este punto sería ¿a qué peligro se expondrían estos niños? El máximo representante del Ministerio Público ya ha dado respuesta a ese interrogante de forma elocuente en su libro titulado “Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad”, en el cual asegura que las personas homosexuales son poco menos que aberradas y, como resulta obvio para él, tales seres abyectos constituyen un “peligro” en sí mismos, y mucho más si se dejaran niños a su cargo. No es por ello extraño que el Procurador haya pedido seguimiento a este caso, como si se tratara de una conducta criminal en desarrollo, o de un abuso sexual por consumarse, y no del cumplimiento de una medida de protección y restablecimiento de derechos a favor de dos niños que llevan gran parte de sus cortas existencias en el abandono.

Otro pronunciamiento que no puede quedar en el olvido es el de Monseñor Juan Vicente Córdoba, “psicólogo de profesión”, cuya opinión sobre el caso Burr no sólo está plagada de imprecisiones y argumentos falaces, sino que explicita aún más los discursos ocultos en la decisión del ICBF y en la actitud de gendarme del Procurador. En entrevista para el diario El Tiempo el pasado 13 de diciembre, Monseñor manifiesta su preocupación por los niños que han sido dados en adopción al señor Burr, pues considera que se encuentran en “grave peligro” al quedar al cuidado de un hombre homosexual. De acuerdo a Monseñor Córdoba, la homosexualidad “no es una enfermedad, pero sí es un desorden de identidad sexual, de identificación de género”, y según él “esto lo dice la psiquiatría universal”. Adicionalmente explica que el hecho de que sean dos niños y no dos niñas, y que por sus edades se acerquen a la adolescencia, podrían llegar a ser atractivos sexualmente para el adoptante, a quien, por su “trastorno”, le sería muy difícil darles una “afectividad limpia y cristalina”.

La indignación que generan estas últimas declaraciones es enorme, casi tan grande como la ignorancia de Monseñor Córdoba en materia de sexualidad humana, quien pese a su (dudoso) título en psicología, y a sus conocimientos sobre la “psiquiatría universal”, es incapaz de reconocer que la homosexualidad no es ni una enfermedad ni un trastorno, y que las personas homosexuales, al igual que las heterosexuales, son capaces de proporcionar cuidado y afecto a otras sin que medie el deseo sexual. Quizá lo más lamentable de sus declaraciones sea la absurda relación que establece entre la homosexualidad masculina y la pedofilia, sin tomar ningún estudio científico serio que lo sustente. Es preciso entonces que Monseñor no siga exponiendo argumentos pseudocientíficos, y que se informe mucho mejor con respecto a la pedofilia, tema sobre el que él, como representante de las altas instancias de la iglesia católica, debería tener mayor claridad.

El verdadero peligro que corren estos niños es que las posturas medievales y oscurantistas del Procurador y de Monseñor prevalezcan en el debate jurídico aún abierto, y que con sus argumentos falaces logren quitarles la posibilidad de tener un hogar. El grave peligro que corremos como sociedad es que funcionarios públicos y líderes religiosos como ellos sigan perpetuando los prejuicios irracionales que siguen motivando la violencia y los crímenes de odio en contra de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas en Colombia.

*Miembro del colectivo Resistir y Articular de la Universidad Javeriana y del Instituto Pensar.

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