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Opinión

  • | 2012/06/30 00:00

    El vergonzante poder judicial

    El primero que está pasando de agache es el fiscal Montealegre, sin duda el autor en la sombra de varios de los orangutanes que motivaron la ira de los ciudadanos.

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A la portada de la revista SEMANA, en la que se dice que “todos salieron mal” y se ve al presidente Santos con sus ministros Vargas Lleras, Renjifo y el hoy defenestrado Esguerra en compañía del presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, y del presidente de la Cámara, Simón Gaviria, le faltaron varios nombres pertenecientes al Poder Judicial. 
 
El primero que está pasando de agache es el propio fiscal Montealegre, sin duda el autor en la sombra de varios de los orangutanes que motivaron la ira de los ciudadanos. No solo la aupó haciendo convites en su propia casa -sabemos de por lo menos una comida a la que invitó a varios congresistas y ministros-, sino que fue el autor de su resurrección cuando esta reforma estaba prácticamente hundida hace unos meses.  

A la reunión del 3 de mayo que se realizó en Palacio, y a la que estaban invitados el presidente del Consejo de Estado, el de la Corte Suprema de Justicia y los ponentes de la reforma, el fiscal Montealegre, aparentemente bien intencionado, llegó bastante alterado a denunciar el escándalo de la falsificación de unas actas en el Consejo Superior de la Judicatura. La indignación que suscitó la revelación de esos actos corruptos reavivó la llama que se estaba apagando y consiguió que las fuerzas dispersas de la Unidad Nacional se volvieran a unir para acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, pieza central de la reforma. El escándalo trascendió a los medios y, en cuestión de horas, el gobierno, el fiscal y las altas cortes sacaban un comunicado en el que acordaban darle un segundo aire a la reforma a la Justicia. Montealegre hizo entonces la defensa más heroica que se haya hecho de este orangután: le dijo a Yamid Amat en una entrevista aparecida en El Tiempo, semanas antes de la debacle, que esta reforma, nacida de manera espuria, iba a "modernizar el estado de derecho".  

Lo curioso del caso es que el escándalo resultó ser un falso positivo más porque ni las actas eran falsas ni hay un solo detenido por eso.

Lo que no nos dijo el Poder Judicial fue que ese no era el único pacto que se había hecho en esa reunión palaciega. Ese día, según lo he podido constatar con varios de los allí presentes, el fiscal Montealegre y el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, alegaron en causa propia y pidieron fuero especial para ellos, petición que fue atendida de manera generosa: incluyeron en el mismo saco a la contralora y al procurador y, de paso, le dieron fuero a los secretarios generales de Senado y Cámara. Si para el fiscal Montealegre estos orangutanes modernizan nuestro estado de derecho, entonces ya no sorprende su obstinación por inculpar al exdiputado Sigifredo López, a pesar de que todas las pruebas que tenía contra él se le han deshecho.

Esto sin contar con los acuerdos que ya se habían hecho antes de esa reunión y que tenían que ver con la prórroga automática del periodo para los magistrados de las altas cortes. Habría despertado tanto interés este artículo de la reforma que una magistrada auxiliar de uno de los magistrados que estaba a días de irse, Camilo Tarquino, fue vista en el último debate que se dio en la plenaria. Esa gabela, la de la prórroga automática del periodo de los magistrados de las altas cortes, también fue la que terminó neutralizando la voz crítica del magistrado Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, quien de ser uno de los más fuertes críticos de la reforma pasó a ser un espectador silencioso. El magistrado Bustos hizo lo mismo que Yidis sin necesidad de orinar a escondidas en una matera.

Si sus jueces hicieron lo mismo por lo cual se le condenó, ¿no valdría la pena revisar ese cohecho de Yidis?

Pero el descrédito del Poder Judicial no se queda allí. Luego de haberla prohijado, así fuera a escondidas, le tocó convencer a los congresistas de que la hundieran y asegurarles que si votaban, no iban a ir a la cárcel acusados de prevaricato. El fiscal incluso se fue hasta el Partido Conservador a convencerlos de que hundieran lo que él tan meticulosamente había prohijado. Qué vergüenza. Con fiscales así no hay para qué hacer la reforma que quería Santos, en la que la Fiscalía pasaba a pertenecer al Ejecutivo, porque ya tenemos en el fiscal Montealegre a un ministro de Justicia in pectore.

Cuando los políticos actúan en beneficio propio, la democracia se resquebraja. Pero cuando lo hacen los jueces, se acaba el Estado de derecho.
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