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Opinión

  • | 2017/08/06 13:09

    ¿Quién los ronda?

    Ni el comité selector de los magistrados de la JEP ni quienes resulten escogidos por ellos tienen, por ahora, quién los ronde. ¿Será saludable tanto poder concentrado en unos pocos?

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Una de las principales preocupaciones entre los congresistas que más promovieron la llamada reforma de equilibrio de poderes era la de reestablecer la teoría de pesos y contrapesos para garantizar un funcionamiento armónico del Estado colombiano en donde ningún alto dignatario fuera tan poderoso como para hacer lo que le viniera en gana sin que nadie pudiera llamarlo al orden.

El fin de la reelección y un cambio de modelo de investigación y juzgamiento frente a los servidores estatales más poderosos del país produjo intensos debates entre los parlamentarios y la intervención de diferentes ‘think tanks‘ nacionales que contribuyeron con ideas y argumentos para evitar que continuara la inmunidad de facto para algunos funcionarios.

Han pasado solo unos meses desde aquel inusitado activismo de la reforma de equilibrio de poderes y tal parece que las energías se les acabaron a los mismos que pedían definir quién ronda a quién para que nadie tenga impunidad frente a sus actos.

Lo digo porque ha habido un inmenso silencio frente a las actuaciones de los ‘arquitectos‘ de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pese a su amplia discrecionalidad a la hora de crear un sistema paralelo de justicia que se convertirá en un nuevo poder del Estado sin que existan, por ahora, controles ni cortapisas.

¿Quién ronda, por ejemplo, a los miembros del poderoso comité selector de los magistrados de la JEP? ¿Quién los disciplina si se excedieran en sus funciones, quién vigila sus actuaciones o puede pedirles celeridad en sus determinaciones?

Ni hablar de quienes resulten elegidos por ellos: no existe ni en la reforma constitucional ni en el proyecto de ley estatutaria que ahora se discute, norma alguna que les obligue a los flamantes nuevos magistrados de la JEP a rendirle cuentas a nadie. Por el contrario, queda dicho que lo primero que harán cuando se posesionen será darse su propio reglamento, con plena libertad y amplia discrecionalidad.

Si bien se necesitará una ley procesal que defina estos aspectos y que se comenzaría a discutir una vez aprobada la ley estatutaria de la JEP, pasarán meses antes de que el Congreso le meta mano al asunto y en el entretanto tendremos unos jueces ultra-poderosos que se mandarán solitos y a los que nadie podrá pedirles explicaciones por sus actos.

Dirán que estoy exagerando, que me estoy anticipando a los acontecimientos y que hay que esperar a que se instale la JEP para luego preocuparnos por establecer los controles. No obstante la experiencia nos ha mostrado que cuando se crean organismos que concentran tanto y tan peligroso poder, su capacidad para auto-determinarse no tiene límites y ponérselos toma demasiado tiempo y generalmente las reformas llegan cuando el daño institucional ya está hecho.

Si nos preocupamos tanto en su momento porque el presidente, el fiscal y los magistrados de las altas cortes tuvieran quién los rondara, es fundamental que ahora, frente a estos nuevos poderosos funcionarios, exista igual interés o más para dejarles claro que no todo vale y que tienen quién vigile sus actuaciones.

Twitter @JoseMAcevedo

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