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Opinión

  • | 2014/03/13 00:00

    Elecciones bolivarianas

    Las “irregularidades constantes” son tan graves, que las denunciaron por escrito los auditores de ocho partidos políticos.

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De las primeras cosas que hizo Hugo Chávez para anclarse al poder fue tomar por asalto el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector del poder electoral en Venezuela. Lo convirtió en un instrumento para perseguir a la oposición en nombre de los supremos intereses de la “revolución”. El resultado es un país dividido y un presidente, Nicolás Maduro, cuestionado seriamente por fraude electoral. 

Las prácticas de la revolución bolivariana para ganar las elecciones a cualquier precio ya se importaron a Colombia. Al igual que en Venezuela, el gobierno de Juan Manuel Santos controla el Consejo Nacional Electoral y no dudó en utilizarlo para cambiar las reglas arbitrariamente, hacer fraude a la Constitución, torcer la ley y convertir la Organización Nacional Electoral en un instrumento contra sus competidores. Ningún gobierno jamás se atrevió a tanto.

¡No exagero! Una vista rápida a los comicios del pasado 9 de marzo lo demuestra. Sin que se hubieran modificado los marcos constitucional y legal, el Consejo Nacional Electoral impidió que el Centro Democrático pudiera utilizar en el logotipo la imagen de Álvaro Uribe y su apellido, actuando en contra de la jurisprudencia y de decisiones anteriores en las que Gustavo Petro, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Carlos Moreno de Caro sí pudieron hacerlo.

Luego, el mismo organismo volvió a modificar las reglas para impedir que el expresidente pudiera salir en las propagandas de televisión invitando a votar por sus listas al Senado y la Cámara de Representantes. Sin que mediara prohibición legal, adoptaron esa determinación para dificultar al máximo la elección de un nuevo partido que tenía su fortaleza precisamente en la cabeza de lista.

Más adelante, por solicitud del Partido de La U, volvió a reformar las reglas con el fin de elevar de 30.000 a 74.000 millones de pesos el tope de las campañas. No les bastó la astronómica cifra inicial y la doblaron para legalizar el caudal de recursos de todo origen. Mientras hacían eso, candidatos decían que desde el Gobierno se intimida a empresarios para que no aportaran a las campañas de la oposición.

Por su lado, la Registraduría Nacional, controlada, al igual que el Consejo Electoral, por los partidos políticos de la Unidad Nacional, se saltó la ley para que no se hiciera la votación de revocatoria del alcalde Petro una semana antes de las elecciones parlamentarias, cuando este tenía a su favor las encuestas. El propósito: evitar que el Partido Verde obtuviera por esta vía un impulso que les quitara escaños a los partidos de la Mesa de Unidad Nacional. No iba a disminuir la representación del uribismo: los partidarios de Santos eran los afectados.

Además, la Organización Electoral se demoró al extremo en entregar la financiación previa a la Unión Patriótica y al Centro Democrático. Mientras nadaban en dinero los políticos de la coalición de gobierno, trataron de ahogar económicamente a sus competidores. Todo calculado para afectar la igualdad en la lucha electoral.

Como si lo anterior fuera poco, la Registraduría no permitió el trabajo de los auditores de sistemas acreditados por los partidos políticos. Una situación absolutamente irregular. No fue posible certificar la transparencia y la conformidad con la ley del sistema de transmisión y procesamiento de datos que se emplea en el escrutinio. 

Las “irregularidades constantes” son tan graves, que las denunciaron por escrito los auditores del propio Partido de la U, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Opción Ciudadana, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Centro Democrático, Partido Conservador y Partido Liberal (ver carta). El registrador Carlos Ariel Sánchez aún no explica por qué se entorpeció sistemáticamente el control a que tienen derecho los partidos a través de auditores.

Es muy grave. Hay denuncias que pueden llevar a pensar en un fraude electoral para favorecer a los partidos de la coalición de gobierno. Cifras que no corresponden con los datos reportados por los testigos electorales o los mismos electores que ven desaparecer su voto de las mesas en que lo depositaron. Y todo coincide con la negativa de la Registraduría a permitir dicha auditoria. ¿Casualidad?

La Registraduría debe responder. ¿Por qué los auditores de los partidos no fueron todos informados de manera oportuna de los simulacros de día de elecciones? ¿Por qué se ubicaron los auditores en el Centro de Cómputo de Bogotá y no donde se realizó la consolidación de la información nacional de las elecciones?

¿Por qué no se permitió a los auditores de los partidos verificar los equipos, comunicaciones y el software que se emplea para consolidar la información electoral?

¿Por qué, señor registrador, sólo se permitió a los auditores monitorear información fraccionada y “únicamente el acceso a la información de Bogotá”, cuando debería poder auditar la proveniente de cualquier parte del país?

¿Por qué no dejaron que los auditores verificaran “los equipos (hadward), software (pruebas de integridad, seguridad, confiabilidad y disponibilidad) para la consolidación nacional, ni los dispositivos de seguridad para este proceso!”? Así lo denuncian los firmantes de la carta.

Y ¿por qué se impidió a los funcionarios de la Procuraduría y a la auditoria del Centro Democrático realizar pruebas para verificar la transparencia del sistema que se emplea para el escrutinio? ¿Por qué únicamente lo permiten para el preconteo?

Coincidente con tamaña irregularidad ahora se conoce que en la información publicada el 9 y el 10 de marzo no se reportó la votación del Centro Democrático depositada en 7.971 mesas, un total del 8,3 % de las mesas informadas. Más del 80 % de esas mesas se reportaron a partir del Boletín 17, razón por la cual los demás partidos sumaron los votos en ellas obtenidos, mientras se afectaba al partido uribista. Vuelvo a preguntar: ¿Casualidad? ¿O interés del Gobierno por mostrar al Partido de la U como ganador de las elecciones? ¿Es posible que se trate de un error involuntario o es la prueba de un fraude armado desde las entrañas de la Organización Electoral?

¿O es casualidad que el promedio nacional de votación por mesa sea de 121 electores y en 54 mesas aparezcan 179.084 votos, es decir, un promedio de 3.316 votos por mesa?

A pesar de que el ministro del Interior dijo que estas eran las elecciones con más garantías en las historia, la verdad es la contraria. No hay ningún caso que se recuerde en el que el Gobierno haya utilizado a su antojo la Organización Electoral para mantenerse en el poder. Si esto se hizo para la votación de congresistas, ¿cómo será para reelegir a Santos?
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