Elecciones seguras e inciertas

Tremenda paradoja hemos estado viviendo los colombianos después de unas elecciones parlamentarias que han alcanzado cifras récord de participación ciudadana: el proceso electoral ha sido el más seguro de los últimos 20 años, pero su resultado ha sido el más incierto de los últimos 40 años. Seguridad e incertidumbre combinadas como nunca antes.

En efecto, la violencia relacionada con el proceso electoral fue mínima en esta ocasión. De los casi 1.100 municipios del país, sólo 14 tuvieron algún hecho violento relacionado con el proceso electoral. Esto está muy lejos de los siempre exagerados vaticinios que acostumbra a hacer la Misión de Observación Electoral, que para esta jornada señaló a 420 municipios con riesgo de violencia y a 320 con "riesgo extremo". Los hechos tozudos muestran otra cosa: la violencia electoral afectó 211 municipios en 1997, en 2007 ese número descendió a 62 municipios, y ahora fue cinco veces menor que en la anterior elección. La conclusión es contundente: la violencia ha dejado de ser un factor perturbador de los procesos electorales en Colombia.

Pero esta buena noticia ha resultado ensombrecida, de una parte, por la interferencia de la corrupción y los dineros ilícitos en algunas regiones, y, de otra parte, por la falta de certidumbre de los resultados electorales debido al fiasco informático de la Registraduría. Tal vez desde 1970 no habíamos presenciado un retraso tan prolongado para conocer los resultados finales de las elecciones. Peor aún, seguramente la cantidad de reclamos e impugnaciones por las diferencias entre los conteos en las mesas de votación y los escrutinios posteriores superarán cualquier antecedente reciente. Algo verdaderamente lamentable para nuestro país que hasta ayer no más se jactaba de tener una de las organizaciones electorales más eficientes y confiables en América Latina.

No obstante, a pesar de la justeza de las críticas a la ineficiencia de la organización electoral, nadie la podrá acusar de parcialidad a favor del gobierno, como es usual en estas crisis de confianza. Por el contrario, es el gobierno el que no ve con confianza al Registrador, y exagera de manera grave al declarar que no hay garantías para la próxima elección presidencial, en una clara actitud retaliatoria contra ese funcionario que le hace mucho daño a la institucionalidad y a la democracia. Mientras tanto, los candidatos presidenciales de la oposición afirman que no ven garantías sin él y defienden su permanencia en el cargo.

Así que bienvenidos a la modernidad: alta participación ciudadana, elecciones seguras por el fortalecimiento del Estado en el territorio, e incertidumbre en los resultados por un lío informático. Pero este traspié operativo de la Registraduría no debería evitar el examen de otros asuntos cuyo ajuste podría mejorar nuestro sistema electoral.

El tarjetón. Definitivamente, mientras tengamos esa caótica combinación de listas cerradas y abiertas, un tarjetón sin nombre y sin foto de los candidatos es inmanejable para demasiados electores. Para algunos es como un sudoku. Se debería aprovechar que el umbral ha reducido el número de partidos por lo que se podría imprimir un tarjetón por partido con nombre y foto de los candidatos, y que el elector solicite en la mesa el tarjetón del partido de su preferencia.

El voto preferente. Sigue siendo el mecanismo por el que se cuela el poder del dinero y la corrupción. Las campañas individuales de cada candidato contra el resto desdibujan y desintegran las colectividades políticas. Deberíamos ir hacia el predominio de las listas cerradas. El ahora senador Roy Barreras ha propuesto con tino estudiar el sistema mixto alemán, que dentro de una misma lista de partido ofrece la opción preferente y la cerrada, y podría ser una buena alternativa.

El Senado nacional. Ha disparado a proporciones astronómicas el costo de las campañas y, por tanto, el predominio del dinero -tanto lícito como ilícito- en la política, sacrificando la representación de algunos departamentos. Aquí también valdría la pena examinar un sistema mixto. Por ejemplo: un 80 por ciento de representación regional y un 20 por ciento para la representación de las minorías y figuras de opinión.

Publicidad y topes de recursos. Son el rey de burlas de todas las elecciones. En las narices de las autoridades los candidatos con mucha plata exceden en forma obscena el número de vallas permitidas, y nadie hace nada. Las multas y el retiro de las vallas no disuaden a nadie. Eliminar la inscripción a quien viole la norma podría ser una opción. Y deberían establecerse topes únicamente a la publicidad, que es lo controlable. Para sincerarnos y no reglamentar lo incontrolable, que sólo desprestigia a la autoridad e invita al desconocimiento de la ley.