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Opinión

  • | 2017/03/15 11:02

    Electrocutados

    Los gobernadores del Caribe aprovecharon el episodio de Electricaribe para poner sobre la mesa el tema de la "Región Caribe".

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Finalmente la crisis de la empresa Electricaribe pasó factura y se anunció la toma de medidas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos al respecto, lo que supone la eventual liquidación de la compañía.

Los gobernadores del Caribe colombiano habían hecho frente común respecto a esta causa, la que afectaba a 2,5 millones de hogares, lo que equivaldría a casi diez millones de personas en la región.

La crisis concluyó en lo que parecería una “Crónica de una Muerte Anunciada”, para ponerlo en términos de nuestro titán de la literatura del realismo mágico.

Al final la participación política, el activismo ciudadano y el lobby de los mandatarios departamentales y locales rindió sus frutos, y una autoridad ejecutiva de inspección y vigilancia tomó una decisión que pone punto final a muchos años de mal servicio, burlas y frustraciones.

En un país en donde el kilovatio es costoso, el entramado de la generación, la distribución y el servicio de energía eléctrica es de lo más complicado que hay para entender en dónde las generadoras que dan utilidades son vendidas (caso ISAGÉN) y los particulares (extranjeros) entran al negocio bajo las premisas de mejor servicio y eficiencia, quedó claro que es necesario revisar si toda prestación privada o concesionada es buena, o si la estatización de las empresas es la respuesta.

Es un debate actual y que se da en diferentes ciudades y sobre diferentes servicios, la crisis del modelo de basuras en Bogotá, la puja por la enajenación de acciones en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el crecimiento de otras empresas como el Grupo de Energía de Bogotá, con presencia internacional, encuentran un referente en lo acontecido con ELECTRICARIBE, controlada por la española Gas Natural Fenosa.

A pesar del lobby de algunos ministerios, las misiones diplomáticas tanto de Colombia como de España, y las reuniones “bilaterales” entre la canciller y representantes del Estado español, la crisis no tuvo más aguante y el superintendente dejó varios mensajes claros que bien pueden sentar un precedente sobre este y otros temas.

El “súper” se marginó de participar en tales reuniones y negociaciones políticas y, aprovechando en buena hora el espacio que han logrado las superintendencias y la “protección” internacional de la que gozan por transparencia y gestión de cara al ingreso de Colombia a la OCDE, optó por tomar la decisión técnica y jurídica pertinente, la intervención para su posterior liquidación.

Otro capítulo de esta novela macondiana será el que se tendrá en tribunales de arbitramiento y cortes extranjeras respecto a las pretensiones de Gas Natural Fenosa en relación con sus “inversiones”, a pesar de que estas siempre acusaron la insolencia de la red, la mala prestación del servicio y las contingencias derivadas de tales situaciones.

Los gobernadores del Caribe aprovecharon este episodio –y, por qué no decirlo– esta “victoria” política, para poner en la agenda nacional el debate sobre la necesidad de la consolidación jurídica y político-administrativa de la “Región Caribe”, como una decisión ciudadana de voto popular que les permita autonomía y capacidad de decisión en temas tan vitales como la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Si la gobernabilidad del Siglo XX trajo como victoria la reivindicación del municipio como eje fundamental de la administración pública, quizás el Siglo XXI nos traerá como nuevo paradigma de la adecuada gobernabilidad la reivindicación del departamento a través de las regiones, sobre lo cual el Caribe ya ha adelantado un camino y hoy demuestra que la unión sí hace la fuerza y el escenario está maduro para dar este debate.

Esperamos todos los caribeños poder gozar ahora sí de un servicio de energía de calidad, con eficiencia y responsabilidad social más allá de la utilidad económica, o la expectativa jurídica de ser expropiado o intervenido para llevarse las “utilidades” en demandas o costosos laudos arbitrales, lo que será el round que sigue y sobre el cual Colombia no se puede descuidar.

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