'Ellos' y todos los demás

“La reparación es mucho más que un cheque o un pedazo de tierra. La reparación implica ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida con igualdad”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el día que, delante del secretario general de Naciones Unidas, sancionó la más revolucionaria e ‘igualitaria’ ley de los últimos años para quienes por décadas han padecido el conflicto armado en Colombia.

Aquella misma fecha, Ban Ki Moon declaró a los medios de comunicación que se encontraba en Colombia presenciando un día histórico en el que a todas las víctimas se les repararía con un ‘monto simbólico y limitado’ el dolor inenarrable que habían sufrido.

Lejos estaba de imaginarse que aquello de ‘monto limitado’ sólo aplicaba para algunos.

Y es que silenciosamente, desde hace más de cuatro meses, el Tribunal de Santander le dio la razón al ilustre senador Juan Manuel Corzo y ordenó repararlo por las semanas que estuvo secuestrado tasando la condena contra el Estado en 800 millones de pesos, con el argumento de que la Nación no hizo nada para evitar su cautiverio.

Por esos mismos días, José Celestino Jaime, víctima del fuego cruzado entre las FARC y los paramilitares en la región del Magdalena Medio, llegaba a la unidad móvil que el Gobierno había dispuesto para que las víctimas conocieran el proceso de reparación y aunque a su hija de 12 años la violaron y a su esposa la asesinaron, el funcionario que atendió su solicitud le advirtió que de acuerdo con la ley, el reclamante podría recibir un resarcimiento no superior a 20 millones de pesos, pero que tenía que esperar, llenar unos papeles y, sobre todo eso: esperar.

Aunque es inútil comparar el sufrimiento del secuestro con la pérdida de la esposa y la violación de una hija, lo cierto es que la diferencia entre los 800 millones de Corzo y los 21 de José Celestino es, sin duda, afrentosa. ¿Cómo entenderla?

Si bien es verdad que la reparación por la vía administrativa y la indemnización como consecuencia de una condena contra el Estado son dos cosas distintas, en la práctica, para gente como José Celestino es difícil comprender por qué hay unas víctimas de primera clase que se dan el lujo de reclamar tanto y otras a las que les toca conformarse con lo que la ‘revolucionaria’ ley les ofrece.

Ya en junio del 2011 advertía en una columna que estaríamos ad portas de tener algunos políticos indemnizados 20 o 50 veces más que quienes se acojan a la reparación administrativa contemplada en la Ley de víctimas actual.

Ese momento ha llegado y mientras algunos pocos ‘ilustres’ exsecuestrados acumulan pretensiones por cerca de 30.000 millones de pesos contra el Estado, muchos más campesinos hacen fila para ver si algún día les pagan unos 21 millones de pesos, si bien les va, insisto.

Sustraigámonos de la antipática diferenciación jurídica entre un procedimiento y otro para intentar explicar lo injustificable. Nos iría mejor si nos quitamos la careta y reconocemos que en este país hasta a la hora de ser víctimas, algunas valen más que otras.

Son ‘ellos’, unos cuantos, frente a todos los demás…

Twitter @josemacevedom