Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2004/04/04 00:00

Emcali: polo de desarrollo y estancamiento

A cuatro años de su liquidación, las Empresas Públicas de Cali no han podido salir a flote a pesar de las medidas desesperadas de las administraciones local y nacional. El concejal de esa ciudad, Carlos Andrés Clavijo, escribe sobre la necesidad de encontrar una pronta solución para la empresa que le representó a la capital del Valle "desarrollo y productividad".

Emcali: polo de desarrollo y estancamiento

El desarrollo urbano de Cali desde comienzos del siglo XX se caracterizó por el auge progresivo de diversas actividades económicas que constituyeron condiciones muy importantes para la generación de flujos migratorios hacia nuestra ciudad, lo que produjo fuertes demandas de vivienda y servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos.

Sin los procesos de administración pública, desarrollo urbano y expansión no habría sido posible la consolidación de Emcali en 1931. En ese año, el Concejo Municipal decidió crear las Empresas Municipales de Cali y asignarle el manejo del acueducto, la administración y el recaudo de los impuestos del alcantarillado. A mediados del año 34, el crecimiento económico de Cali provocó una elevada tasa de crecimiento demográfico debido a la población inmigrante, lo que se evidenció en la aparición de nuevos barrios legales e ilegales, y generó una gran demanda en servicios públicos. La ciudad comenzó entonces la expansión y se convirtió en la metrópoli del suroccidente colombiano. Luego, en los años 80 y principios del 90 se presentó en el país una reactivación económica, y en Cali las actividades constructora e industrial hicieron que la ciudad tuviera una expansión urbana formal hacia el sur e informal hacia el suroriente con el Distrito de Aguablanca.

Hoy en día Emcali, que fue el gestor del desarrollo urbano y social de Cali, está postrada en el estancamiento con una intervención que esta semana cumple cuatro años, después que el alcalde de entonces consideró que no había otra solución para salvar las Empresas Públicas de una inminente "quiebra". Cuatro años que en prospectiva se convierten en más de 10 en una ciudad capital superpoblada; con la pérdida de industrias se generó desempleo y se ampliaron los cinturones de miseria, desplazamiento, altos costos en los servicios públicos, altos índices de inseguridad, falencias de alumbrado público y carencia del servicio telefónico en los corregimientos, entre otros problemas.

Todo ello, justificando el proceso de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a excesos en convenios que no se podían cumplir; las malas administraciones la postraron ante el sector financiero y bancario, que hoy reclama con urgencia la inversión hecha en una empresa que genera grandes ingresos y que aún, a pesar de la crisis y la intervención, es viable y rentable. Eso ha generado un proceso en el cual están involucrados los acreedores, la Nación, los trabajadores, el municipio y los usuarios, comprometidos en salvar la empresa de la liquidación. Para llegar a una solución se creó la figura del "todos ponen", a la que considero que se le debe hacer un serio análisis en cuanto a los acuerdos y preacuerdos suscritos en ella. Pues no son convenientes en la forma como se han planteado, porque facilitarían la liquidación de la empresa y les dan la oportunidad a los particulares para que se queden finalmente con su administración.

En este nuevo convenio de reestructuración se anula toda posibilidad de intervención del alcalde y del Concejo en las directrices de la entidad, pues como se puede determinar, hemos perdido el control y la dirección, que pasa al manejo de un comité ejecutivo conformado por los acreedores.

De otra parte, el sector bancario no aporta dinero en efectivo al Fondo de Capitalización, sino un pequeño porcentaje del valor de su acreencia. Los que sí van a pagar los platos rotos de esta mala administración somos los usuarios. Inicialmente se había establecido su aporte voluntario, tanto en la Resolución 141 del 23 de enero de 2003 como en las anteriores versiones del convenio. Hoy en el actual, numeral 3.2.6., se establecen como "aportes obligatorios" en un 2 por ciento sobre el valor de las facturas de servicios públicos, lo que afecta considerablemente el ya golpeado presupuesto de los caleños. Creo que este cobro, como lo han manifestado los veedores de la comunidad que le han solicitado al gobierno nacional realizar una consulta popular para definir el "aporte", constituye una violación a la libertad contractual.

Así las cosas, considero que este nuevo plazo de 30 días para el estudio del convenio de reestructuración solo sería productivo y benéfico para la ciudad si se modifica el actual acuerdo, estableciendo uno que implique rebajar la deuda, recuperar la autonomía del municipio sobre la empresa, constituir el Fondo de Capitalización Social con aportes que realmente constituyan un cambio financiero de Emcali y establecer "que el aporte de los usuarios sea voluntario", y que la Nación asuma la deuda con el BIC (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Jbic (Japan Bank of International Cooperation), relacionada con el préstamo obtenido para financiar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, sin tener que devolverle los dineros, como inicialmente se había concebido.

Este conflicto de intereses es el que se debe resolver. En una democracia hay que llegar a acuerdos, sin meter la mano al bolsillo de los usuarios ni perjudicar a los empleados, y finalmente recuperar nuestras empresas de servicios públicos para beneficio de todos los caleños.

* Concejal de Cali

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