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Opinión

  • | 2017/04/01 10:10

    Empresarios preocupados

    El Consejo Gremial Nacional expresó al Congreso y al Gobierno su preocupación frente a la insistencia de las Farc en la introducción del acuerdo de paz al bloque de constitucionalidad.

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El lunes 27 de marzo, el Consejo Gremial Nacional, la más representativa instancia del empresariado colombiano, envió al presidente del Senado, Mauricio Lizcano Arango, una dura carta que circuló por las redes sociales pero que no mereció la atención de los medios de comunicación.

La carta firmada por la Mesa Directiva integrada por el presidente, Santiago Castro Gómez (presidente de ASOBANCARIA), y el vicepresidente, Jens Mesa Dishington (presidente de FEDEPALMA), expresa la gran preocupación de los gremios empresariales con respecto al proyecto de reforma constitucional que ya superó su tercer debate en el Congreso, “por medio del cual se da estabilidad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

El Consejo Gremial Nacional comienza por cuestionar el llamado fast track, mecanismo abreviado para reformar la Constitución o aprobar leyes relacionadas con la implementación del acuerdo con las FARC, al considerar que este “no exonera a las ramas del poder público del deber de facilitar y garantizar la deliberación transparente, participativa y democrática de los instrumentos que desarrollen o implementen dicho Acuerdo". En pocas palabras, los empresarios se solidarizan con quienes consideramos que el Congreso es hoy un convidado de piedra en el momento de debatir y decidir sobre las reformas que el Gobierno y las FARC someten a su aprobación, un verdadero Congreso “eunuco”.

En este contexto la carta del Consejo Gremial expresa su preocupación con respecto a la redacción de uno de los artículos que llegan a su último debate, según el cual “los contenidos del Acuerdo final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales obligatoriamente serán parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes que se dicten para implementar el acuerdo final.”

Para los empresarios, criterio que comparto, de aprobarse el mencionado artículo, se estaría considerando el acuerdo con la guerrilla de las FARC parte del bloque de constitucionalidad, es decir, se le elevaría a rango constitucional, por lo que hacen un llamado “a evitar que, a través del actual proyecto de Acto Legislativo, se reabra el debate o se incorpore nuevamente el Acuerdo Final a la Constitución, por la vía de establecer la obligatoriedad en su cumplimiento a los agentes del Estado en todas sus actuaciones”.

Termina la misiva recordándoles al Congreso y al Gobierno que “el sector empresarial estima conveniente afirmar que el proceso de reincorporación de los integrantes del grupo guerrillero a la sociedad civil se debe dar siguiendo los mismos derechos y obligaciones que se le otorgan al resto de los colombianos”.

Los empresarios están alzando su voz de manera clara y contundente, sin embargo, parece que no existe receptividad alguna frente a sus preocupaciones, que coinciden con las de muchos colombianos que vemos cómo nuestras instituciones empiezan a debilitarse por cuenta de un verdadero “apaciguamiento”, resultado del cual el Gobierno y sus aliados incondicionales cierran sus ojos y hacen oídos sordos frente a cualquier cuestionamiento con respecto a lo acordado con las FARC.

De aprobarse que el acuerdo haga parte del bloque de constitucionalidad, no sólo se estaría contrariando directamente la voluntad popular expresada por el NO en el plebiscito del 2 de octubre, sino que el gobierno de Juan Manuel Santos estaría faltando a su palabra y a su compromiso de no insistir en considerar al acuerdo de paz un “tratado de derecho internacional”, aspecto en el que siguen insistiendo de manera terca e irresponsable los abogados de las FARC Álvaro Leyva Durán y Enrique Santiago.

No se debe subestimar ni minimizar el descontento ciudadano, hay muchas razones para manifestarlo pacíficamente, como se verá hoy en las calles, una de ellas es precisamente oponerse a la inagotable capacidad de los negociadores e implementadores del acuerdo con las FARC para ponerle trampas a la Constitución. Eso tarde o temprano sale mal, como en Venezuela.
*Ex viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo

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