EN CALZONCILLOS

" Me aterra que quienes combaten a los guerrilleros sean los mismos que los juzguen". Palabra más o palabra menos, estas fueron las declaraciones del doctor Carlos Gaviria, presidente de la Corte Constitucional, la semana pasada. Con perdón del ilustre magistrado, su tesis me parece más bien peregrina. ¿Quién ha dicho que en nombre de la ley no se puede combatir, juzgar y sancionar a quienes estánfuera de ella? Si tal cosa fuese incompatible, los jueces, que por esencia son enemigos de la delincuencia, tendrían que declararse impedidos para juzgar a los delincuentes.De su lado, el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, se opone a la reforma constitucional que permitiría aplicarles la justicia militar, ajena a infiltraciones e intimidaciones, a los subversivos y a los narcotraficantes. El reverente constituyente, que sigue siendo el Ministro, estima intocable el artículo de la Constitución según el cual ningún civil puede ser juzgado por un militar. La pregunta que él tal vez no se ha hecho es la siguiente: ¿realmente deben asimilarse a civiles comandantes guerrilleros que hace 30 años, con un fusil al hombro, uniforme y grado militar, adelantan operaciones de guerra? ¿No habría sido más sensato consagrar en el mismo artículo que las prerrogativas de la justicia ordinaria no cubren a quienes forman parte de grupos armados?La cosa no para ahí. Bastó una sobremesa dominical en Hatogrande para que el gobierno borrara con el codo lo que había escrito con la mano. En efecto, después de haberse comprometido en darle a las Fuerzas Armadas, al fin, las herramientas legales que necesitan para afrontar la subversión, el presidente Samper y su Ministro del Interior decidieron, entre las papas chorriadas y el postre de natas, darle la espalda a buena parte de lo ofrecido a los militares.Y lo peor: dentro de este panorama de peligrosos desistimientos, en la mejor tradición de nuestra Patria Boba, vuelven a aparecer los irredentos ilusos de siempre hablándonos de diálogo. Y todos sabemos que esto, hoy por hoy, no es posible. Una guerrilla que tiene un ingreso diario de 2.000 millones de pesos, que controla cerca de 600 municipios y que puede llevarse a sus campamentos, como mansos corderos, a 60 soldados, sólo aceptaría el diálogo en términos de capitulación por parte del Estado. Al término de la década, si sigue como va, tendrá 30.000 hombres en armas y 300 frentes. De modo que la guerra le conviene más que la paz.A menos que empiece a perderla, para lo cual _lo han dicho todos los candidatos con excepción de Serpa_ se necesitan muchas cosas: involucrar en ella no sólo a las Fuerzas Armadas sino al Estado y a toda la Nación, realizar reformas sustanciales en la estructura interna del Ejército, mejorar la eficiencia del gasto militar, crear grupos de apoyo al estilo de las Convivir y, sobre todo, reformar el marco legal existente. En este último aspecto, lo más urgente es darle a la inteligencia militar, que es el eje de la lucha antisubversiva, funciones de Policía Judicial, a fin de poder detener sospechosos, interrogarlos, reunir pruebas y ponerlas en manos de la Fiscalía. En efecto, hoy en día, se presenta el hecho extravagante de que los jueces, por investigaciones insuficientes y tardías y por la confusión o infiltración creada por los brazos de la subversión, dejan en libertad al 90 por ciento de los delincuentes detenidos. El año pasado, de 5.000 de ellos, sólo quedaron en la cárcel 200. Los demás volvieron a sus andadas.Sin esta arma legal, sin tribunales militares ni teatros operativos, Venezuela no habría podido derrotar a la subversión en los años 60. Y hoy, en vez de tener al más destacado de los jefes guerrilleros de ministro estrella del gobierno, ese país estaría todavía desangrándose como el nuestro. Nunca ha sido más cierto que para obtener la paz hay que ganar la guerra. Y ella no se gana con trabas de bobales, negándole a los militares algo tan básico para sus operaciones como el instrumental para un cirujano o tomando como moneda de buena ley, sin una minuciosa revisión crítica, infundios que la subversión hábilmente propaga a través de las ONG. En este último caso, se está tomando el rábano por las hojas. Como el propio ministro Esguerra lo ha hecho notar, muchas de las denuncias recogidas por la Human Rigths Watch son "refritos" de casos ya investigados, que hoy se resucitan gracias a la eficaz diplomacia guerrillera.Si no se aprueban las facultades a las Fuerzas Armadas, el Estado quedará inerme, en calzoncillos, frente a la mayor amenaza que hayamos conocido. Por obra de esta debilidad, seguirán desarrollándose los grupos paramilitares y la confrontación tomará paulatinamente los perfiles de una guerra civil. Tal es el escenario que nos aguarda. ¿Y el gobierno, entre tanto? Se creerá que todo lo está logrando con los bonos de guerra (¿de qué servirá el dinero si se mantiene la vieja estructura legal y operativa?), mientras en secreto seguirá mendigando los favores de un diálogo improbable, unas veces con la mediación de un obispo y otras, pecaminosamente, con la de un aventurero alemán. Y el vehemente Horacio Serpa, más que nunca, se parecerá al pajarillo de los versos del Tuerto López cantando viva la paz, viva la paz, mientras la mapaná de la subversión se dispone a devorarnos.