La corrupción, hija legítima del desprecio de la igualdad de oportunidades

Por cuenta de la olla podrida que significa Odebrecht en materia de corrupción, como lo descubrió la justicia de los Estados Unidos y luego la brasileña, la colombiana y la de otros varios países de América Latina, la corrupción es tema de honda preocupación nacional. En proceso de solución el problema de la violencia, es aquel el que más agita al país en estos días. El fenómeno es de tales dimensiones que Carlos Caballero Argáez se ha sentido obligado a la siguiente aclaración: “No todos los colombianos son corruptos”.

Claudia López quiere hacer un referendo para “acabar la mermelada”, para que los “sancionados por corrupción no tengan ningún tipo de beneficio carcelario”, etc. Y hasta el Centro Democrático se toma la licencia de salir a la calle a protestar contra la corrupción en compañía de “Popeye”.

La caricatura de Thumor en El Espectador de ayer tiene la siguiente leyenda: “El mayor desastre natural de Colombia es su clase política”.

Rudolf Hommes culpa de la corrupción a los políticos, aunque supongo que no a todos: “En Colombia es verdaderamente preocupante que la clase política esté utilizando cada vez más el poder que le confiere su actividad política para enriquecerse descaradamente… La facilidad con la que Odebrecht logró penetrar todos los estamentos de la esfera política colombiana con una inversión de recursos relativamente modesta ponen en evidencia la venalidad y la pobreza de espíritu de todo el sistema”. (Negrillas, mías) (El Tiempo, 2 de abril 2.017)

Nos trae también es su artículo la siguiente frase de Obama: “la desigualdad es el desafío que define nuestra era”. Antes de Obama la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1.789” considera…“que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”… (Negrillas, mías)

En ningún país es tan cierto como en Colombia que la corrupción obedece al desprecio de los derechos constitucionales fundamentales, entre ellos el de la igualdad de oportunidades. Se vulnera este derecho cuando se contrata a dedo de manera explícita, o disimulada a través de los “pliegos sastres”. Cuando se contrata a dedo los servicios personales de profesionales y de otros; cuando se contrata a dedo las agencias de publicidad y la publicidad en general, que, digamos de paso, es un despilfarro de dineros públicos pues la Administración no necesita hacer publicidad sino pedagogía sobre su obra de gobierno. Igualmente cuando se contrata a dedo personal de carácter administrativo y técnico para las entidades oficiales, es decir, servidores públicos. Cuando a dedo se nombran casi todos los cónsules y casi todos los embajadores. Cuando se le asigna a ciertos congresistas o a grupos de los mismos sectores completos de la administración pública, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro al senador tal de tal partido político por ser una figura relevante. Cuando a través de los llamados “cupos indicativos”, se privilegia a dedo a unos congresistas sobre otros lo que los coloca en posición de privilegio en la contienda electoral futura. Y todo ello a cambio de lealtades políticas. Es lo que algunos llaman compra de conciencias.

¿Cómo opera el régimen, es decir, el clientelismo? Primero unos hechos: 1) El Ejecutivo es quien tiene los contratos, los puestos, los cupos indicativos, los créditos a través, por ejemplo, del Banco Agrario o de Icetex, los consulados, las embajadas, las distinciones honorificas, etc. 2) El electorado, entre nosotros, no se consigue desgraciadamente como en los países desarrollados económica y políticamente exponiendo ideas, programas, planes, análisis con conocimiento de los problemas públicos, encarnando los mejores intereses generales de las gentes, sino dando puestos, becas, contratos, cupos indicativos, publicidad a agencias o periodistas y todo esto a todos los niveles: Nacional, departamental, distrital y municipal. La clase política termina dueña de la Administración. 3) El Congreso aprueba las leyes, las reformas constitucionales, otorga facultades extraordinarias, aprueba el presupuesto y el plan nacional de desarrollo, determina la estructura de la administración nacional, concede autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, aprueba tratados, elige magistrados de algunas altas cortes como la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo que implica que los políticos eligen a algunos jueces después de todo tipo de negociaciones y componendas que surgen naturalmente de este modo de designación, cuando no hay nada más incompatible que la política y la justicia, aún la justicia constitucional que tiene la obligación de frenar al Poder. Elige al Contralor y al Procurador, el primero encargado de los procesos fiscales y el segundo de administrar justicia disciplinaria.

Esta estructura de poder tiene su propia dinámica en la práctica que desemboca en el clientelismo, la ineficiencia y la corrupción.

Son muchos los que denuncian el fenómeno pero pocos los que ofrecen fórmulas concretas de solución. La ciudadanía está hastiada y cansada de todo esto como lo demuestran las encuestas.

En el próximo artículo me ocuparé de lo que considero las medidas indispensables para quebrarle el lomo a la corrupción, que pasa por quebrarle el lomo al clientelismo.