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Opinión

  • | 2011/11/26 00:00

    En el congelador

    ¿A quién benefician todas esas tácticas dilatorias que tienen estancada esa investigación? Pues a esa mafia poderosa que saqueó la DNE, la cual hasta hoy sigue siendo intocable.

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¿Y qué ha pasado con la mafia todopoderosa e intimidante que saqueó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)? Que sigue ahí, campante, moviéndose como las serpientes, a ras de la tierra, sin que la Fiscalía haya podido exponerla.

Desde que el gobierno del presidente Santos, en octubre de 2010, destapó ese escándalo y se puso bajo el ojo del huracán la gestión de dos de los últimos directores de la DNE del gobierno Uribe, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, es muy poco lo que se ha avanzado.

Como se recordará, el escándalo fue denunciado por el propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, cuando el nuevo director de la DNE, Juan Carlos Restrepo, encontró serias evidencias de que los bienes incautados al narcotráfico habían sido prácticamente saqueados por una red de corrupción altamente sofisticada que aparentemente funcionaba como una mafia desde el interior del Estado; dicha mafia, según lo expresaron en su momento varios voceros del gobierno, tendría fuertes nexos con importantes caciques políticos -en su mayoría conservadores-, quienes presuntamente se habrían hecho al manejo de varios de esos bienes a través de testaferros. "La DNE es un fortín del hampa", fue la frase que acuñó en aquella ocasión el ministro Vargas Lleras.

Al mes, la entidad fue intervenida y una comisión de investigadores de la Dijín entró a sus oficinas con el fin de adelantar el acopio de pruebas que permitiera abrir los respectivos procesos penales.

La investigación empezó con grandes bríos en la Fiscalía, en octubre del año pasado. El fiscal encargado Mendoza Diago decidió enviar el caso a la Unaim, la unidad de delitos que tienen que ver con el narcotráfico, y bajo la batuta de la fiscal Ana Margarita Durán, se integró un grupo de investigación del más alto nivel y con los mejores hombres de la Policía colombiana, quienes a su vez contaron con el apoyo de la DEA. Todo parecía indicar que la investigación iba por buen camino.

Vino luego el cambio en la Fiscalía y en enero de ese año entró a comandar el ente acusador Viviane Morales. Una de las primeras decisiones que ella tomó fue la de sacar a la fiscal Ana Margarita Durán de la Unaim y nombrar en su reemplazo a Juan Carlos Acevedo. Esa decisión la sustentó con el poderoso argumento de que, a su llegada, había encontrado que la doctora Durán no había hecho bien su trabajo y que investigaciones como la de la DNE estaban prácticamente estancadas.

Desde entonces, el proceso, en vez de haber avanzado, se ha ido estancando aún más: hasta el momento no hay ningún funcionario capturado y los que han sido imputados se han logrado parapetar en una hábil estrategia dilatoria impulsada por sus abogados. A pesar de que en octubre pasado la Fiscalía finalmente anunció la imputación de cargos contra 11 funcionarios de la DNE, entre ellos, el exdirector de esa entidad Ómar Figueroa, la audiencia fue suspendida por un juez debido a que no pudieron poner de acuerdo a los 11 imputados para asistir a la cita. Y viendo cómo se mueven las cosas en este proceso, lo más probable es que nunca lo hagan. No se necesita ser muy suspicaz para advertir que lo que se busca es dilatar la investigación con el objetivo de que la justicia termine enredada entre sus propios incisos.

¿A quiénes benefician todas estas tácticas dilatorias que tienen trabada esta investigación? Pues a esa mafia poderosa que saqueó la DNE, la cual hoy sigue siendo intocable. Y si esta investigación no prospera en la Fiscalía, difícilmente lo puede hacer la que se les está adelantando en la Corte Suprema de Justicia a los políticos acusados de haber manejado esos bienes incautados a través de terceros. Si no se puede probar la existencia de una mafia que habría saqueado la DNE, a la justicia le queda aún mucho más difícil probar que en esa sociedad secreta también tenían su tajada los políticos.

Una justicia que no es oportuna y que camina al paso de la tortuga les sirve a las mafias enquistadas, como la que saqueó la DNE, para ganar tiempo porque por esa vía borran fácilmente su rastro. Pero también les sirve para encontrar nuevos aliados que les permitan seguir operando en la clandestinidad.

Ojalá la fiscal Viviane Morales salga de su mutismo en temas como estos y nos explique por qué esta investigación anda tan estancada.
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