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Opinión

  • | 2012/02/02 00:00

    En defensa del honor

    El fallo contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega es una flagrante injusticia que abre camino a todas las que siguen.

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El asalto a sangre y fuego al Palacio de Justicia a manos de la columna “Iván Marino Ospina” del M-19, es quizá una de las páginas más oscuras en la historia de los grupos terroristas en Colombia. Más allá de relatar lo que ya se conoce a través de los medios, vale la pena recordar aquellas motivaciones con que pretendieron, los extremistas, justificar la llamada operación “Antonio Nariño por los derechos del hombre”. Pero a la vez comprender, el impacto que provoca en la sociedad y sus Fuerzas Militares, un fallo marcado por claros intereses políticos.

En un pasquín publicado por el M-19¸ el 11 de noviembre de 1985, bajo el título “Oiga hermano” los guerrilleros expusieron, en cinco páginas, su versión de lo sucedido durante la toma del Palacio de Justicia. En uno de sus apartes titulado “El M-19 sí responde”, aducen algo que a todas luces es contradictorio “Nuestra defensa estaba organizada en base al enfrentamiento militar no a la toma de rehenes…”. ¿Acaso no sabían que habían perpetrado un violento secuestro contra quienes eran el símbolo de la justicia? ¿Serían tan ingenuos al pensar que esa toma de rehenes no generaría enfrentamientos que pondrían en riesgo la vida de los magistrados?

Estas inquietudes fueron resueltas por los organismos de seguridad de la época, quienes encontraron los planes originales de la infausta operación. En ellos los jefes insurgentes daban claras instrucciones sobre el proceder de cada miembro, con un detalle que presagiaba la violencia que encarnarían sus acciones. El plan ordenaba: “El segundo pelotón irá al asalto y control del tercero y cuarto pisos – decía el documento hallado en la casa con el número 8 – 42 de la calle 6ª sur - su misión es tomar los rehenes fundamentales - magistrados - que están allí. Para ello se aniquilará (sic) a las fuerzas enemigas y se concentrará a los primeros y segundos en las respectivas salas de sesiones”.

El conocimiento de este plan de guerra, deslegitimaría la mentirosa trama presentada días después, en un comunicado en el que endilgaban toda la culpa al establecimiento, vale decir a quienes actuaron cumpliendo con su deber. En ese texto aparecen como firmantes dos nombres que llaman la atención: Antonio Navarro por el mando central y Gustavo Petro por la dirección nacional.

Pero si hay una gran falacia en esta historia del horror, son los motivos “revolucionarios” que invocaron los guerrilleros para justificar la cruenta toma del palacio. En un aparte, inserto en el segundo punto del comunicado del 11 de noviembre, se refieren de manera casi altruista al propósito que tenían “Fuimos a la Corte Suprema de Justicia, en búsqueda de más amplios horizontes para el ejercicio de la democracia y con la decisión de abrir nuevos caminos a la posibilidad irrenunciable de lograr la paz mediante el diálogo…”.

Por fortuna se pudo conocer, tiempo después, lo que en verdad alentó la toma: una oscura alianza entre narcos y guerrilleros, puesta al descubierto por la Comisión de la Verdad sobre el holocausto del Palacio de Justicia. Ésta, en el informe publicado el 15 de noviembre 2006, concluyó que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín, en otras palabras la famosa operación por la democracia, fue sencillamente un mandado al narcotráfico. Un dato curioso lo confirma, pues precisamente el día de la toma la única Sala de la Corte que debía sesionar, como en efecto lo hizo, era la Constitucional que había sido citada para debatir la ley aprobatoria del tratado de extradición, algo que preocupaba en extremo a los narcotraficantes, en especial a Pablo Escobar quien fuera amigo de Iván Marino Ospina. Según John Jairo Velásquez, lugarteniente del capo, por ese trabajo los narcos entregaron al grupo terrorista, inicialmente, dos millones de dólares.

Este lamentable episodio que costó la vida a colombianos ilustres, pero además a personas igualmente valiosas que allí se encontraban, dio inicio a un largo proceso jurídico, en el que los militares han sido acusados por varios delitos, en especial el Coronel Alfonso Plazas Vega. Sin dejar de lado los demás implicados, quienes han soportado su propio calvario, el caso del Coronel se ha convertido en emblemático, no sólo por la férrea defensa que ha hecho de su inocencia, sino por haber sido el militar que, en su momento, apareció en medios de comunicación dando declaraciones.

Para entender un poco lo que ha sido este proceso vale la pena recordar que el 13 de noviembre de 1985, la Corte Suprema de Justicia creó un Tribunal Especial de Instrucción para adelantar una investigación sobre lo ocurrido. El mismo estaba conformado por dos magistrados, con apoyo de diez jueces especiales y más de treinta jueces auxiliares. El 31 de mayo de 1986 el Tribunal dio por terminadas sus labores, señalando como únicos responsables de los delitos cometidos a los miembros del M-19, haciendo además un elogio de la actuación de la fuerza pública.

En mayo de 1990 la Procuraduría estableció la falsedad de las acusaciones de un ex agente de policía, de apellido Gámez Mazuera, por lo cual se abstuvo de abrir investigación disciplinaria contra el Coronel Plazas y los demás acusados. Sin embargo, tras 22 años de ocurridos los hechos, la fiscal Ángela Buitrago vinculó al oficial como coautor de los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada agravada pues, según sostuvo, estaba relacionado con la presunta desaparición de algunas personas que habrían salido con vida del Palacio de Justicia.

En febrero de 2008, la fiscal Buitrago dictó resolución de acusación contra el Oficial, lo cual posteriormente derivaría en la sentencia de 30 años que profirió la juez María Stella Jara, atendiendo los argumentos de la representante del ente acusador. Ninguna de las funcionarias, allegó jamás una sola prueba que permitiera inferir la responsabilidad del Coronel Plazas quien, pese a la falta de evidencias, fue condenado.

Así las cosas el proceso llegó en 2010 al Tribunal Superior de Bogotá, donde tres magistrados de la Sala Penal completaron su estudio, para finalmente confirmar la sentencia. Un hecho que sin duda, ha desatado una gran polémica en la opinión pública pues se evidencia, claramente, una línea argumentativa más política que jurídica.

Tras la lectura del extenso documento, llaman la atención los argumentos esgrimidos por el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, en un salvamento de voto que ocupa algo más de 300 páginas. En estas aparecen diversos cuestionamientos que dejan en evidencia la precariedad de las acusaciones, y la ausencia de pruebas que señalen la responsabilidad del Coronel. Para Lara Acuña, la teoría de la estructura organizada de poder no funciona. Pero además destruye el rumor infundado acerca de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al palacio de justicia”, lo cual “no fue comprobado”, pero que finalmente “genera falsas expectativas”, apunta el jurista.

En otros apartes dice “…considero que la sentencia absolutoria es la decisión que ameritaba dictarse… por no encontrarse probado su compromiso penal a ningún título en la desaparición forzada… hicieron falta verdaderas pruebas, pues, no se encuentra una sola creíble … De acuerdo con este panorama, se imponía la absolución del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega y, por consiguiente, su libertad” . Continúa el magistrado su exposición de motivos “Se debe investigar a todos aquellos que han falseado hechos, han creado escenarios y los han recreado mal, pero han sido tenidos en cuenta en este proceso para cimentar la condena del procesado”. Ojalá con el tiempo y en manos de una justicia no politizada, se logre establecer quién o quiénes, y bajo qué intereses recrearon esta infamia.

Pero además el Tribunal, cuyo fallo hay que acatar aun si no se está de acuerdo, dispone que el Ministro de Defensa y los Altos mandos militares, pidan perdón públicamente. No imagina uno a estos funcionarios pidiendo perdón - de espaldas al Palacio Liévano - por la afrenta cometida contra la sociedad, algo que según la procuraduría “Desborda el principio de limitación que gobierna la decisión del tribunal penal, en tanto sanciona la institucionalidad Castrense, olvidando que el proceso en ciernes tuvo como único procesado al señor Coronel Plazas Vega”.

Sería absurdo ir en contra de las ceremonias de perdón y reconciliación, pues son parte fundamental en los procesos de resolución de conflictos. Pero esta en particular no responde a ese tipo de situaciones, por tanto exigir que se cumpla es someter a una innecesaria humillación a generales en actividad, quienes representan a miles de hombres que integran las Fuerzas Militares. Comandantes que han enfrentado por años a los terroristas, y se ven abocados al cumplimiento de una acción, con claro tinte político, que tendría imprevisibles consecuencias para la moral de combate, en medio de un conflicto que aun no termina. Pero además debe tenerse en cuenta el efecto sobre los ciudadanos, pues no es posible que el país olvide tanto hecho criminal cometido por quienes, en nombre de la revolución y bajo la amenaza de las armas, han sometido a los peores vejámenes al pueblo colombiano.

¿Por qué tal ensañamiento contra las Fuerzas Militares? Ese interrogante no solo se lo hacen los ciudadanos del común, sino también oficiales suboficiales y soldados, que se cuestionan sobre si ese esfuerzo que desarrollan a diario, enfrentando delincuentes y terroristas en medio de enormes entuertos jurídicos, será castigado en el futuro.

El sabio y coronel Francisco José de Caldas, en un discurso pronunciado en 1814, apuntaba “El honor militar es la primera virtud militar”, pero además hacía énfasis en que “El honor es el que arrostra todos los peligros, el que hace sufrir con alegría las vigilias, el hambre, la sed y todas las inclemencias…”. Razón tenía el inmolado prócer, pues no hay algo más duro de enfrentar para un Soldado que verse cuestionado en su honor, peor aún cuando la justicia, aquella que defiende a costa de su vida, le exige pedir perdón por algo que no ha cometido.

Ojalá no se abra la puerta a la injusticia en otros casos contra militares, pues si bien las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas, ellas no pueden convertirse en instrumento de venganza política. Hay que recordar con el debido respeto con quienes administran justicia, que para que esta funcione ha de ser ciega e impartirse sin discriminación, siendo condición esencial el que todos los colombianos, con o sin uniforme, puedan igualarse frente a ella.

*Miembro de la Academia de Historia Militar


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