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Opinión

  • | 2009/02/11 00:00

    En defensa de la seguridad humana

    Esta teoría es mucho más rica y compleja de lo que dijo el columnista de Semana.com, Román Ortiz, y por eso, la seguridad no es sólo tarea de las fuerzas armadas.

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En días recientes Semana.com publicó una interesante columna de Román Ortiz, coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Ideas para la Paz, en la que critica lo que él considera una moda en los estudios de seguridad en Colombia: la teoría de la seguridad humana.
 
Según Ortiz esta teoría se ha convertido en un artículo de fe dentro de círculos académicos, intelectuales y políticos, que adolece de graves defectos conceptuales y prácticos, los cuales entorpecen el diseño de estrategias efectivas para defender a los ciudadanos y que, por lo tanto, debe ser abandonada. Pero la postura de Ortiz incurre a su vez en notables imprecisiones que vale la pena debatir.

Ortiz afirma que la seguridad humana es un término difuso que se basa en una doble creencia: que el fortalecimiento del Estado se contradice con la protección de los ciudadanos y que los programas sociales pueden extinguir por sí mismos la criminalidad y la violencia, sin que el Estado deba insistir en el uso de la fuerza.
 
Ortiz considera que esta postura es equivocada al menos por dos razones: primero, porque busca el origen del problema donde no está y hace que se tomen decisiones de gasto público en la dirección equivocada; segundo, porque la seguridad es una condición previa y necesaria para generar desarrollo y prosperidad.
 
Así, un país con altos índices de violencia y criminalidad como Colombia debe invertir en el fortalecimiento del aparato estatal, particularmente su Fuerza Pública, en lugar de desperdiciar recursos en inversión social para combatir dichos problemas. Los actores armados ilegales suelen apropiarse de tales recursos, lo cual fortalece, en vez de debilitar, la dinámica de violencia y criminalidad.

Estos argumentos, aparentemente sólidos y realistas, presentan la idea de seguridad humana en su forma más débil y la deforman a un punto tal que resulta inevitable desecharla y apoyar posiciones como la de Ortiz. Esta maniobra retórica empobrece el debate en vez de enriquecerlo, pues para que una confrontación de ideas sea verdaderamente rica y constructiva, éstas deben ser presentadas bajo su mejor luz.
 
Así, hoy en día es difícil encontrar una teoría de seguridad que merezca ser tomada en serio, la cual sostenga que el fortalecimiento de los aparatos estatales de seguridad va en contravía de la protección de los ciudadanos. Lo que sí dicen las teorías serias de seguridad humana es que esto no es suficiente para acabar con la violencia y la criminalidad, como creen los defensores de las teorías de seguridad a secas.

Los ejemplos que demuestran esto son numerosos, no sólo en Colombia, sino en el mundo: Estados Unidos, la mayor potencia económica y militar, no ha sido capaz de derrotar a sus enemigos en la guerra contra el terrorismo, que ya cumplió siete años. Su estrategia ni siquiera ha dado muestras de estar funcionando: los Talibanes toman fuerza en Afganistán, mientras el país se hunde en la pobreza y el caos.
 
La guerra en Irak no parece haber traído mayor seguridad a los iraquíes; todo lo contrario, con la invasión estadounidense, Irak fue empujado a una guerra civil sangrienta, mientras los Estados Unidos planean una discreta retirada, ante la imposibilidad de derrotar militarmente a los terroristas.

Se podrá decir que en Colombia la Seguridad Democrática sí ha funcionado: los índices de homicidios y secuestros han disminuido como nunca antes, los paramilitares se desmovilizaron y la guerrilla se encuentra debilitada. Esto puede ser cierto, pero es una verdad a medias. Los índices de violencia se han reducido notablemente, pero siguen siendo muy altos según estándares internacionales.
 
La tasa de homicidios en Colombia en 2007, 37 por 100.000 habitantes, fue la décima más alta del mundo. Aunque por ahora resulta especulativo afirmarlo, es difícil creer que la Seguridad Democrática por sí sola llevará a Colombia a los índices de violencia de países tan variados como Estados Unidos (donde la tasa de homicidios es de 5.7 por 100.000 habitantes), Perú (5.54), Argentina (5.27), España (3.35), Suecia (2.39), Chile (1.9) o Noruega (0.78).

Estamos lejos de ello y la Seguridad Democrática probablemente pronto tocará techo en cuanto a su capacidad para reducir drásticamente la violencia y la criminalidad. Ejemplo de ello es el surgimiento de nuevas formas de narco-paramilitarismo en diversas partes del país (como las Águilas Negras); también el caso de la Comuna 13 de Medellín, donde el operativo militar que se realizó en 2002 con 1.200 miembros de la Fuerza Pública, la instalación de una base militar y de un comando de policía, no han sido suficientes para desterrar a milicias, paramilitares y delincuencia común, como prometió el gobierno. Al contrario, más de 60 líderes comunitarios denunciaron recientemente el aumento de la criminalidad en la Comuna.

La seguridad humana es mucho más rica y compleja de lo que Ortiz cree. Esta teoría sostiene que la seguridad de los ciudadanos no se reduce a su seguridad física frente a la violencia delincuencial; también incluye la seguridad en contra de la violencia que conlleva la falta de acceso a un empleo decente, a la salud, la educación, la vivienda; en fin, las condiciones mínimas que garantizan una vida digna.
 
En consecuencia, el fortalecimiento del Estado no debe limitarse al de su Fuerza Pública, sino al de todas sus instituciones, como las de justicia, educación y seguridad social.

El error más frecuente de los detractores de la teoría de la seguridad humana es suponer que el problema de seguridad plantea una disyuntiva ineludible: o un Estado que invierta en sus fuerzas armadas y demás aparatos de control, o uno que invierta en lo social. En un Estado social de derecho, como lo es Colombia, el Estado puede y debe destinar recursos y desarrollar políticas en ambos campos; el uno fortalece al otro, no lo debilita.

Después de seis años y medio de Seguridad Democrática y aumento de la inversión extranjera, los índices de homicidios y secuestro han mejorado notablemente, pero no los de pobreza, desigualdad y desarrollo humano.
 
El Estado colombiano pudo haber hecho mucho más para mejorarlos, pero no lo hizo; no porque le resultara imposible, sino porque no fue una prioridad gubernamental, lo cual se evidencia en la falta de políticas públicas que ataquen con decisión estos problemas. Y esta falla estatal no puede ser achacada al conflicto armado, el narcotráfico y los grupos ilegales.

Si la inversión del Estado en lo social no ha mejorado las vidas de quienes más lo necesitan, ello no se debe única, ni principalmente, a que se hayan despilfarrado recursos que fueron robados por los grupos al margen de la ley. Estos recursos se han desperdiciado en buena medida por la ineficiencia y mala gestión administrativa, por la falta de políticas serias y por la corrupción de una buena cantidad de funcionarios públicos y políticos, que medran con total impunidad. Así, el error no consiste en que se gaste en lo social, sino que se haga de manera insuficiente, negligente e irresponsable.

Todo lo anterior pone en evidencia el problema de fondo de posturas como la de Ortiz, tan desdeñosas de la seguridad humana. Y es creer que el origen de la violencia y la criminalidad se reducen a la debilidad de los aparatos de seguridad y control estatales.
 
Esto es parte del problema, pero no su única explicación. La exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades para una parte notable de la población son factores determinantes en el surgimiento y reproducción de la violencia y la criminalidad. Resulta ingenuo ignorarlo y creer que éstas serán derrotadas con un Estado más robusto, pero no más incluyente.




*Manuel Iturralde es profesor y miembro del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP).  El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.



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