En el lugar equivocado

Las actuaciones de altos funcionarios en cargos públicos se asemejan muchas veces a las de personajes en obras de teatro. Cada uno juega un papel determinado sobre el escenario y es fundamental que no asuman el papel del otro. Sus responsabilidades son precisas y ordenadas por sus competencias y bajo un guion establecido.

En ocasiones, son el malo de película; en otras, el héroe. El éxito de su gestión como en el de una obra, depende de que cumplan a cabalidad su libreto. Puede ser ingrato, pero para eso les pagan. En las últimas semanas, varios funcionarios han estado en la mira de la opinión pública precisamente por hacer su trabajo, o por no hacerlo.

El más reciente caso fue el del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ha sido acusado de ser insensible a las peticiones de alza de salarios de los maestros y que el jueves recibió fuego amigo del vicepresidente Germán Vargas Lleras porque no había asignado los recursos que se requerían para una carretera en la costa. Son críticas injustas. La responsabilidad de Cárdenas es garantizar la sostenibilidad fiscal de la Nación y por eso, el que hace bien la tarea en esa cartera, se gana el apodo de 'Doctor No'.

En igual situación se ha encontrado su colega de Defensa, Juan Carlos Pinzón. “Enemigo de la paz” es apenas el más suave de los epítetos que le lanzan a diario los que consideran que el Ministro debe silenciar sus declaraciones contra la guerrilla. No entienden que lo peor que le podría pasar al país es que el encargado de velar por la seguridad de los colombianos y de combatir a los grupos ilegales asumiera una postura diferente. Mientras las FARC sigan asesinando y el ELN volando las piernas de nuestro pobres soldados y civiles, Pinzón no puede dejar de cumplir su deber. Como representante civil de la fuerza pública, es su obligación garantizar que el punto de vista de sus hombres y mujeres sea escuchado.

Sería grave que no fuera así. El problema, sin embargo, es cuando los encargados de dirigir políticas nacionales asumen posturas personales que contravienen sus responsabilidades públicas. Para muchos, el procurador Alejandro Ordóñez es un ejemplo perfecto de esta salida de madre y citan como prueba su férrea oposición al aborto, al matrimonio gay y a las negociaciones en La Habana. Es cierto que históricamente la Procuraduría General ha sido una las instituciones más liberales del país y por eso las posiciones de Ordóñez chocan contra esa tradición. Uno puede estar o no de acuerdo con él, pero difícil concluir que no está cumpliendo su función constitucional de “proteger los derechos humanos y derechos colectivos”. Más aún cuando las encuestas demuestran que la mayoría de los colombianos comparten sus preocupaciones.

Donde sí se ha extralimitado el procurador es en temas como el glifosato, donde ha asumido posturas que les corresponden más bien al ministro de Defensa y al fiscal general, Eduardo Montealegre. No es el único campo donde Ordóñez parece más el fiscal y Montealegre, el procurador. Este último sí que se ha salido de libreto y asumido un papel que no le corresponde, en particular frente a las negociaciones de paz.

La labor de la Fiscalía General es, según el artículo 250 de la Constitución, “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”. En otras palabras, es el garrote del sistema judicial colombiano. Una figura que, en otros países, genera temor y respeto, quien aboga siempre por el más fuerte castigo. Ese es el papel que la sociedad le ha encomendado, que infortunadamente el actual fiscal no está desempeñando.

Debería ser el último en aceptar un acuerdo que les perdone a las FARC su prontuario criminal. Debería ser el primero en exigir que los responsables de crímenes de lesa humanidad paguen cárcel. Debería ser el más reticente en el levantamiento de órdenes de captura contra el Secretariado. Y no debería ser quien plantee la posibilidad de que 'Timochenko' asista al Congreso.

Ante un grupo criminal como las FARC –que han matado y secuestrado sin parpadear-, es un error ofrecerle dádivas sin contraprestaciones. Es posible que se termine aplicando una la justicia transicional blanda como resultado final de un acuerdo de paz. Y tal vez, es el único camino para que Colombia acabe este conflicto. Pero me sentiría más seguro con un fiscal general pregonando por mayores castigos y no izando una bandera blanca a esos delincuentes.