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Opinión

  • | 2003/09/15 00:00

    En el filo de la navaja

    El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ha sido enfático en que el proyecto de ley que pretende dar penas alternativas a quienes hayan cometido delitos atroces no será promotor de la impunidad, sino por el contrario una salida negociada al conflicto . Sin embargo la oposición ha sido notoria y las críticas a la iniciativa gubernamental argumentan lo contrario. Lea un análisis del alto funcionario al respecto.

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Por la reconciliación







En el empeño por recuperar la seguridad democrática para garantizar los derechos humanos, el pluralismo político y la reactivación económica, el Estado puede acudir al uso legítimo de la fuerza o a la negociación política. No se trata de alternativas excluyentes, sino complementarias. Es por ello que este gobierno, profundamente comprometido con la restauración del orden público, nunca ha abandonado la posibilidad de una salida negociada. Mas aún, ese es el horizonte que buscamos y anhelamos, puesto que implica un menor costo para el país, tanto en vidas humanas como en recursos.

El proyecto de ley, que busca facilitar la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera eficaz a la consecución de la paz nacional, ofrece alternativas que, consultando los intereses de la justicia, allanen caminos hacia la reconciliación.

Tradicionalmente en Colombia se ha recurrido, después de una negociación, a las figuras de amnistía e indulto. En el mundo contemporáneo esas medidas de perdón y olvido son incompatibles con los derechos de las víctimas a un recurso efectivo para asegurar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. No podemos soslayar el hecho de que, en el marco de procesos de paz exitosos, los líderes de esas organizaciones al margen de la ley fueron indultados o amnistiados aun cuando en su condición de comandantes eran responsables de crímenes atroces. Al aplicar estas medidas no se tuvieron en cuenta los derechos de las víctimas.

A diferencia de esos instrumentos que se han usado en el pasado, hemos presentado un proyecto de ley concebido desde los ejes de Verdad, Justicia y Reparación. No es de perdón y olvido, sino de investigación, reparación a las víctimas y alternatividad penal. De lo que se trata aquí es de fortalecer la función del juez, puesto que para acceder a los beneficios es necesario que mediante condena ejecutoriada se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictuosos, así como la responsabilidad penal de sus perpetradores.

El beneficio que se les otorgaría es la suspensión de la pena, condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones que el condenado debe asumir: cese de hostilidades -a menos que se trate de entrega individual-; dejación de las armas; compromiso expreso de no regresar a las filas ni cometer en adelante delito doloso; cumplimiento de una pena alternativa a la prisión; y realización de actos de reparación a las víctimas. El cumplimiento de estas obligaciones está sujeto a verificación por parte del juez de penas y la Comisión de Verificación. Su inobservancia da lugar a la revocatoria del beneficio y a hacer efectiva la pena privativa de la libertad.

Creemos que lo importante en el caso de miembros de grupos armados que contribuyan eficazmente con la consecución de la paz nacional, es que asuman su responsabilidad ante las víctimas y ajusten su comportamiento a las normas de la convivencia pacífica y a los principios de la democracia.

La importancia de la reparación a las víctimas no ha sido suficientemente valorada en este debate democrático. Quiero enfatizar en que éste es su eje central y que los mecanismos de reparación consagrados en el proyecto no sustituyen las normas ordinarias, sino que son adicionales. Por tanto, no afectan la posibilidad de que las víctimas se constituyan en parte civil dentro del proceso penal.

Finalmente, como bien ha dicho el señor Presidente, el gobierno no es dogmático y está abierto al debate. Por ello ha presentado la ley como estatutaria, de manera que en su discusión y aprobación intervengan los tres poderes: el Ejecutivo que presenta el proyecto; el Legislativo, responsable de su aprobación; y la Rama Judicial, que en cabeza de la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre su exequibilidad. Creemos que la sociedad colombiana y sus instituciones están en la mejor disposición de contribuir en la búsqueda del mejor instrumento para consolidar la paz nacional.

*Alto Comisionado para la Paz
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